María Tardón, juez de la Audiencia Nacional de España, libró de responsabilidad a María Lila Bravo de Rincón, cuyo cónyuge fue condenado en enero de 2023 en Texas, por una trama de más de USD 1.000 millones en sobornos a empleados de Pdvsa; y negó, además, tomar testimonio a Nicolás Maduro en una de las piezas de la llamada macro causa sobre presunto blanqueo de capitales en territorio español, provenientes de la petrolera venezolana.
María Tardón, juez de la Audiencia Nacional de España, libró de responsabilidad a María Lila Bravo de Rincón – esposa del empresario Roberto Rincón Fernández– convicto y confeso en Estados Unidos por un esquema de sobornos a funcionarios de Pdvsa- y negó, además, tomar testimonio a Nicolás Maduro en una de las piezas de la llamada macro causa sobre presunto blanqueo de capitales en territorio español, provenientes de la petrolera venezolana.
La juez Tardón es la misma que acordó en 2022 cerrar proceso judicial contra Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, que también era investigado en la llamada macro causa, una de las investigaciones más grandes adelantadas en España relacionada con la estatal petrolera venezolana.
En la primera pieza de la macrocausa sobre Pdvsa, surgió el nombre de María Lila Bravo de Rincón, cónyuge de Roberto Rincón, quien fue condenado en enero de 2023 por decisión de un juzgado del Sur de Texas, por una trama en la que estuvieron en juego más de USD 1.000 millones en sobornos a empleados de la petrolera estatal venezolana.
En junio de 2018, la esposa de Roberto Rincón Fernández y su hijo, José Roberto Rincón Bravo, fueron detenidos en Madrid por funcionarios expertos en delitos económicos de la Policía Nacional por su supuesta vinculación con el blanqueo de capitales. Según el hallazgo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en una de las propiedades, Bravo de Rincón tenía en su poder un joyero valorado en 12 millones de euros: solo un anillo tenía un costo de 3 millones de euros y otro de 2,5 millones de euros.
Maduro no declarará
La otra decisión tomada recientemente por la juez española toca directamente al gobernante venezolano. Tardón consideró que Nicolás Maduro no aportaría “información -relevante para el adecuado esclarecimiento de los hechos”, por lo que rechazó que rindiera testimonio en el expediente sobre supuesto lavado de dinero de Pdvsa en España.
El pronunciamiento que releva a Maduro de prestar testimonio “como testigo o investigado”, también involucra a César Rincón Godoy, exgerente de la filial de Pdvsa, Bariven, de acuerdo a un auto del Juzgado Central de Instrucción N°003 de Madrid, que desestimó la solicitud de uno de los señalados, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa.
En el petitorio, Alvarado Ochoa argumentaba que, tanto Nicolás Maduro, en su condición de director miembro de la Junta Directiva de la estatal petrolera en 2012, como César Rincón Godoy, serían responsables de los hechos que se investigan, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española de junio de 2022.
Juez Española omite
Juez española omitió mencionar la vinculación de Bravo de Rincón con varias empresas creadas en Venezuela, Estados Unidos e Islas de Nevis, que han sido relacionadas con el caso.
Bravo de Rincón ejerció el cargo de primera vicepresidenta en la empresa Tradequip C.A., señalada en España de desfalcar a Pdvsa a través de la venta de sistemas de seguridad. Además, en la sentencia de sobreseimiento fue vinculada a la compañía Rush Cut Developers S.A., cuyo domicilio fiscal es P.O.Box 556, Main Street, Charlestown, Isla Nieves.
La mujer también ejerció el cargo de directora en la empresa Unit 45c Holding, LLC , que en 2015 adquirió un apartamento ubicado en Nueva York, valorado en USD 17.000.000.
El proceso que se llevó a cabo contra su esposo, Roberto Rincón en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos aportó otros datos que vincularían a María Lila Rincón. Según un documento definitivo de decomiso, de fecha 14 de diciembre de 2022, se ordenó que María Lila Bravo de Rincón y las empresas Skyes Investment Limited, Chapel International Limited, y Camelot Finance Limited fuesen declaradas en mora.
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