Se trata de una normativa que pretendía derogar las cláusulas de inversión ESG en administradores privados de fondos de pensiones. El Presidente emitió el primer veto de su administración, y asegura estar dispuesto a derogar nuevas iniciativas de la oposición.
Valiéndose de la mayoría retenida en ambas cámaras legislativas, el ala dura y más derechista del Partido Republicano logró los consensos necesarios para la derogación de las reglas de inversión ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) para administradoras privadas de fondos de pensiones.
La derogación contó con el apoyo unánime de la oposición republicana, así como el de dos senadores del ala conservadora del Partido Demócrata, Joe Manchin de West Virginia y Jon Tester por el Estado de Montana, que permitieron que la ley sea aprobada en el Senado.
El presidente Joe Biden rápidamente vetó la ley, y anticipó que está dispuesto a disponer de nuevos vetos para hacer frente a la mayoría republicana en el Congreso. Se trata del primer uso de esta herramienta en lo que va de su administración.
“Está claro que el presidente Biden quiere que Wall Street use el dinero que tanto le costó ganar no para hacer crecer sus ahorros, sino para financiar una agenda política de extrema izquierda. Eso perjudicará a las personas mayores y a los trabajadores, especialmente después de que el gasto imprudente del presidente Biden causó una inflación récord y subidas rápidas de tipos de interés”, anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
La principal objeción que presentaron los republicanos para lanzar la derogación de la regla es el hecho de priorizar inversiones en una agenda socialista por sobre la captación de rendimientos para favorecer retornos a los afiliados del sistema.
A tales efectos, la nueva normativa legal que pretendían aprobar los republicanos prohibía expresamente el destino de la inversión privada para cuestiones de cambio climático, factores ambientales y sociales, entre muchos otros. La inversión de las administradoras de fondos de pensiones se concentraría exclusivamente en maximizar rendimientos para los ahorros de sus clientes.
Los demócratas tildaron a la prohibición como una iniciativa “en contra del libre mercado”, y aseguran que si bien las reglas ESG condicionan la inversión bajo ciertos parámetros, las empresas no se encuentran obligadas directamente a ejercer este tipo de inversiones si no desean hacerlo.
Pero si bien es cierto que las normativas no incluían ni incluyen una inversión obligatoria sobre sectores específicos, lo cierto es que la intervención del Gobierno (y más aceleradamente en administraciones demócratas) distorsiona deliberadamente los incentivos de inversión para favorecer destinos que, en un contexto de libre mercado, no se hubieran elegido voluntariamente.
En este sentido, las regulaciones sobre la industria energética, los impuestos a los combustibles y los subsidios ecologistas previstos en la “Ley de reducción de la inflación”, entre muchas otras iniciativas, funcionan efectivamente como verdaderos condicionantes de la inversión privada. En este sentido, el proyecto de los republicanos pretendía anular virtualmente el efecto distorsivo de estos incentivos artificiales sobre la iniciativa privada.
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