El proceso de venta compensaría a algunos de las docenas de acreedores que han acudido en masa a los tribunales estadounidenses para cobrar miles de millones de dólares por expropiaciones de activos e incumplimientos de deuda por parte de Venezuela.
Un juez federal en el estado de Delaware fijó para el 22 de enero una primera ronda de ofertas por las acciones de la empresa matriz del refinador de petróleo propiedad de Venezuela Citgo Petroleum, de acuerdo con un documento judicial
El proceso de venta, que será iniciado el 23 de octubre por el juez estadounidense Leonard Stark y que se espera que dure alrededor de un año, compensaría a algunos de las docenas de acreedores que han acudido en masa a los tribunales estadounidenses para cobrar miles de millones de dólares por expropiaciones de activos e incumplimientos de deuda por parte de Venezuela.
Diez días antes de la primera ronda, el tribunal dará luz verde a una lista inicial de empresas que podrán participar tras obtener órdenes de embargo. La subasta es por acciones de PDV Holding, cuyo único activo es Citgo.
Las empresas que han recurrido a los tribunales de Delaware para que se hagan cumplir demandas y laudos arbitrales contra Venezuela están tratando colectivamente de recuperar unos US$ 23.000 millones, aproximadamente el doble del valor de mercado de Citgo.
Un grupo de negociadores designados por una junta que controla al refinador desde que rompió sus vínculos con su casa matriz PDVSA, con sede en Caracas, están tratando por separado de llegar a acuerdos de pago con algunos acreedores para reducir el alcance de la subasta.
Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.
La ronda final de ofertas fue fijada para el 20 de mayo. Los acreedores tendrán hasta el 11 de abril para que sus órdenes de embargo finalmente sean autorizados para participar en el proceso de venta.
PAGOS INTERRUMPIDOS
Este no ha sido el único movimiento de la justicia estadounidense contra Venezuela esta semana.
EL miércoles, los tenedores de deuda en mora emitida por Venezuela y su compañía petrolera estatal dijeron que presentaron dos presentaciones en Nueva York el miércoles para validar un acuerdo de agosto diseñado para «interrumpir» o pausar el plazo de prescripción de las reclamaciones.
Venezuela incumplió el pago de aproximadamente US$ 60 mil millones en bonos internacionales en 2017. Su deuda fue emitida bajo la ley de Nueva York, que efectivamente otorga a los tenedores seis años para demandar al país en caso de incumplimiento.
En agosto, los tenedores de bonos dijeron que respaldaban una oferta de la Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, para retrasar el plazo legal.
En un comunicado emitido durante la noche, el Comité de Acreedores de Venezuela dijo que había presentado un reclamo por la deuda junto con otros acreedores y en coordinación con el Comité de Protección de Activos (APC) y la junta administrativa ad hoc de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
Luego pidieron al tribunal que pusiera fin a esos procedimientos manteniendo intactos los derechos de los acreedores a demandar hasta finales de 2028.
«Estas presentaciones buscan garantizar la aplicabilidad del anuncio realizado en agosto de este año… cambiando el plazo de prescripción y los períodos de prescripción aplicables a los Bonos y las acciones de ejecución relacionadas hasta el 31 de diciembre de 2028», dijo el Comité de Acreedores de Venezuela en un comunicado. declaración enviada por correo electrónico.
«A falta de esta solución cooperativa alcanzada en coordinación con la APC y la Junta Ad Hoc, las obligaciones fiduciarias de los tenedores de bonos pueden haber requerido el inicio de un litigio directo extenso y costoso contra Venezuela y PDVSA».
Fondos internacionales como Fidelity, T. Rowe Price, Mangart Capital Advisors, Greylock Capital Management y GMO forman parte desde hace mucho tiempo del comité de acreedores.
