El mandatario de la izquierda brasileña propone eliminar el congelamiento del gasto público dispuesto desde 2016, e impondrá una nueva regla que ata al crecimiento de las erogaciones al 70% del crecimiento de los ingresos.
Una de las principales promesas de campaña del ahora presidente Lula da Silva fue la eliminación del techo impuesto sobre el gasto público, una regla fiscal fundamental para asegurar un cierto equilibrio en el stock de deuda pública y que había sido introducida en el sistema por el expresidente Michel Temer.
Lula pretendía simplemente anular completamente las reglas fiscales en Brasil, tal y como se hizo en Venezuela o Argentina, pero carencia de mayorías parlamentarias llevaron al oficialismo a buscar algún tipo de atenuante.
Es así que el ministro de Economía, el abogado Fernando Haddad, le propuso al Congreso una nueva regla fiscal: el gasto público tendrá un tope de crecimiento equivalente al 70% de lo que aumente la recaudación impositiva federal.
Esta nueva regla fiscal propuesta establece una pauta de crecimiento del gasto limitada a los ingresos, pero la recaudación no está atada a ningún tipo de restricción. En otras palabras, siempre y cuando el Gobierno encuentre la posibilidad de aumentar impuestos a discreción de acuerdo a su agenda, los gastos tendrán vía libre para crecer indefinidamente.
Al mismo tiempo, Haddad propuso que el tope venga con un piso, y es así que establece un mínimo de gasto público que deberá estar siempre en el Presupuesto, lo cual evitaría que futuros gobiernos hagan ajustes como los llevados a cabo por Temer y Bolsonaro en sus respectivos mandatos.
Según el ministro de izquierda, el “piso de gasto público” evitará que se desarmen los masivos programas sociales que Lula busca volver a implementar, después de que fueron reemplazados por Bolsonaro con el plan social único Auxilio Brasil, que no pasa por las manos de los sindicatos.
La nueva regla fiscal reemplazaría las que ya están vigentes, concretamente el techo de gastos de Temer de 2016 (reformulado de la regla fiscal sobre el presupuesto sancionada en 1998), y las normas de crecimiento para el gasto público dispuestas desde el año 2000. El nuevo marco normativo del sector público amenaza con aumentar drásticamente la presión tributaria, deteriorando la competitividad de Brasil frente al mundo y erosionando la tasa de crecimiento económico de largo plazo.
Muchos economistas consideran que la nueva regla fiscal es simplemente la manera que encontró el gobierno socialista de Lula para financiar su agenda política, sin amenazar de manera extraordinaria al déficit fiscal pero dando rienda libre al aumento de la presión fiscal sobre empresas, flujos de ingresos, patrimonios, exportaciones, etc. La nueva regla ha sido llamada como “calabozo fiscal” en Brasil, ya que no puede subir tanto pero tampoco puede bajar de cierto nivel.
Este nuevo marco fiscal disparará el nivel permitido de aumento en las erogaciones, que por la misma propuesta de reforma tributaria del Presidente tiene perspectivas al alza en vista a los próximos años.
Cabe aclarar que para el período fiscal 2023 no correrá ninguna regla y Lula podrá firmar las erogaciones que desee. El gobierno del PT ha dispuesto una “emergencia social y alimenticia” en Brasil y el Congreso le habilitó, de manera extraordinaria este año, romper el techo fiscal vigente.
En particular, el superávit fiscal heredado de la administración de Jair Bolsonaro será completamente eliminado, mientras el ministro Haddad estima alcanzar un déficit del 0,5% del PBI para diciembre. Las proyecciones del FMI son menos optimistas, y sugieren que el déficit primario se situará por encima del 0,8% del producto en 2023.
De conformarse la aplicación de la nueva regla fiscal, el Gobierno socialista promete llevar al equilibrio primario para el año 2024, un superávit del 0,5% del PBI en 2025 y hasta un 1% en el año 2026, varios puntos por debajo de lo proyectado con la anterior regla fiscal por el gobierno de Bolsonaro.
Las metas de Lula tienen un margen de tolerancia de 0,25 puntos del producto, y son abiertamente insuficientes para estabilizar el stock de la deuda pública. Solamente por el pago de los intereses de deuda, el Gobierno federal debe afrontar pagos de más del 5% del PBI.
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