El Ministerio Público de Perú anunció este martes que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.
EFE
La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y el empresario Henry Shimabukuro, que ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República en una fórmula junto a Boluarte, que aspiraba a la Vicepresidencia.
La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral del partido Perú Libre en el 2021, precisó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una «oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas».
«No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte», señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.
El último domingo, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que «si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno».
Debido a las acusaciones de Shimabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Boluarte, que puede ser formalizada esta semana durante el pleno.
No obstante, la mandataria tuvo que responder el lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
El pasado 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag, como parte de una investigación abierta por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), abrió una investigación por los presuntos aportes de campaña que la presidenta de la república, Dina Boluarte, habría recibido del cuestionado empresario Henry Shimabukuro, los que supuestamente no fueron declarados, reseñó Infobae.
Como parte del proceso, el organismo solicitó -mediante un oficio- a Maritza Sánchez Perales, exasesora de la mandataria, las pruebas que poseería sobre los mencionados aportes que habría dado Shimabukuro durante dicha campaña electoral.
“Me dirijo a usted, en relación con la información brindada en los medios de comunicación, relacionado al conocimiento que señala tener, respecto a los aportes de campaña que habrían sido otorgados por el señor Shimabukuro Guevara Henry Augusto, a la candidatura de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, se lee en el documento.
En dicho oficio, la ONPE hace el pedido en virtud de las facultades de supervisión y fiscalización de la información económica financiera que ostenta como organismo electoral.
“En el marco de lo establecido en el inciso 2 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444, le agradeceremos se sirva brindar la información solicitada dentro del plazo de cinco días útiles siguientes a la recepción de la presente comunicación”, agrega la ONPE.
El documento enviado a la exasesora de la presidenta lleva por fecha 23 de marzo de 2023 y por asunto “Solicitud de confirmación de aportes realizados en la campaña electoral Elecciones Generales 2021″.
Eran cercanos
El pasado sábado 25 de marzo, Shimabukuro, quien viene siendo investigado por el llamado caso ‘Gabinete en la sombra’, declaró a Epicentro TV que ingresó al entorno de Boluarte antes que al de Pedro Castillo. Además, reveló que la conoció en el Club Departamental Apurímac, una organización civil que ella presidia antes de ser jefa de Estado.
“Ella lo sabe bien. [Fue] durante la campaña de la segunda vuelta. A todos los eventos que iba, se dirigía a mi lado. Incluso, en muchas oportunidades dentro de mi automóvil. La trasladaba de un punto a otro”, dijo el empresario.
“Donde llego primero es al Club Apurímac, a la oficina de Dina Boluarte. Nunca he ingresado al local de Perú Libre. No conozco a Vladímir Cerrón [fundador de Perú Libre]. No conocía en esa época a Pedro Castillo”, añadió.
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