La Asamblea Nacional de 2020 aprobó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. La norma cuenta con más de una veintena de artículos y aunque en ella se asegura que tiene como objeto desarrollar los medios para la participación y el ejercicio ciudadano de los estudiantes, quedan dudas sobre si detrás de las promesas del chavismo de «garantizar» la libre asociación de los estudiantes hay otras intenciones.
Por Tal Cual
La norma ha sido aprobada en un contexto de protesta de maestros para exigir reivindicaciones laborales y de llamados de dirigentes chavistas a sustituir a los docentes por militantes del Partido Socialista Unidos de Venezuela, como fue el caso de Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro).
El ministro para las Comunas, Jorge Arreaza, por ejemplo, dijo a estudiantes de bachillerato: «Ustedes, que se están graduando, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clase en las escuelas si se niegan a dar clase los maestros».
La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes advirtió, apenas se sancionó la ley, algunas irregularidades que se plantean en el instrumento legal, pues consideran que se establece, entre otros puntos, «la vigilancia y control de los estudiantes» a través de diversas instancias del Ministerio de Educación.
Empujón a la política
La Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica dice, entre otras cosas, que tiene como finalidad «contribuir desde la participación estudiantil en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en materia de educación dirigidas a los estudiantes e incentivar la convivencia pacífica escolar en la comunidad educativa».
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