La agenda del presidente Biden incrementó notoriamente el peso regulatorio del Estado en la economía, disparando los costos y las horas necesarias para cumplir con cada vez más resoluciones.
La llegada de la administración de Joe Biden al poder supuso un fuerte retroceso en materia de modernización y desregulación económica. El sistema regulatorio de Estados Unidos se torna cada vez más complejo y costoso de sobrellevar, especialmente en dos sectores particularmente afectados: la industria bancaria y el sector energético.
El Director de Política Regulatoria del American Action Forum, Dan Goldbeck, confirmó que solo en los primeros dos años de mandato el Presidente Biden multiplicó por 54 veces los costos que debe incurrir el sector privado para cumplir con el arsenal de regulaciones.
Mientras que solo alcanzaba los 6.600 millones de dólares en los dos primeros años de la administración Trump, bajo la presidencia de Biden los costos se dispararon hasta 359.000 millones. Y a pesar de la mayor inflación del dólar, el avance nominal de la economía no es capaz de explicar un salto descomunal de tales características. Los costos crecieron incluso hasta un 72% en comparación con los dos primeros años del Gobierno de Obama.
Asimismo, el tiempo que deben gastar las empresas en cumplir con las regulaciones expresado en millones de horas (rellenando formularios, realizando obligaciones contables o esperando trámites) se incrementó de 42,8 millones en el período 2017-2018 hasta 220,1 millones entre 2021 y 2022. Nuevamente, el tiempo muerto dedicado a este tipo de tareas aumentó casi un 64% en comparación con la era Obama.
El entusiasmo regulatorio de la administración Biden también puede captarse por la cantidad de acciones regulatorias y administrativas publicadas por el Estado de forma semestral, acciones que pueden implicar regulación o desregulación. Se llegó a un total de 2.700 disposiciones en el otoño de 2022, similar a los máximos de la gestión Trump y con el fin de desmantelar el proceso desregulatorio del expresidente.
El expresidente Donald Trump había expedido una resolución por la cual el Gobierno se comprometía a desmantelar tres regulaciones por cada nueva norma creada, pero en la práctica la administración avanzó incluso más allá y logró eliminar hasta 8 regulaciones por cada nueva resolución. La industria energética, los bancos y los ferrocarriles fueron algunos de los sectores alcanzados por el proceso de desregulación.
Se limitaron las regulaciones climáticas para las industrias de combustibles fósiles (relajando los requisitos de operación y los límites a la emisión de gases de efecto invernadero), y se flexibilizó la Ley Dodd-Frank sancionada en 2010 elevando notoriamente el monto de capital mínimo por el cual se comienza a aplicar la normativa, entre muchas otras iniciativas.
Biden comenzó su mandato deshaciendo una gran cantidad de resoluciones climáticas de su predecesor y rápidamente anunció el ingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París en 2021. Sin embargo, el foco de las regulaciones ahora se deposita sobre el sistema bancario tras la caída del Silicon Valley Bank.
En lugar de encontrar responsabilidad en los brutales shocks fiscales y monetarios a los que se vio expuesta la economía, para la administración Biden la corrida bancaria se debe a la “falta de regulación” y promete impulsar nuevas normativas para seguir restringiendo el crédito a familias y empresas en nombre de la “estabilidad”.
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