El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) pidió este viernes a la máxima instancia de justicia del país que conceda garantías para la realización del balotaje presidencial del 20 de agosto, mientras la Fiscalía allanó el partido de uno de los dos aspirantes, Bernardo Arévalo.
Un recurso presentado por el TSE ante la Corte de Constitucionalidad (CC) solicita que esta ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado garantizar la segunda vuelta presidencial, en la que se deben enfrentar Arévalo y Sandra Torres, ambos socialdemócratas, lo que pondría fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país.
El allanamiento del partido de Arévalo, Semilla, fue solicitado por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y ordenado por el juez Fredy Orellana.
La medida se suma a una serie de maniobras legales que han aumentado la incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones.
El TSE argumentó que existe “la amenaza cierta, futura e inminente” de que esas autoridades “vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad”.
El abogado y analista político Edgar Ortiz saludó en Twitter la acción del TSE “ante las persistentes amenazas al orden democrático y las intimidaciones de los órganos señalados”.
“Persecución política”
En medio del laberinto judicial en que se ha convertido el proceso electoral, la FECI allanó la sede central de Semilla “para obtener indicios que fortalezcan la investigación” por presuntas irregularidades en su creación en 2017, según argumentó el organismo.
Arévalo, que se hallaba en un acto de campaña en el departamento sureño de Retalhuleu, denunció el allanamiento como “parte de la persecución política de la minoría corrupta que sabe que está perdiendo el poder día a día”.
Tras la primera vuelta presidencial del 25 de junio, diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron y una polémica inhabilitación de Semilla (anulada un día después) han enturbiado la campaña al balotaje.
También dos allanamientos a oficinas del TSE y una orden de arresto a una aliada de Arévalo.
“Terror a perder el poder”
Las acciones de Curruchiche contra Arévalo y su partido son vistas en Guatemala y en el exterior como un intento de sacar de la contienda al hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951).
El jueves, la Fiscalía realizó un segundo allanamiento a la sede del TSE en seguimiento a la polémica investigación contra Semilla.
Además, el juez ordenó el arresto de la subdirectora del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) del TSE, Eleonora Castillo, por no acatar su cuestionada orden de inhabilitar al partido la semana pasada. Castillo goza de inmunidad, según el TSE.
Manfredo Marroquín, de la ONG Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, dijo a la AFP que “la población frustró” en la primera vuelta los “planes de continuidad” del actual sistema político que ahora “tiene terror a perder el poder”.
“Están en modo pánico y a toda costa están buscando hasta el último recurso en sus manos para frustrar el triunfo de Arévalo”, alertó.
En la lista Engel
Curruchiche fue incluido en 2022 por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en “actos corruptos y antidemocráticos”, a quienes se les prohíbe ingresar a esa nación. El miércoles fue añadido a la lista el juez Orellana.
La misma sanción tiene la fiscal general Consuelo Porras desde 2021, quien el año pasado fue ratificada en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei, quien debe entregar el cargo el próximo 14 de enero.
La misión de observación electoral de la Unión Europea consideró el jueves que las órdenes de captura y allanamientos “constituyen una acción impropia de un estado democrático y de derecho tendentes a subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio”.
La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA) considera al sistema judicial guatemalteco como el “brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a los opositores.
AFP
