La jueza aliada de Evo Morales, Rosmery Pabón, cortó la declaración de Camacho en la audiencia de apelación y el TDJ rechazó su pedido de libertad.
La dictadura en Bolivia continúa en todo su esplendor. Este jueves, se le negó la libertad condicional al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrestado ilegalmente por el régimen de Luis Arce y Evo Morales el mes pasado.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) rechazó el pedido de apelación luego de que Camacho se negara a jurar lealtad al régimen socialista. En la audiencia, aseguró que está preso “porque formó parte de la lucha histórica del pueblo contra el fraude cometido por Evo Morales en 2019”.
“Han utilizado en varias ocasiones el argumento que como gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas, esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, dijo Camacho.
El gobernador cruceño expresó preocupación por su derecho a la defensa y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le hicieron evadió la convocatoria, recalcando que jamás interfirió en las investigaciones, las dos causales que justificarían su arresto.
“En ningún momento intenté querer salirme del país, dos semanas antes de mi aprehensión muchos diputados denunciaron que ya venía este caso y tampoco huí, ese tampoco es mi ser. Aclarar en qué forma dicen que puedo influir como gobernador, en estos casi dos años que digan en qué influí”, agregó.
Cabe aclarar que además Camacho fue arrestado en plenas funciones como gobernador, tras ser electo en el Departamento de Santa Cruz por una amplia mayoría. El arresto de gobernadores va en contra de la ley, ya que cuentas con fueros políticos que impiden su detención mientras está en el cargo.
Fueron escasos minutos los que se le permitió hablar libremente al actual mandatario del Departamento cruceño, debido a que la jueza Rosmery Pabón le cortó la palabra y le pidió que sea “más concreto” en sus declaraciones.
“Estoy tratando de ser lo más objetivo, trataré de resumir para que usted no se moleste. Voy a esperar, no puedo expresarme como quisiera, pero espero que hoy su autoridad sea la excepción de la justicia, para que todos sepan que todavía hay autoridades que hacen justicia”, dijo Camacho con la preocupación reflejada en su rostro por el momento que está atravesando.
La administradora de justicia volvió a cortarlo, esta vez definitivamente, tras reafirmar que “únicamente se concedió la palabra en vía informativa, por eso se recomendó que sea concreto, su defensa argumentó los agravios”.
Camacho está imputado por haber organizado las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin embargo, juristas aseguran que si bien es irrefutable el rol que tuvo el ahora gobernador incitando las protestas luego de que estallara el escándalo de fraude electoral, no existe ningún delito en Bolivia que prohíba liderar manifestaciones pacíficas.
Evo Morales renunció a su cargo luego de que el Tribunal Electoral admitiera que fue coercionado por el entonces presidente para cambiar los resultados de la elección general para evitar un ballotage con Carlos Mesa, y que las Fuerzas Armadas digan públicamente que no seguirían las órdenes de reprimir las protestas.
Tras el desastroso gobierno de Jeanine Añez, quien asumió de manera constitucional tras el cobarde exilio de Morales, los socialistas regresaron al poder en las elecciones de de 2020, y rápidamente instalaron un régimen vengativo para suprimir completamente la oposición, en una movida calcada a la de Daniel Ortega en Nicaragua, quien también regresó al poder de manera democrática pero aprovechó el Ejecutivo para instalar una dictadura.
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