Una subida de tensión sufrió Rómulo Vivas, adulto mayor y presidente de la organización “Juventud Prolongada”, luego de recibir una citación por parte de una prefectura de San Cristóbal, estado Táchira, donde le exigen que entregue las llaves del módulo (espacio para reuniones) que por más de 50 años ha estado al servicio de la comunidad.
Gladys Contreras, representante de los adultos mayores de Pirineos 1 en San Cristóbal, denunció que en los últimos días han sufrido la persecución de los chavistas integrantes del consejo comunal, “quienes se eligieron en esos cargos a escondidas de la comunidad y hoy pretenden tener el control del módulo”.
Este espacio es utilizado principalmente como área de recreación para los adultos mayores de la comunidad, pues la mayoría de estos abuelos tienen sus hijos fuera del país y en este lugar realizan encuentros de esparcimiento, explicó Contreras.
El módulo también es utilizado por vecinos para realizar velorios de algún familiar, cuando no cuentan con los recursos para llevar un difunto a una funeraria. También dictan clases de kárate, cursos de manualidades, de panadería, es utilizado para reuniones de la comunidad, incluso, el lugar era prestado a los chavistas para la entrega del Clap, el cual no se volvió a repartir en el sector.
Rodolfo Cárdenas pide que se elija de manera legal las autoridades del consejo comunal en unas elecciones abiertas, donde puedan participar todos los vecinos, y no como lo hicieron quienes pretenden tomar el módulo, que “se eligieron de manera ilegal y clandestina”.
“Queremos que se haga cumplir la ley, la cual establece que la asamblea de ciudadanos es la máxima autoridad”, dijo María Eugenia Quiroz, quien también fue citada por la prefectura y demandada por los integrantes ilegales del consejo comunal.
Este sábado realizarán una asamblea de ciudadanos a la que convocaron a todos los vecinos, a las autoridades de Fundacomunal, al alcalde chavista Silfredo Zambrano y al gobernador Freddy Bernal, para que escuchen los verdaderos problemas que padece la comunidad, pues aseguran que la prefectura está actuando por encima de la ley.
