Entre 2013 y 2020 se habría producido una trama de corrupción que involucra a la empresa de Italia, Lattonedil Spa, con funcionarios del chavismo que ostentaron cargos en Pdvsa, mediante negocios para ganar dinero a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo reseña un reportaje de Tal Cual.
La policía de Italia inició una investigación contra la empresa Lattonedil Spa, dedicada a la fabricación de techos, ante la sospecha de posibles negocios irregulares con el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con medios italianos, las autoridades allanaron las oficinas de la empresa e incautaron preventivamente 42 millones de euros. Lattonedil Spa habría pagado al menos unos 22 millones de euros en sobornos para individuos cercanos al gobierno venezolano a cambio de asegurarse contratos para vender 13,500 paneles de techos prefabricados por unos 71 millones de euros.
Los techos adquiridos por el gobierno venezolano tenían un destino evidente: la Gran Misión Vivienda Venezuela, un proyecto ideado por el fallecido Hugo Chávez y que se ha visto envuelto en distintas polémicas por la irregularidad de los negocios cerrados por el chavismo con países como Rusia, Bielorrusia o este caso de Italia.
Estos negocios entre Venezuela y la empresa italiana se habrían concretado entre 2013 y 2020 mediante una red de intermediarios en toda Europa, que servirían como compañías ‘pantalla’ para disimular la operación. Habrían participado firmas en España, Irlanda, Holanda y Bulgaria, además de un rol de México en Norteamérica, según reportó el periodista David Placer.
Los nombres apuntados desde Venezuela son Carlos Medina, responsable de compras en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Ower Manrique, expresidente de Pdvsa Industrial, quienes guardaban relación con el exministro de Energía y Petróleo y expresidente de la estatal, Rafael Ramírez, acusado por Estados Unidos de lavar unos 2.000 millones de dólares desde su posición de poder en la industria petrolera venezolana.
Entre los sospechosos de la trama internacional figuran Sergio Lujambio Irazábal, un mexicano con altos cargos en empresas latinoamericanas, Jorge Cladellas Noguera, quien enviaba pagos desde Irlanda a los funcionarios chavistas y Carlos Hernández, dueño de la empresa mexicana CHT, con la cual cumplía el rol de enlace entre los venezolanos y Lattonedil Spa.
El juez de instrucción, Giusi Barbera, está encargado de llevar el caso en un tribunal de Milán, y las sospechas empezaron después de que Cladellas Noguera utilizara a un empresario búlgaro como intermediario para concretar las transacciones, ya que estaba siendo investigado por la policía italiana por blanqueo de capitales, por lo que las autoridades afinaron su vista en estas operaciones y lograron detectar el rastro hacia el chavismo.
