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Congreso peruano destituye a Pedro Castillo

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El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por «incapacidad moral» después de que el presidente anunciara la disolución de la Cámara y la instauración de un «gobierno de excepción».

Los eventos se precipitaron después de que Castillo hiciera el inesperado anuncio -que fue calificado de «golpe de Estado» por representantes de todo el espectro político- a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.

Tras el anuncio, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente, es decir, su destitución, con 101 votos a favor y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte.

Unas horas antes, Castillo, en un mensaje a la nación, aseguró que su decisión de disolver el Congreso respondía a la «obstrucción» que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo.

«En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia», expuso antes de anunciar las medidas que implicaba su decisión.

  • Disolver temporalmente el Congreso.
  • Convocar a elecciones de un Congreso constituyente.
  • Gobierno a partir de decretos ley hasta que no haya una nueva Constitución.
  • Toque de queda a nivel nacional de 22:00 a 04:00 a partir de este 7 de diciembre.
  • Reorganización del Poder Judicial y otros órganos de justicia.
  • Decomiso de armas en posesión ilegal de civiles.

«Se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado», expuso el mandatario. «Se respeta y garantiza la propiedad privada».

En medio de un rechazo generalizado por parte de las instituciones y de las fuerzas políticas del país, sobre la 01:30 PM hora local (18:30 GMT), la cadena RPP informó que el presidente Castillo abandonó el Palacio de Gobierno en compañía de Aníbal Torres, uno de sus asesores.

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Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones.

Tras el anuncio del presidente, los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores, así como el embajador de Perú ante la ONU, anunciaron su dimisión. El abogado de Castillo también anunció que renunciaba a representar a su cliente.

Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: «Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú».

El Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, calificó al gobierno de Castillo como «usurpador».

¿Qué justificación dio Castillo?

En su mensaje de este miércoles, el cual pronunció con la banda presidencial puesta, Castillo dijo que sus decretos vienen ante «la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas».

«Llevamos más de 16 meses de continua y obsequiada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramente el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial», expuso.

Dijo que su gobierno ha invitado a la oposición al diálogo sin respuesta positiva. También criticó que el Legislativo no ha atendido los 70 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.

«El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje», señaló.

Peligrosa escalada en la crisis política peruana

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Perú

Después de poco más de un año de gobierno y de un pulso permanente con sus rivales en el Congreso, el presidente Pedro Castillo tomó una decisión drástica, inesperada y que muchos consideran autoritaria.

Con su decisión de cerrar el Congreso, Castillo se adelantó a los congresistas, que hoy mismo iban a debatir una nueva moción para sacarlo del cargo, y emuló a Alberto Fujimori, que tomó una decisión similar en 1992. Sorprende que Castillo siga los pasos del dirigente al que él y los suyos culparon siempre de los males del país.

Sea como sea, nadie puede asegurar que esto vaya a garantizar su supervivencia política ni que Castillo cuente con los medios para imponer el gobierno de excepción que anunció.

Lo único claro en Perú a esta hora es que en la batalla entre Castillo y el Congreso ya solo puede quedar uno. Es un momento terminal para Perú. Y una escalada aún más peligrosa en la crisis institucional del país.

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