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Detenidos en Venezuela tres activistas y militantes de María Corina Machado

Poco ha durado la calma que ha seguido a la suma de apoyos a Edmundo González Urrutia como candidato de la oposición y tercera opción ante la inhabilitación de María Corina Machado electa en primarias. Resuelto el desafío de la inscripción, al menos por ahora, la persecución a la dirigente que concentra el mayor apoyo popular no ha cesado. Durante el fin de semana se han producido nuevas detenciones de su entorno, esta vez de seguidores que la abordaron en pueblos de los llanos occidentales del país como Turén y Ospino, en el estado Portuguesa. Entre el sábado y el domingo los militantes de Primero Justicia y Vente Venezuela, Ámbar Márquez y Víctor Castillo, miembros del comando de campaña unitario en el municipio Santa Rosalía, y Oscar Castañeda, seguidor de la oposición, fueron sacados de sus casas por funcionarios de inteligencia del Gobierno. Con ellos ya superan la veintena los encarcelados y buscados por la policía del círculo de Machado, seis de ellos permanecen refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas.

Por Florantonia Singer / elpais.com

Los perseguidos se volvieron virales cuando Machado le dio el micrófono a Oscar Castañeda en un encuentro con sus seguidores en el centro del país. “Soy uno de los venezolanos que se vino con su familia derrotado de Colombia”, dijo el hombre y pidió darle la confianza a la política que no puede competir en las presidenciales del 28 de julio. “Les pido que levantemos la mano por todos los caídos en frontera y sufrieron burlas por estar en otro país”, dijo Castañeda.

El bajo perfil de los detenidos, paradójicamente, ha levantado las alarmas. Este lunes se cumplen 40 días de la detención de Henry Alviárez y Dignora Hernández, dos de las cabezas del partido de Machado y sus principales colaboradores. Machado ha denunciado que desde entonces están incomunicados y sin acceso a la defensa privada, un patrón que violación de derechos humanos que se ha vuelto cada vez más frecuente. Pero la represión del chavismo está alcanzando a casi cualquiera que se exprese públicamente, como es el caso de Castañeda. La comunidad internacional, especialmente países como Estados Unidos, siguen de cerca el proceso en Venezuela que es espera que desemboque en unas elecciones medianamente competitivas, pese a que varios compromisos del acuerdo de Barbados han sido violados. “Condenamos las detenciones de más personal de campaña de los partidos de la oposición democrática venezolana durante el fin de semana. Estos arrestos son contrarios a un proceso electoral inclusivo. Hacemos un llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos”, expresó en sus redes sociales el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acusó al régimen de Maduro de continuar con su «cruzada intimidatoria», y exigió la inmediata libertad de los tres activistas detenidos.

El fin de semana González Urrutia tuvo una entrevista en televisión abierta en un canal privado, algo que no ocurría con opositores desde hace varios años. Uno de los acuerdos firmados entre el Gobierno y la oposición en octubre pasado era permitir el acceso equilibrado de los candidatos a los medios públicos y privados; los primeros totalmente plegados a la propaganda chavista y los segundos censurados y con cada vez menos influencia y alcance. En el terreno, donde Machado está haciendo la campaña para incentivar el voto y hacerlo por el diplomático que de alguna manera la está representando, la ola represiva sigue.

El Centro para Defensores y Justicia presentó su informe del primer trimestre de 2024 en el que registraron 418 ataques a defensores de derechos humanos y advierten de “la profundización del cierre del espacio cívico y democrático en el contexto preelectoral”. Un 85% superior al mismo período en 2023, de acuerdo a este conteo. Al registro se suman las amenazas de la ley contra el fascismo impulsada por la Asamblea Nacional aliada de Maduro, que las ONG advierten que será un instrumento para restringir la libertad de expresión.

Conspiración mayor

El fiscal Tarek William Saab ha señalado a nuevos implicados en la trama PDVSA Cripto, cuya cabeza supuestamente es el exministro de Petróleo y hombre cercano a Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, detenido hace unas semanas. El Ministerio Público asegura que los dirigentes Carlos Vecchio y el expreso político Leopoldo López, ambos de Voluntad Popular y en el exilio hace varios años; Julio Borges, cabeza de Primero Justicia y también fuera de Venezuela y Carlos Ocariz, que sí está en el país y se ha integrado a la campaña de Machado, son parte de la trama conspirativa que defalcó a petrolera estatal que supuestamente tenía la intención de provocar la caída del Gobierno.

Según Saab, actuaban en complicidad con el empresario detenido Samark López, señalado de ser el testaferro de El Aissami, y el ex representante de Estados Unidos para Venezuela, James Story. El fiscal aseguró que tiene más de 40 horas entre las antiguas fichas del Gobierno chavista y los altos dirigentes de la oposición. La purga chavista iniciada hace más de un año ha dejado más de 70 personas detenidas. Tres de ellas han fallecido bajo custodia del Estado sin mayores explicaciones por parte de las autoridades.

Leopoldo López contestó a través de X: @TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso”.

Por su parte, Ocariz, que la semana pasada recibió una inhabilitación de la Contraloría por 15 años, reconoció haber tenido conversaciones en 2020 con el operador financiero de El Aissami, hoy en prisión. Asegura que los dirigentes opositores estaban buscando crear líneas de comunicación para producir los acuerdos para la entrada de ayuda humanitaria al país cuando inició la pandemia por el covid. En ese momento, Donald Trump ya había puesto las sanciones petroleras contra Venezuela, El Aissami había sido nombrado ministro de Petróleo y Samark López hacía de su mano derecha, explica el dirigente de Primero Justicia señalado por el fiscal.

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