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Hugo Carvajal dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero

  • Durante su comparecencia mencionó a Moratinos, cuyo ministerio auspició grandes contratos con Venezuela
  • Apuntó a Monedero y aseguró que se benefició de acuerdos por servicios ficticios con Pdvsa7

El otrora máximo responsable de Inteligencia con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el general Hugo Armando Carvajal, se encuentra en una carrera contra el reloj para intentar abortar su extradición a EE.UU., que ya tiene todas las venias de la Audiencia Nacional y el visto bueno del Gobierno. En ese contexto, pidió declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la semana pasada sobre asuntos de terrorismo internacional que pudieran ser de interés para la Justicia española, pero no solo: dejó dos acusaciones graves que aún no ha acreditado y que conciernen a los dos partidos que sustentan el Gobierno de España, responsable último de la entrega.

Según las distintas fuentes conocedoras consultadas

por este diario, en su exposición dejó caer que tenía conocimiento de cuanto rodeó las relaciones entre España y Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, en ese sentido, que conocía y podía acreditar que hubo irregularidades en la fase en la que Miguel Ángel Moratinos, al que mencionó por su apellido, fue ministro de Exteriores.

No es una etapa cualquiera. El ahora alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones fue ministro entre 2004 y 2010, los años de los grandes contratos de empresas españolas con Venezuela. Desde la venta en 2005 de ocho fragatas españolas por 1.245 millones de euros, que se ha estado investigando durante una década hasta concluir que hubo comisiones pero las pagaron arcas venezolanas; hasta la adjudicación a Duro Felguera por 2.000 millones de dólares de una central térmica que sigue por lo mismo bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

En medio, la crisis del célebre «¿Por qué no te callas?» que lanzó Don Juan Carlos, todavía Rey de España, a Hugo Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de 2007 y que, una vez reconducida Exteriores mediante, se acabó saldando con grandes contratos a empresas españolas. Es también la fase del embajador político Raúl Morodo, imputado, como su mujer, su hijo y su nuera, entre otros, por un presunto desfalco a Pdvsa mediante falsos contratos de asesoría que habrían arrancado al poco de cesar él en el cargo. Morodo, no obstante, no salió a relucir en la declaración del Pollo.

De acuerdo a las fuentes del entorno de Carvajal consultadas por este diario, de la parte que más podría aportar sería la relativa a toda la compraventa de armas, incluido aquel negocio con las fragatas de construcción española. En aquel momento, el ministro de Defensa era José Bono y la causa por los 43 millones que se fueron en comisiones, recientemente archivada, nunca le salpicó.

Podemos, en el punto de mira

No obstante, las mismas fuentes apuntan que Carvajal tenía ojos en todas partes y que cuando decidió abandonar Venezuela se cuidó de tener a buen recaudo documentación que en otros lugares pudiese abrirle puertas. En este sentido, durante su comparecencia se refirió específicamente al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y dijo que había estado facturando a la petrolera estatal venezolana por servicios inexistentes. De acuerdo a las distintas fuentes consultadas por ABC, de palabra dio un cálculo a ojo del dinero que podría haber ganado de ese modo, una horquilla que empezaría en 100.000 o 200.000 dólares y que no podía precisar, como tampoco el número de contratos o las fechas. De esto, como de las supuestas irregularidades en los negocios del Gobierno de Zapatero con Venezuela de los que dice ser conocedor, tendría prueba documental o es lo que avanzó al juez.

La compraventa de armas, incluido el contrato para la construcción de fragatas podría ser la parte donde más información aportase

Ahora es el momento de que esos papeles afloren, pues de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, su testimonio goza de «fiabilidad», perono es ni mucho menos suficiente ya no sólo para abrir o reabrir investigaciones penales, sino para otorgarle algún tipo de condición, ya sea la de testigo protegido, ya sea la de imputado si se incrimina. Es decir, suficiente como para pedir al tribunal que posponga su entrega a EE.UU.

Contra el reloj

Y siguen pasando los días. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario inciden en que el margen para que aporte los documentos que dice tener no irá más allá de mediados de octubre y, si para entonces no ha presentado nada de relevancia judicial suficiente, las diligencias incoadas para recibir su declaración tendrán los días contados. O lo que es lo mismo, su única baza para intentar quedarse en España se habrá extinguido, pese al órdago por partida doble que ha lanzado por cuenta de su paso ante el juez.

Las fuentes de su entorno consultadas por este diario inciden en que no es fácil recuperar esa información y menos, estando en prisión provisional, pero existe el compromiso firme de poner papeles a disposición del juez porque lo que subyace en el fondo, es la convicción de que le va la extradición en ello. Cabe recordar, que para Carvajal todo el proceso de reclamación iniciado por Estados Unidos, que le reclama por narcotráfico en el contexto del Cártel de los Soles es una invención para poder llevarle a su territorio y bajo coacciones, conseguir información del régimen de Maduro.

El asilo, poco favorable

Ese margen de ‘paciencia’ tiene que ver con los plazos de tramitación de los recursos contra la desestimación de la solicitud de asilo que Carvajal presentó en 2019 y de la que no había tenido constancia hasta este mes. Fuentes de su defensa informaron de que recurrirán en reposición, si bien al cierre de esta edición no constaba formalmente que ya lo hubiesen hecho.

Cuentan con un plazo de un mes desde la notificación que recibieron el 12 de septiembre. Una vez entre el recurso, los trámites son ágiles y en cuestión de un mes más, podría quedar resuelto. Queda la opción de acudir al contencioso, para lo que el plazo es de dos meses desde la notificación. Si se trata de ganar tiempo en España, podrían apurar hasta el último día. Y luego, lo que tarde en resolverse. El tribunal que lleva la extradición ya dejó por escrito el lunes que a la entrega sólo le falta que sea firme la negativa de darle asilo.

EE.UU. le reclama por narcotráfico; Carvajal intenta evitar la extradición, pero tiene muy pocas posibilidades

La previsión no es halagüeña para él. Primero, porque sería extraño que la Administración le concediese protección frente a EE.UU., cuando el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sentenció que se le podía entregar a sus autoridades, es decir, que allí no se vulnerarían sus derechos fundamentales. Y en segundo lugar, porque de acuerdo a los extranjeristas preguntados por ABC es muy excepcional que se conceda asilo respecto de un país que ni es el propio, ni es el último del que se procede y más si es su sistema judicial el que le reclama. Hay casos, por descontado, pero son extremos:Una persona homosexual que huye por persecución de su país de origen y acaba en otro donde también se penaliza su condición y al que de igual modo, no puede regresar. Ese sería un caso tipo. El de Carvajal, de acuerdo a las fuentes consultadas, no. Podrían no obstante, reconsiderar la desestimación para blindarle sólo respecto de Venezuela, condición que no obstaría para su entrega a EE.UU.

La Justicia venezolana, de hecho, acordó el 21 de septiembre pedir a España su extradición, según anunció en la televisión estatal el fiscal general Tarek Saab. Dan un primer paso en el proceso con la petición, pero frente a su reclamación está la de EE.UU., ya tramitada y aprobada, a falta de saber si lo del Pollo y la colaboración con la justicia es un órdago que sólo busca ejercer presión sobre los supuestos perjudicados por sus revelaciones o si, realmente, debe seguir a disposición de la Audiencia Nacional porque de él depende el esclarecimiento de asuntos de gravedad y relevancia penal. La clave estará en lo que aporte, si lo aporta, y luego en lo que decidan primero, el juez, y luego, el tribunal.

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