El presidente recibió a Santiago Olmedo, sentenciado a 3 años de cárcel y a pagar una multa e indemnizaciones por más de USD 24.000
El policía ecuatoriano Santiago Olmedo fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión y al pago de USD 24.250 como parte de la multa y reparación integral de las familias de dos de los asaltantes que murieron cuando Olmedo les disparó en medio de una persecución. En junio de 2021, el policía Olmedo disparó a tres personas que intentaban robar a un adolescente.
De los tres delincuentes, uno escapó y los otros murieron por los disparos propiciados por Olmedo. La defensa de Olmedo, quien fue condenado el 19 de enero de este año, ha dicho que apelará la decisión de los jueces. Mientras tanto en la opinión pública, el debate del uso progresivo de la fuerza y de la aplicación de justicia en estos casos ha tomado vigencia. Incluso el presidente Guillermo Lasso ha mostrado abiertamente su posición de apoyo al policía, porque considera que el uniformado solo cumplía con su trabajo.
El presidente Lasso se reunió con Olmedo en el Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano. “A través de Santiago Olmedo envío un mensaje claro y directo a todos los policías nacionales: van a contar con el apoyo del Gobierno y de este Presidente”, indicó el primer mandatario al señalar que la actual administración hará efectivo el respaldo a este uniformado con la asesoría jurídica necesaria para defenderlo en el actual proceso que enfrenta.
La reacción del presidente no es nueva. Cuando Olmedo conoció la resolución de los jueces, Lasso se manifestó en su cuenta de Twitter y escribió que es “indignante e incomprensible que un policía, como el cabo Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado”. Es por esto que en la opinión pública Lasso ha sido criticado por algunas personalidades y actores de opinión porque su apoyo a Olmedo se ha visto como una intromisión en las decisiones de justicia. Incluso sus críticos han dicho que “quiere dictar sentencia” desde la Presidencia. En ese contexto, el mandatario aclaró que: “Somos respetuosos de la institucionalidad de la justicia, pero no por ello dejaremos de expresar nuestro respaldo a esta causa”.
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El caso de Olmedo ha tomado un alto perfil mediático en un país donde la inseguridad se ha vuelto uno de los principales problemas. El 2021 fue el año más violento de la última década con cerca de 2.500 homicidios, esta es la cifra más alta registrada desde el 2011. La tasa de homicidios se duplicó en comparación con el periodo entre el 2014 y el 2020, según el Ministerio de Gobierno. Además, entre enero y noviembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado registró 22.614 intentos de robo a personas. El 84 % de esos robos se consideran asaltos y un tercio se produjeron durante la tarde. La mayoría de estos delitos se cometieron en Guayas y Pichincha.
Con la sentencia al policía, el debate sobre el uso progresivo de la fuerza se ha vuelto uno de los temas principales de la coyuntura nacional. De acuerdo con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
A Olmedo se lo sentencia por extralimitación judicial, es decir por no cumplir con el uso progresivo de la fuerza, según alegó la Fiscalía. En un comunicado la institución explicó que Olmedo “disparó más de una decena de veces por la espalda a los ocupantes de la motocicleta, extralimitándose –de esta forma– en la ejecución de un acto de servicio, sin observar ni considerar el uso progresivo o racional de la fuerza en los criterios necesidad y proporcionalidad”.
