El dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, se refirió en su programa semanal Entre Hermanos a la presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y las actualizaciones de los casos de Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo. Borges añadió que ambos casos reflejan la poca voluntad del régimen de hacer justicia y que las investigaciones se han limitado a funcionarios de bajo rango.
“Hoy quiero referirme a dos casos que nos tocan muy de cerca. El caso de mi hermano y mano derecha Fernando Albán. Fernando Albán llegó a Venezuela luego de una gira política en la ONU, fue apresado en el mismo aeropuerto. Desapareció un fin de semana, y luego el lunes amaneció muerto. Las autoridades venezolanas dijeron que se había suicidado, cuando la verdad es que había sido torturado hasta la muerte. Este caso fue estudiado por esta misión de la ONU, y lo que es grave ahora es que los autores materiales fueron puestos en libertad”, sostuvo.
Borges señaló que el mismo patrón se repitió en el caso del Capitán Acosta Arévalo, pues quienes perpetrados su asesinato no fueron llevados a la justicia y el proceso de investigación que adelanta la dictadura está viciado y no ha tomado en cuenta los familiares.
El coordinador nacional de Primero Justicia señaló que la estrategia del régimen es hacer ver que hay una reforma judicial para ganar tiempo con respecto al proceso de la CPI. “Maduro solo está maquillando la justicia para ralentizar el proceso de investigación que adelanta la CPI. En este momento, no existe una reforma judicial, lo que existe es un disfraz de la dictadura para esconder sus crímenes. Nosotros seguimos insistiendo en que la CPI es necesaria para lograr la justica, la verdad y la reparación para las víctimas y sus familiares”, detalló.
Destacó que una misión de verificación de hechos solo se ha instalado para muy pocos países, que tienen un historial de masivas violaciones a los DDHH. Finalizó diciendo que la justicia se impondrá en Venezuela.
