Un hato venezolano que nadie quiere investigar: protegido por policías y militares, encubre cinco pistas del narcotráfico

Un grupo de familias se atrevió a acudir a las autoridades locales para relatar lo que sucede con el influyente dueño del hato Merecure, quien tendría propiedades en Estados Unidos, Colombia y México

A menos que esté desesperado, nadie osa en la frontera a denunciar a los poderosos del Apure venezolano, pero un grupo de familias se ha atrevido a acudir a las autoridades locales para relatar lo que sucede con el influyente dueño del hato Merecure, quien tendría propiedades en Estados Unidos, Colombia y México. Es un panorama aterrador. “Son más de 60 muertes violentas ordenadas por las autoridades de este hato ganadero y el ex alcalde Pedro Leal”, dijeron en su denuncia ante concejales, alcaldes, fiscales, jueces, pero el dinero y el poder no ha permitido una investigación seria, menos aun cuando las relaciones del hato con el partido de gobierno, PSUV, son estrechas y más necesarias ante la cercanía de las elecciones.

Son 150 familias campesinas e indígenas, de las comunidades Tres Bocas y el Garcero, de la parroquia Cunaviche del estado Apure, quienes han denunciado públicamente la violación a sus derechos, indicando especificamente al dueño del hato Merecure, Luis Alberto Bracho Valbuena; al administrador Nelson Ramón Daboín González; al abogado Andrés Octavio García Pérez; al Jefe de Seguridad, Policía del estado Apure, Josué Mota; al ex alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Danilo Leal, a quienes señalan de abuso de poder político y económico, actuando con funcionarios de los cuerpos órganos de seguridad policial y militar.

“Un cuñado del abogado Andrés García, con quien tiene estrechos lazos de amistad y familiar, es el coronel (GNB) Edgar Romero, dueño del hato La Pelúa en San Rafael de Atamaica, estado Apure. Es por ello que la intervención de la GNB es a favor del hato Merecure”, dice un oficial.

Todas las denuncias están paralizadas por orden del gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate. Además, “el Cicpc trabaja para el hato porque el director nacional del Cicpc es amigo de ellos”, dice una de las víctimas en relación al comisario Douglas Arnoldo Rico González.

La fiscal séptima de Apure, Lorena Josefina Firera Morales, recibió las denuncias desde hace más de tres meses, pero no le ha dado curso, ignorando la declaración de la gran cantidad de productores y campesinos. “Los otros fiscales que obstaculizan la investigación contra el hato Merecure son Oswaldo de Jesús Rosales Luna, el fiscal 20, y la fiscal 4, Génesis Paola Crescini Farfán, quien ha estado relacionada sentimentalemnet al abogado del Merecure, Andrés García”, dice un ganadero en conversación con Infobae.

“Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), han criminalizado a la comunidad por robos de animales y habría actuado, ordenando: asesinatos selectivos, secuestros de niños, robo de sus animales, desaparición forzada, desplazamiento forzoso, tortura y tratos crueles e inhumanos, todos delitos de Lesa Humanidad, previstos así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

A diferencia de los antiguos dueños del hato Merecure, que es parte de la Productora Hernández S.A. (Prohesa) que adquirió Bracho a la familia Hernández quienes eran una familia muy respetada de tradición ganadera y quienes no se sabe por qué razón vendieron el hato y se fueron todos del país, el actual dueño, Luis Alberto Bracho Valbuena, es casi anónimo, vecinos de la zona dicen que pocas veces visita el hato y cuando lo hace es con numerosos escoltas fuertemente armados.

No hay fotografías públicas de Bracho y la única a la que Infobae tuvo acceso es de hace bastantes años. “Sí, es él, pero es una foto antigua”, dice una fuente que conoce al hombre de 54 años de edad.

Uno de los problemas principales con los habitantes de la zona es que los encargados del hato les impiden el acceso a las vías de paso, suponen que es para que no vean la existencia de pistas clandestinas que estarían siendo usadas por gente del narcotráfico.

En el bravío llano venezolano siempre existieron los “campo volantes”, hombres llaneros fuertemente armados, que andan a caballo custodiando las kilométricas extensiones de propiedad para la cual son contratados y controlar principalmente el abigeato. En el caso del Merecure además de los campo volantes prestan seguridad expolicías destituidos de las instituciones por conductas delictivas, además del apoyo que reciben de funcionarios activos.

Hay dos pistas autorizadas por el Estado en el hato Merecure, pero hay cinco pistas más clandestinas al servicio del narcotráfico, que están custodiadas por funcionarios del CICPC.

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