El régimen de Maduro anunció medidas de emergencia ante la violenta escalada de los precios y el fracaso de los sucesivos programas de estabilización. Muy lejos de terminarse, el proceso inflacionario venezolano sigue erosionando a la actividad económica.
El programa de reconversión y estabilización económica lanzado por el dictador Nicolás Maduro encontró nuevamente el fracaso, del mismo modo en que terminaron los planes predecesores. La inflación mensual de Venezuela rebotó violentamente y alcanzó el 37,2% solamente en el mes de diciembre.
Los precios ya habían aumentado un 21,9% y hasta un 14,5% en octubre, según las estadísticas provistas por la Asamblea Nacional (un organismo independiente a la dictadura). El Banco Central de Venezuela fue intervenido: dejó de publicar estadísticas oficiales acerca de la inflación desde noviembre y hasta previo aviso.
La inflación interanual escaló hasta el 305,7% en diciembre de 2022, lo que representa un fuerte aumento en comparación al 139% observado en el acumulado de 12 meses correspondiente a julio. El plan de estabilización fracasó, los precios volvieron a incrementar su ritmo de aumento y la meta por la generación de una moneda estable propia volvió a quedar en el olvido.
En respuesta al nuevo fracaso, el régimen socialista anunció la vuelta de los controles de precios sobre más de 40 productos de consumo masivo. El Gobierno insiste en que las medidas apuntan a “combatir la especulación y la inflación” pero lo cierto es que sólo amenazan con generar otro violento episodio de desabastecimiento.
Si los controles de precios fueron reintroducidos, vale la pena resaltar por qué fueron eliminados (al menos temporalmente) desde un principio. La dictadura de Maduro se vio obligada a aliviar los controles por primera vez en agosto de 2015 con la Ley de Reforma Parcial de la Orgánica de Precios Justos, tras registrarse un desabastecimiento alimentario superior al 40% en todas las góndolas del país.
Más tarde, el desabastecimiento se generalizó y alcanzó hasta el 80% de los bienes ofrecidos en las góndolas de los supermercados desde enero de 2016. Y con el estallido de la hiperinflación a mediados de 2017, los controles de precios se volvieron imposibles de administrar.
La hiperinflación obligó al Gobierno a reconocer precios mayormente libres ante la imposibilidad de evitar su comercialización en el mercado informal y la dramática escasez en góndolas. Pero tras verse atenuado el proceso hiperinflacionario entre marzo de 2021 y julio de 2022, el régimen recuperó un cierto margen de maniobra para establecer controles.
El resurgimiento de la inflación mensual superior a los 30 puntos y la vuelta de los controles de precios, son elementos que en conjunto amenazan con volver a provocar un episodio de desabastecimiento como no se veía desde 2017. La población se vería obligada a volver a recurrir a mercados informales para hacerse de bienes básicos como alimentos de primera necesidad y papel higiénico.
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