El Departamento de Estado norteamericano dio la orden de arrestar a Maduro si visita un país alineado a la Interpol, pero el Gobierno kirchnerista intercederá para evitar su detención.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio la orden interna de no arrestar ni a Nicolás Maduro ni a ninguno de sus funcionarios que visitarán Buenos Aires el 23 de enero con motivo de la cumbrea de la CELAC.
La decisión, aunque intuitiva pues el propio presidente argentino envió la invitación formal al dictador venezolano, resulta extremadamente irregular, ya que sobre la cabeza de Maduro pesa un pedido de captura internacional de US$ 15 millones de dólares.
La Policía Federal Argentina (PFA), quien recibirá el itinerario de la delegación chavista y deberá velar por su seguridad, es parte de la red Interpol, y tiene la obligación de arrestarlo si está dentro de sus posibilidades.
El pedido de captura fue efectuado por el Departamento de Justicia norteamericano mantiene vigente la recompensa ofrecida desde 2020 por información que lleve a la captura de Maduro, acusado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York de cargos de narcoterrorismo, tráfico ilegal de armas, y conspiración para enviar drogas a Estados Unidos.
Esa orden de captura, ordenada durante el gobierno del republicano Donald Trump, mantuvo a Maduro alejado de la escena internacional y desde entonces se aseguró de participar solamente en foros donde tuviera asegurada su seguridad e impunidad, algo que Argentina no parecía dar hasta ahora.
Maduro es señalado por la justicia norteamericana de ser la cabecilla del infame Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico compuesta por funcionarios y militares venezolanos de alto rango, vinculada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la acusación, Maduro es responsable de cientos de negociaciones para enviar a Estados Unidos los cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC a través de su cargo de jefe narco del Cartel de los Soles. Además, es acusado de proporcionar armas a este grupo guerrillero y coordinar las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala.
Una investigación de varios años realizada por la fundación InSight Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer en 2018, encontró a 123 personas relacionadas con el Cártel de los Soles, de las cuales identificó a sus líderes que incluye a Diosdado Cabello, número dos de la dictadura chavista; Cilia Flores, esposa de Maduro, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos más están involucrados con la organización narco; Tareck El Aissami, actual ministro de Petroleo del régimen; el mayor general Néstor Reverol, actual ministro de Energía Eléctrica; Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y de Justicia del régimen chavista, y Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo y ex jefe del Comando Estratégico del Ejército de Hugo Chávez.
Tal como ocurrió con el chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, Nicolás Maduro debería ser detenido inmediatamente al llegar a la Argentina, según el protocolo de respuesta a un pedido de captural internacional al que adhiere la Policía Federal. La fuerza de seguridad podría incurrir en severas multas por no ejercer sus funciones.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia ante la justicia federal esta semana no solo por el ingreso al país que hará el dictador Nicolás Maduro; si no también por la presencia de los dictadores de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, también acusados de múltiples violaciones a los derechos humanos y narcotráfico.
La presentación legal de esta fundación fue hecha ante el fuero penal federal de Comodoro Py. Entre los argumentos, destacaron el sinfín de políticos, periodistas, empresarios y civiles en general que han sido arrestados por hablar en contra del régimen, además de los múltiples casos de torturas y asesinatos de opositores en manos de las fuerzas chavistas.
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