El Gobierno socialista declaró sus intenciones de revisar la reforma previsional de 2019 y dar marcha atrás con los cambios. Las medidas comprometen dramáticamente el déficit fiscal, un componente esencial para sostener las finanzas públicas del país.
La administración del presidente Lula da Silva confirmó que buscará apoyo parlamentario para volver a reformar el sistema previsional de Brasil, y llevar a cabo una revisión de la última reforma de 2019. El Gobierno pretende dar marcha atrás con las principales propuestas de la administración de Jair Bolsonaro.
El ministro de Seguridad Social, el socialista Carlos Lupi, afirmó que la revisión del sistema de pensiones tendrá como objetivo “aumentar derechos”, pero en la práctica se busca abandonar la disciplina fiscal del sistema, algo que podría poner en riesgo las pensiones de los jubilados en el futuro.
La reforma previsional de Bolsonaro estableció un tiempo mínimo de contribución al sistema de 20 años para los hombres y 15 para las mujeres. Al mismo tiempo, la edad jubilatoria aumentó de 60 a 62 años para las mujeres, y 65 años para los hombres. La reforma le permitió al Estado un ahorro 870.000 millones de reales para una estimación de 10 años, y garantizaba la estabilidad sobre las finanzas públicas de Brasil en el largo plazo.
La reforma le permitió al Gobierno de Bolsonaro llegar al superávit fiscal primario en 2021, incluso a pesar del shock provocado por la pandemia en 2020. La disciplina fiscal garantizó la independencia al Banco Central de Brasil, y este hecho fue crucial para concretar la estabilidad de precios.
Todos estos consensos son amenazados por el Gobierno de Lula. El Ministro Lupi afirmó sin temor a equivocarse que “el sistema previsional no es deficitario” y minimizó el problema, a pesar de que las pensiones ocupan el primer lugar en los gastos primarios del Gobierno federal.
El retorno al sistema previsional anterior equivaldría a arrojar un costo fiscal por US$ 217.500 millones en los próximos 10 años, en un momento extremadamente delicado para el acceso al mercado de crédito internacional por el alza de las tasas de interés.
El costo del endeudamiento es cada vez más elevado para países emergentes, incluso para un país con bajo riesgo como Brasil. Pero todas las medidas fiscales de Lula apuntan a desequilibrar las finanzas públicas.
El Presidente decretó el aumento del techo de gastos por un valor de US$ 28.000 millones para el período fiscal 2023, restableció el programa “Bolsa Familia”, anuló todas las privatizaciones previstas (anulando todos estos ingresos), amplió la cantidad de Ministerios de 22 a 37 y anunció la extensión de la desgravación impositiva a los combustibles. El paquete de medidas amenaza con elevar drásticamente el déficit en el primer trimestre de 2023.
Los mercados reaccionaron negativamente al abandono de la disciplina fiscal. El Real se devaluó un 3,8% en las primeras 3 rondas del 2023, y la Bolsa de Sao Paulo inició la apertura del año con una retracción del 3%, para luego volver a caer un 2% en la jornada del martes.
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