Venezuela vive un hermetismo en el acceso a información oficial sobre indicadores económicos, sociales y sanitarios, lo que expertos describen como una opacidad que impide conocer y analizar la magnitud de la crisis de los últimos años y las necesidades del país, además de perjudicar su imagen ante instituciones e inversionistas extranjeros.
De momento, el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado en su página web información sobre el comportamiento económico de todo 2022, ni ha precisado el dato revelado este año por el mandatario Nicolás Maduro sobre un crecimiento «por encima» del 15 %.
Además, los documentos con las estadísticas del producto interno bruto (PIB) no están actualizados desde el primer trimestre de 2019, un año antes del parón económico causado por la pandemia de la covid-19.
El economista Ronald Balza dijo a EFE que el Gobierno «dejó de publicar cifras regularmente en 2014», e incluso el BCV «retiró cifras que ya estaban disponibles con un grado de detalle altísimo», mientras que otras «fueron completamente descontinuadas», entre las que mencionó el índice de remuneraciones de trabajadores en distintos sectores, sin actualizarse desde hace una década.
Los archivos del Banco Central sobre balanza de pagos, exportaciones, importaciones, inversión y deuda externa tampoco se actualizan desde el primer trimestre de 2019.
Retrasos e imprecisiones
Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló que, pese a la falta de muchas cifras, «algunas han ido apareciendo» en los últimos años, pero con una periodicidad «no siempre predecible» y de «modo incompleto».
Los reportes del BCV sobre la inflación, por ejemplo, no suelen ser periódicos, como pasó este mes de octubre, cuando publicaron, el mismo día, las cifras correspondientes a septiembre y agosto.
Además, algunas informaciones que difunde el Gobierno tampoco están completamente precisadas, como la revelada en septiembre por el presidente Nicolás Maduro sobre que el país mantiene una senda de crecimiento económico «continuo de ocho trimestres», sin detallar los porcentajes de aumento.
A juicio del economista, esta situación «distorsiona la comprensión de muchos problemas» en el país y dificulta la discusión, por ejemplo, de asuntos como los incrementos salariales.
Además, puede afectar a la búsqueda de inversión internacional y la creación de alianzas con empresas foráneas, que necesitan «estar en un país donde haya rendición de cuentas».
Ante este hermetismo, un grupo de economistas y exdiputados opositores crearon, en 2020, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), con el objetivo de «publicar cifras que el Banco Central omite o deja de publicar» y de «mejorar la capacidad analítica» de los ciudadanos, dijo a EFE el exlegislador antichavista José Guerra, miembro de este ente autónomo.
Explicó que la falta y el retraso en la publicación de cifras «dificulta la toma de decisiones de políticas públicas, crea incertidumbre y deja a Venezuela fuera de muchas instituciones internacionales».
Indicadores sociales
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su página web, no actualiza cifras sobre natalidad ni mortalidad, incluyendo por suicidio, desde 2012; sobre la canasta alimentaria, desde 2014; sobre consumo de alimentos, desde 2015; sobre educación y empleo y desempleo, desde 2018; y sobre pobreza (por necesidades básicas insatisfechas), desde 2019.
En este caso, señaló Balza, «si no hubiera sido» por la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la UCAB, «no habría información aproximada sobre ninguna de las variables sociales», entre ellas la pobreza extrema, que bajó del 68 al 53,3 %.
En el caso de la salud, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), Patricia Valenzuela, dijo a EFE que el Gobierno «no publica» el boletín epidemiológico, por lo que se desconocen cifras sobre, por ejemplo, «casos febriles, enfermedad diarreica, infección respiratoria aguda, infección tipo influenza, meningitis, sarampión, difteria, dengue, fiebre amarilla rural y urbana».
Estos números, cuando estaban disponibles, permitían «establecer vigilancia en zonas afectadas, optimizar diagnóstico, establecer un cerco epidemiológico si correspondía y cuidar y apoyar a las comunidades».
