Además, liberó 60 detenidos porque no pudo demostrar que hayan cometido actos de violencia, sin embargo, les quitó sus pasaportes, licencias para portación de armas y les colocó tobilleras.
El juez Alexandre de Moraes, quien preside el Tribunal Superior Electoral (TSE) simultáneamente ocupando el cargo en la Corte Suprema (STF), liberó 60 de los miles de detenidos y confirmó la detención por delito flagrante de 140 personas, a través de una medida cautelar.
Según el juez, en las causas hay “indicios de actos terroristas”, además de los cargos de asociación delictuosa, abolición violenta del Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, amenaza a funcionarios públicos, y persecución o incitación al delito.
Para Moraes, “la conducta fue ilegal y muy grave, con el objeto de, mediante violencia y amenaza grave, coaccionar e impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos”. Esto es falso, ya que ni el Congreso estaba en sesión, ni los jueces supremos estaban reunidos, ni el presidente estaba en el Planalto, cuando los manifestantes irrumpieron el pasado domingo en los edificios de los tres Poderes.
Por otro lado, el juez del STF autorizó la liberación provisional de 60 personas con la cautelar de no abandonar Brasilia, mantener el confinamiento domiciliario en la noche y los fines de semana, usar una tobillera electrónica, y la obligación de presentarse al Juicio de Ejecución del municipio de origen en el plazo de 24 horas y asistencia semanal.
Además, se les retuvo sus pasaportes y se les suspendió cualquier licencia para la portación de arma, así como cualquier certificado para realizar tiro deportivo y caza. Una brutal vulneración de los derechos humanos de personas que cabe aclarar fueron liberados porque no se pudo demostrar que hayan ingresado a los edificios gubernamentales ni cometido actos de violencia.
Moraes consideró que, si bien existen fuertes indicios de autoría y materialidad en la participación de los delitos, hasta el momento no se evidencia la práctica de violencia, invasión de inmuebles y depredación de bienes públicos de ninguno de los imputados.
Desde las detenciones del 8 y 9 de enero, se realizaron casi 1.500 audiencias de custodia en los últimos diez días, bajo la coordinación de la Consejo Nacional de Justicia (CNJ), 946 de las cuales fueron realizadas por magistrados del Tribunal Regional Federal de la 1ra Región y 513 por jueces del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios (TJDFT).
Todos los casos son supervisados por el STF, particularmente por Alexandre de Moraes, el juez que se ha arrogado la suma del poder público y ha lanzado una brutal campaña de censura, arrestos arbitrarios y medidas para suprimir la libertad de expresión, de prensa y de protesta en el país.
Casualmente, la causa que se abrió por las protestas en el Distrito Federal cayó en el despacho de Moraes, convirtiéndolo en responsable de decidir quién permanece en prisión y quién eventualmente puede quedar en libertad. La conclusión esperada del análisis de los casos se hará pública este viernes 20.
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