La Ministra de Finanzas, Presupuesto y Planificación Nacional de Nigeria, Sra. Zainab Ahmed, presuntamente otorgó un contrato de recaudación de ingresos para el Gobierno Federal a una empresa extranjera que actualmente está siendo investigada por soborno, corrupción y delitos económicos en más de 14 países diferentes.
La empresa extranjera, SICPA SA con sede en Prilly, Suiza, ha sido acusada de diversas formas de sobornar fuertemente a funcionarios gubernamentales para obtener contratos en los diversos países donde opera e incluso está siendo investigada actualmente en varios otros.
Algunos de los 14 países son Egipto, India, Kazajstán, Pakistán, Senegal, Vietnam, Venezuela, Ucrania, Colombia y Brasil.
La investigación de la empresa, según se supo además, se ha extendido a varios países además de los mencionados anteriormente.
SICPA es un proveedor global de confianza de tintas de seguridad, así como soluciones seguras de identificación, trazabilidad y autenticación.
En apoyo de las investigaciones, se dijo que los agentes de seguridad suizos realizaron un registro en la sede de la empresa en Prilly, en los suburbios de Lousanne, Suiza, en 2016.
También se supo que debido a su participación en sobornos y corrupción a gran escala, existe una orden contra la empresa para cerrar sus operaciones en Brasil, además de la confirmación de varios otros procesos penales en curso en su contra.
Se conoció conoció que SICPA SA hizo su incursión en Nigeria en 2016 luego de que Kibo Laboratories LLC, con sede en Washington DC, Estados Unidos de América, presentara una propuesta no solicitada al Ministerio Federal de Finanzas, bajo la dirección del entonces Ministro de Finanzas, Kemi Adeosun, para la Adquisición, Desarrollo de Timbre Fiscal Electrónico y Sistema de Tabaco y Bebidas Alcohólicas y Otros Productos Tributarios en el marco de su programa fiscal y anticontrabando. Se supo que Kibo LLC en realidad presentó la propuesta no solicitada para una Asociación Público Privada (PPP) al Ministerio, pero los funcionarios del Ministerio secuestraron la iniciativa de la empresa, a pesar de la ley que regula todas las adquisiciones de PPP que establece claramente que los contratos deben adjudicarse en un ” primero en llegar, primero en ser atendido”.
En junio de 2017, después de que los representantes de SICPA SA y Kibo Laboratories LLC visitaran Nigeria por invitación del Ministerio Federal de Finanzas e hicieran presentaciones de las soluciones de seguridad automatizada de los sistemas de seguimiento y localización de sus empresas individuales que se implementarán para la recaudación de impuestos especiales, ante el entonces Ministro, ambas firmas fueron recomendadas a la Oficina de Contrataciones Públicas (BPP) y sus perfiles remitidos para la revisión de la BPP y posterior consideración para licitación selectiva para la Automatización de la recaudación de Impuestos Especiales.
Posteriormente, el BPP otorgó el Certificado de “No Objeción” de Debido Proceso al Ministerio Federal de Finanzas, según lo solicitado por el Ministerio, para adoptar el Método de Contratación Selectiva a favor de SICPA SA y Kibo Laboratories LLC, en septiembre de 2017.
Pero los funcionarios corruptos del Ministerio de Nigeria y SICPA SA presuntamente secuestraron todo el proceso y dejaron de lado a Kibo Laboratories, que presentó el programa al Ministerio e inició todo el proceso de adquisición.
Kibo Laboratories, se supo que pasó por todos los debidos procesos para el contrato con todas las agencias relevantes, incluido el Servicio de Aduanas de Nigeria, como lo demuestran documentos oficiales.
Sospechando de todo el proceso, Kibo Laboratories, a través de sus abogados, Tri-NASR Solicitors, Advocates and Legal Consultants, en noviembre de 2017, presentó una petición al Secretario Permanente del Ministerio Federal de Finanzas, alegando “desviación del proceso de adquisición”. Los abogados de Kibo Laboratories también copiaron la petición a la Oficina de Contratación Pública.
BPP en su respuesta a la petición, suspendió el proceso de contratación “hasta que la Oficina resuelva el asunto”. La respuesta del BPP a los abogados de Kibo Laboratories fue firmada por el Ing. Ishaq Yahaya, Director (Cumplimiento, Certificación y Monitoreo) del Director General de la Oficina.
Pero recientemente, funcionarios corruptos del Ministerio vendieron nuevamente SICPA SA a la Ministra de Finanzas, la Sra. Zainab Ahmed, como la única empresa que ejecutó el contrato de recaudación de ingresos.
La firma suiza, se recopiló, supuestamente está siendo utilizada como fachada por funcionarios corruptos del Ministerio, para desplumar al Gobierno Federal de Nigeria, sin que el Ministro lo sepa, de quien se dice que aprobó el contrato de SICPA SA.
Se dice que uno de los asesores especiales del Ministro que ocupó un lugar destacado en todas las “transacciones” relacionadas con la adquisición es el “intermediario principal” entre los funcionarios del Ministerio Federal de Finanzas y los funcionarios de SICPA SA.
Luego de este último desarrollo, el vicepresidente ejecutivo de Kibo LLC, el 8 de junio de 2022, envió otra petición al Ministro de Finanzas y otros funcionarios gubernamentales relevantes de Nigeria sobre el contrato de adquisición.
