Viviendas de lujo, áticos de revista y apartamentos en rascacielos de ensueño. La trama de exjerarcas chavistas que saqueó 2.000 millones de dólares [unos 1.889 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) se hizo con un emporio inmobiliario valorado en 52 millones que contempló 21 exclusivas propiedades, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El País | Joaquín Gil y José María Irujo
La red formalizó la mayor parte de sus inversiones (17) mientras ejecutaba el expolio de la energética (2007-2012), según comunicó a los bancos el presunto testaferro de la organización, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello.
A través de un ramillete de sociedades instrumentales (sin actividad), el supuesto hombre de paja compró, según su relato, 19 exclusivas viviendas en Venezuela entre 2008 y 2014. Se trata de propiedades con precios que oscilan entre 304.000 dólares y 5,5 millones.
Rodríguez Cabello se sirvió del parapeto de su madeja de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) ―donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015― para camuflar el rastro del dinero que acabó en el ladrillo, según el documento confidencial de la Uifand, fechado en noviembre de 2022.
El edificio Campo Norte en Caracas fue el preferido de la red. Mediante un alambicado entramado societario, el grupo adquirió al menos seis viviendas en este complejo entre 2008 y 2012. El apartamento más caro costó 5,5 millones de dólares y se compró a través de la mercantil instrumental Inversiones y Asesorías Aditus CA.
El presunto testaferro también recurrió a esta firma para hacerse en 2011 en el mismo residencial con un paquete inmobiliario valorado en siete millones y compuesto por dos apartamentos y otras tantas plazas de aparcamiento, según comunicó Rodríguez Cabello al banco.
Además, el hombre de paja ordenó desde su entidad financiera, la BPA, tres transferencias por más de cinco millones entre 2008 y 2012 para hacerse con otros tres apartamentos en el edificio Campo Norte de Caracas. Uno de ellos se adquirió a través de una transferencia de 1,5 millones a una cuenta en Suiza.
Oficinas del Bank for Reconstruction and Development
Rodríguez Cabello informó al banco de que un envío de 3,3 millones ordenado en septiembre de 2008 a una cuenta del Wells Fargo de EE UU se enmarcó en la adquisición de unas oficinas en Venezuela del International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), un organismo vinculado al Banco Mundial, que lucha contra la pobreza, y del que este diario ha intentado sin éxito recabar su versión.
En 2007, cuando arrancó el expolio de la energética venezolana, la trama también compró presuntamente cuatro oficinas por 2,5 millones en la planta octava del edificio Torre Edicampo de Caracas. La operación se fraguó mediante una transferencia a la sociedad Interquimica Ltd en el Safra National Bank de Nueva York.
Rodríguez Cabello indicó al banco que adquirió en enero de 2008 por 629.000 dólares un apartamento en el edificio Villa Lucía de Caracas. En el contrato de compraventa, figuró junto a él la venezolana originaria de España Estíbaliz Basoa. Y, a través de la sociedad Inversiones Powerball 550 CA, representada por el testaferro, se hizo, en mayo de 2009, con un ático de 750.000 dólares en otro residencial de la capital venezolana.
El rastreo de las transacciones muestra también cómo los expoliadores de la compañía pública compraron en junio de 2009 un apartamento de 600.000 dólares en el Edificio Residencias Torre Mar de Caracas. Y otra propiedad de 2,2 millones en el complejo Peña Blanca de la capital. La operación se fraguó en septiembre de 2012 a través de la mercantil Inversiones y Asesorías Belloto.
Rodríguez Cabello no solo usó su entramado financiero en Andorra ―un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario― para hacerse con lujosas propiedades. También recurrió a su hermético tinglado financiero para ingresar fondos de la venta de inmuebles. Así, cobró 1,7 millones en diciembre de 2008 por la venta de una oficina en la Torre JWM en Chacao (Caracas). Y tres meses después, percibió 1,2 millones desde una cuenta del Deutsche Bank en Países Bajos por la venta de otra oficina en el mismo complejo administrativo.
Propiedad de 500.000 dólares para “Silvia en Argentina”
Comprar propiedades para terceros fue otra de las prácticas. Rodríguez Cabello adquirió supuestamente una vivienda para una mujer en agosto de 2009. “Te adjunto la orden para una transferencia por 500.000 dólares para la compra de un apartamento con una plaza de garaje para la señora Silvia F. en Argentina”, explicó por correo el hombre de paja de la organización de expoliadores a un empleado de la BPA.
La treta también fue usada para regalar en 2010 un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas a la modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, tal y como reveló este diario.
La siguiente apuesta inversora de la red que saqueó PDVSA conduce al rascacielos One Thousand Museum de Miami. Se trata de un prodigio arquitectónico de 216 metros de altura, estilo futurista, que fue proyectado por la iraní Zaha Hadid y que acoge un helipuerto, ascensores de cristal y un centro acuático de última generación. Disfrutar de una de sus 100 residencias cuesta hasta 20 millones.
La trama de exjerarcas chavistas adquirió por más de 21 millones dos propiedades en este rascacielos de Miami, que también concitó la atención de celebridades como David Beckham.
Mediante comisiones del 10% a empresas chinas que después recibían adjudicaciones de PDVSA, la red amasó una suculenta fortuna que amagó a través de una treintena de complejas sociedades radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice.
Los saqueadores, entre los que figuraron jerarcas de la primera hornada chavista, como los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, camuflaron sus millonarias comisiones bajo el blindaje de unos trabajos de asesoría y consultoría que —según los investigadores— no existieron.
Desde 2015, un juzgado de Andorra desenmaraña el oscuro engranaje. Una magistrada de este pequeño principado procesó en 2018 por blanqueo de capitales en establecimiento bancario al empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez.
Junto a él, se encuentran también encausados en Andorra —donde la red ingresó 2.000 millones entre 2007 y 2012— el ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; el exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez; el magnate venezolano de los seguros Omar Farías; el testaferro de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello; y el apoderado de Salazar, José Luis Zabala.
En paralelo, la justicia andorrana procesó también en 2018 a una decena de exdirectivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA), la institución financiera elegida por la trama corrupta para ocultar su botín y que fue intervenida en marzo de 2015 por actuar supuestamente como una lavadora de fondos de grupos criminales.
