La persecución política del FBI de Biden continúa, y esta vez toda la fuerza de la agencia federal cayó contra Jeffrey Clark, quien se puso al hombre la estrategia legal para salvar las elecciones del 2020, pero fracasó cuando Pence lo traicionó a Trump.
Esta semana, agentes del FBI de Biden allanaron la casa de Jeffrey Clark en Virginia, el ex funcionario del Departamento de Justicia y abogado que dio la batalla legal contra el fraude electoral después de las elecciones presidenciales del 2020.
Clark denunció que el allanamiento fue una “apretada” de la Casa Blanca, y que fue completamente ilegal dado que él no está imputando en ninguna causa y no hay argumentos judiciales que habilitaran la operación.
Le entraron por la fuerza a su casa en medio de la noche, derribando una puerta, le rompieron varias ventanas, lo golpearon y lo sacaron a la calle en ropa interior, tirándolo al piso contra el asfalto mientras le requisaban todos sus dispositivos electrónicos y sus tarjetas de crédito, según reportaron diversos medios locales.
Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a The Post Millennial que la redada es parte de la investigación del Departamento de Justicia de Biden sobre los “electores suplentes“, con los que Clark habría conversado durante las semanas previas al 6 de Enero.
Luego de que múltiples legislaturas estatales reconocieran que hubo fraude en las elecciones del 2020, y antes de que se celebrara la aprobación de la victoria de Joe Biden en el Congreso, el 6 de enero, los gobiernos de Arizona y Georgia nombraron un conjunto de “electores suplentes“, que certificarían la elección no para Biden si no que para Trump.
Estos “electores suplentes” hubieran entrado en efecto si Mike Pence, por entonces vicepresidente, rechazaba los votos del Colegio Electoral ese 6 de enero en la Sesión Conjunta del Congreso. Finalmente no lo hizo y estos electores nunca tuvieron ningún cargo real.
Sin embargo, fiscales de Washington D.C. junto al Departamento de Justicia de Biden, creen “sospechoso” que Clark haya tenido conversaciones con estos electores antes del 6 de enero, lo cual no tiene sentido ya que si la elección no fue fraudulenta, estas personas eran simples civiles sin cargo ni potencial político de nada. Y aunque lo tuvieran, tampoco constata ningún delito hablar con ellos.
El Comité del 6 de Enero, que se estableció para determinar si Trump debería ser proscripto de la política estadounidense, citó a Clark a declarar en el recinto, pero abogó por la Quinta Enmienda más de 100 veces durante su declaración de casi dos horas. La Quinta Enmienda le permite a los testigos mantener silencio ante preguntas de caracter judicial o legislativo.
Según los diputados del Comité, en los días previos al 6 de enero, Clark ayudó a Trump a idear un plan para expulsar al entonces fiscal general interino Jeffrey Rosen, colocarse a sí mismo en la cima del departamento y hacer que el Departamento de Justicia interviniera en Georgia para dejar de lado los resultados de la votación a fin de influir en el estado hacia Trump.
Este alegato no procede legalmente, ya el Departamento de Justicia, que ahora Biden está utilizando para perseguir a sus opositores políticos, no tiene el poder de intervenir un Estado.
Quien debía devolverle el poder a los estados para que emitan nuevamente su voto era el vicepresidente en la Sesión Conjunta del 6 de enero, pero Mike Pence avaló los resultados fraudulentos.
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