Pero mientras el Ministro de Finanzas aún no ha respondido a la última petición de Kibo LLC, se supo que funcionarios del Ministerio Federal de Finanzas han estado trabajando asiduamente en la clandestinidad para asegurar y perfeccionar el contrato para SICPA SA, la firma extranjera acusada internacionalmente que está al frente para que saqueen a Nigeria de los ingresos ganados con tanto esfuerzo.
Algunos documentos legales, incluidos los de la Sección Judicial de Río de Janeiro, 82 Juzgado Penal Federal, Ministerio Público Federal, Brasil, indicaron que SICPA SA ha sido procesada y también está siendo investigada múltiplemente por cohecho y corrupción de funcionarios públicos en el país sudamericano.
En Suiza, el propietario de SICPA SA, Phillippe Amon, también está siendo investigado de manera similar por soborno, corrupción y otros delitos económicos.
En Zúrich, la capital suiza, los fiscales del Ministerio Público de la Confederación (MPC) han extendido “la investigación por corrupción iniciada en 2015 contra el especialista en tintas de seguridad de Vaud al director general de la empresa”.
El propietario de SICPA SA es acusado de “corrupción de funcionarios públicos extranjeros”.
Sin embargo, la compañía con sede en Prilly se ha negado a comentar sobre un “procedimiento suizo que sigue su curso”.
La investigación del Ministerio Público, se supo, se refiere al supuesto pago de sobornos en varios países, “entre ellos Brasil y Colombia”.
La investigación iniciada por la fiscalía tiene como objetivo a SICPA SA, su dueño y jefe, así como a un exempleado.
Se dijo que los cargos contra un segundo empleado se retiraron en septiembre de 2020.
Este avance legal coincide con la firma por parte de SICPA en Brasil de un “acuerdo de clemencia” que implica el pago de un monto total de 762 millones de francos suizos (USD 135,5 millones) en multas y reembolsos, según un comunicado de prensa publicado por la empresa con sede en Vaud. . El pago se distribuirá en un período de 20 años.
El acuerdo firmado con la Contraloría General de la República y el Fiscal General Federal de Brasil, viene a sancionar las irregularidades constatadas en los contratos de servicios relacionados con el sistema de control de producción de bebidas (Sicobe).
También se dice que se están realizando varias investigaciones para establecer si Amon, propietario de SICPA SA, quien también es especialista en seguridad, pagó sobornos.
En Suiza, en los últimos seis años, la empresa SICPA Holding SA ha sido investigada por el Ministerio Público de la Confederación, que sospecha que la firma está sobornando a funcionarios públicos extranjeros.
Esta investigación, se pudo deducir, se extendió recientemente al director general y propietario de la empresa familiar, Phillippe Amon.
La existencia de un proceso penal en curso contra Amon, especialista en tintas de seguridad -proveedor del Banco Nacional Suizo, que emplea a unas 2400 personas en todo el mundo y con una facturación estimada en mil millones de francos- se conoce desde 2019, se conoció.
También se supo que el Ministerio Público Suizo de la Confederación (MPC) y SICPA confirmaron la existencia de una investigación dirigida a al menos dos personas, incluida, para el MPC, que se abrió contra Phillippe Amon, el propietario de la firma.
Actualmente, existen diversas investigaciones en diferentes países que buscan establecer si SICPA SA y su propietario, Phillippe Amon, en realidad sobornan activamente a los funcionarios para obtener contratos.
Por ejemplo, un caso abierto en Brasil estableció que un ex vicepresidente de la empresa había pagado $ 15 millones a un funcionario de impuestos durante cinco años y resultó en la condena del ex empleado de la empresa condenado a 11 años y medio. en la cárcel.
Se dijo que el procedimiento abierto contra SICPA terminó el 7 de junio con la celebración de un acuerdo amistoso por el cual la empresa reconoció haber realizado el pago pero se negó a admitir que conocía los motivos de estos pagos.
No obstante, SICPA SA pagó unos 135 millones de francos como multa.
Al comentar sobre el desarrollo, un experto financiero internacional, el Dr. Eben Nwachukwu, dijo: “Esto lamentablemente tiene que ver con la empresa que se presenta ante los funcionarios nigerianos. SICPA SA es una empresa que se utiliza en todo el mundo para destrozar economías; es notorio por esto. Las investigaciones han demostrado que esta empresa ha sido acusada por varios países y actualmente está siendo investigada. El modus operandi de la empresa es destruir por completo la economía de cualquier nación que acepte acogerla. No es de extrañar que la economía de Nigeria sea así a través de este tipo de funcionarios corruptos del Ministerio”.
Otro experto financiero, Kunle Olokodana, dijo que el Gobierno Federal debería intervenir urgentemente cancelando todo el proceso e invitando a nuevas propuestas.
Sin embargo, pidió al gobierno que castigue a todos los funcionarios del Ministerio involucrados en el escándalo para disuadir a otros funcionarios públicos corruptos.
Olokodana dijo: “Este proyecto ha estado en marcha durante casi siete años. g federales. El gobierno debe intervenir de inmediato en un espíritu de equidad, justicia y responsabilidad.
“Se debe cancelar todo el proceso y se deben invitar nuevas propuestas. Todos los involucrados deben ser severamente sancionados para disuadir a otros”.
