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La Corte Suprema de Estados Unidos derogó el derecho al aborto y ahora cada Estado decidirá cómo regularlo

Los 6 jueces conservadores del máximo tribunal revocaron oficialmente Roe v. Wade el viernes, declarando que el derecho constitucional al aborto no existe.

En una de las sentencias más esperadas de las últimas décadas, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo vale su mayoría conservadora y revocó el fallo de 1973 Roe v. Wade, que había despenalizado el aborto en todo el país.

En la argumentación que ganó la votación por 6-3, los jueces declaran que el aborto no es un derecho constitucional y que por ello no hay razón por la cual no se puedan hacer leyes regulando la práctica.

Ahora, con esta decisión, cada Estado deberá definir sus propias leyes sobre el tema, pudiendo imponer prohibiciones de todo tipo. “Roe estuvo notoriamente errada desde un comienzo”, declaró el juez Samuel Alito en su opinión.



El fallo se desprende de la demanda Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, en la que una clínica de abortos demandó al Ministro de Salud del estado de Mississippi, Thomas Dobbs, bajo la premisa de que una ley aprobada por la Legislatura estatal en 2018, que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, era inconstitucional y que violaba la jurisprudencia de Roe v. Wade.

Tras una serie de sentencias y apelaciones, la causa llegó hasta la Corte Suprema, que esta mañana decidió que Mississippi tiene el derecho a regular el aborto, tirando abajo tanto Roe v. Wade, acordada hace 49 años, que reconocía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992, Planned Parenthood v. Casey, que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer ciertas regulaciones sobre el proceso.

El fallo señala que la Constitución “no otorga” este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”. “Es el momento de acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos”, dice el fallo.



Además considera que Roe v. Wade fue “ofensivamente incorrecto” y “chocaba” con la propia Constitución. Y añade que Planned Parenthood v. Caseyperpetuaba” esos errores.

Son 26 los estados que tenían leyes prohibiendo el aborto previo a Roe v. Wade, y que a pesar de que quedaron anuladas por el fallo de 1973, nunca fueron derogadas. Por lo que el fallo de hoy automáticamente restablece estas legislaciones y prohíbe la práctica en más de la mitad de los estados del país.

Los estados son Florida, Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Lousiana, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, West Virginia, Michigan, Wisconsin, Iowa, Missouri, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Montana, Idaho, Utah, y Arizona.



El texto del fallo es una magistral demostración del nivel técnico de los jueces Samuel Alito, quien escribió la argumentación de la mayoría, pero también de los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, que escribieron sus concurrencias por separado. La mayoría fue acompañada por Niels Gorsuch, Amy Coney Barrett y el propio presidente de la Corte, John Roberts.

El juez Alito argumentó con uno de los más importantes puntos que suelen dar los sectores provida, y es que la Constitución no reconoce el derecho al aborto, y que de ninguna manera puede, entonces, declararse como inconstitucional regularlo.

Además, hace una brillante interpretación tradicionalista de la Decimocuarta Enmienda, tirando por la borda la visión progresista de que esta enmienda, aprobada en 1868, supone la garantía de los “derechos sociales” que los demócratas han intentado impulsar desde entonces, como el derecho a la salud pública o en este caso, al aborto.

Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Esa disposición se ha sostenido para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero cualquier derecho de este tipo debe estar ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación’ e ‘implícito en el concepto de libertad ordenada’. Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo“, argumenta.

Y sentencia que incluso dentro de la interpretación progresista, que sostuvieron en minoría los jueces Sony Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan, no se sostiene: “La disidencia no puede demostrar que un derecho constitucional al aborto tenga algún fundamento, y mucho menos uno ‘profundamente arraigado en la historia y tradición de esta Nación’El disenso no logra identificar ninguna autoridad anterior a Roe que apoye tal derecho, ninguna disposición o estatuto constitucional estatal, ningún precedente judicial federal o estatal, ni siquiera un tratado académico“.



Alito afirmó que “Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división“. 

Además, escribió que el derecho al aborto era diferente de otros derechos de privacidad: “Lo que distingue claramente el derecho al aborto de los derechos reconocidos en los casos en los que se basan Roe y Casey es algo que ambas decisiones reconocieron: el aborto destruye lo que esas decisiones llaman ‘vida potencial’ y lo que la ley controvertida en este caso considera como la vida de un ‘ser humano por nacer’“.

Thomas y Kavanaugh apoyaron en concurrencia ya que, quisieron agregar que no solo apoyan la derogación de Roe v. Wade, si no que la decisión en Dobbs debería usarse para reconsiderar casos anteriores de la Corte Suprema que otorgaron derechos no explícitos en la Constitución, como Griswold v. Connecticut (el derecho a la anticoncepción), Obergefell v. Hodges (matrimonio igualitario) y Lawrence v. Texas (despenalización de la sodomía)

Thomas escribió: “Debido a que cualquier decisión sustantiva del debido proceso es ‘demostrablemente errónea’, tenemos el deber de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes“.



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