La decisión también obliga a las autoridades locales a confiscar vehículos usados por los manifestantes y bloquear redes sociales, WhatsApp y Telegram a cualquiera que proteste.
El juez de la Corte Suprema de Justicia (STF), Alexandre de Moraes, aliado de Lula, determinó este jueves la prohibición en todo el país de protestar y facultó a las autoridades públicas a impedir cualquier tipo de reunión en la vía pública que pueda escalar a una protesta.
Moraes citó el ataque al Congreso Nacional y los demás poderes que ocurrió el pasado domingo como una razón para ilegalizar de facto las protestas. Según la orden judicial, para desbaratar una protesta, las autoridades simplemente deben justificar que tienen la sospecha de que se incurrirá en el bloqueo de rutas o en la irrupción de edificios públicos.
La decisión prevé una multa de R$ 20.000 para las personas físicas y de R$ 100.000 para las empresas que incumplan estas órdenes. La prohibición también se aplica a los bloqueos o invasiones que interrumpen el tráfico o el acceso a los edificios públicos.
La medida pide que se arreste cualquier persona que obstruya una ruta o que invada edificios públicos (o que se sospeche que lo va a hacer), además de incautar los vehículos de las personas implicadas y el bloqueo de canales y perfiles en grupos de Telegram y WhatsApp donde se pueda llegar a convocar este tipo de actos.
En la decisión, Moraes afirma que los “actos antidemocráticos” son un “desarrollo evidente” de los movimientos del domingo y apunta a la existencia de la organización criminal destinada a atentar contra la democracia.
“Esta organización criminal, ostensiblemente, arremete contra la Democracia y el Estado de Derecho, específicamente contra el Poder Judicial y en particular contra el Supremo Tribunal Federal, abogando por la destitución de sus integrantes y la clausura del Supremo Tribunal Federal, con la restitución de la Dictadura y la supresión de la fiel observancia de la Constitución Federal de la República”, asegura.
El ministro también dijo que la escalada de hechos violentos había llegado a un punto “intolerable”. “La escalada de hechos violentos -siempre en desacato a la Constitución y a la autoridad del Supremo Tribunal Federal- llegó a un punto intolerable, en el que las instalaciones físicas del Pleno del Tribunal, además de otras dependencias del edificio de su sede, invaluables patrimonio de todos los brasileños, fue vandalizada por los participantes de los hechos en cuestión, con total desvergüenza y garantía de impunidad, mientras se realizaban transmisiones en las redes sociales, con el objetivo de incitar conductas similares en todo el territorio nacional”.
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