El presidente socialista eliminó un total de 11 importantes compañías estatales del Programa Nacional de Privatización articulado por la administración anterior.
Luego de haberlo anunciado en su toma de posesión, el presidente socialista Lula da Silva finalmente firmó el decreto que anula las 11 principales privatizaciones previstas por la administración de Jair Bolsonaro, abortando así un proceso de inversión y capitalización en áreas estratégicas como la energía y las telecomunicaciones.
Aunque las privatizaciones de Bolsonaro fueron sancionadas por el Congreso y discutidas en el marco de la pluralidad de voces con distintos partidos políticos, el decreto del presidente Lula no se contrastó con ningún tipo de debate frente a la opinión pública.
Concretamente, y a partir del decreto, se terminó la exclusión del Programa Nacional de Privatización de las siguientes firmas estatales:
- Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT)
- Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC)
- Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (Dataprev)
- Nuclebrás Equipamentos Pesados SA (Nuclep)
- Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro)
- Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Aval SA (ABGF)
- Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada SA (Ceitec)
- Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab)
- Compañía Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural SA (CBAPGN)
- Pré-Sal Petróleo SA (PPSA)
- Telecomunicaciones Brasileiras SA (Telebras)
El Gobierno promete reforzar el rol y la intervención de las empresas estatales en la economía, por lo que el Estado deberá asumir importantes costos en materia de catalización por sobre las pesadas obligaciones que ya tiene (Brasil se encamina a perder el superávit primario heredado de Bolsonaro).
Solamente en lo que va de la gestión del socialismo, el superávit operativo de las empresas del Estado se redujo del 0,08% del PBI en diciembre de 2022 al 0,02% en febrero de este año. Este resultado está en línea con la disminución general del superávit primario, que se redujo del 0,55% del PBI al 0,37% en el mismo período.
Tan solo el anuncio de las disposiciones predicó una reacción adversa en la Bolsa de Sao Paulo en la primera apertura del 2023, cayendo un 3,22% y retrocediendo a los 106.202,63 puntos al cierre de la jornada. Los mercados se anticiparon a la confirmación oficial de las medidas estatistas de Lula, previendo un cambio de régimen económico en el país.
Entre el revés bursátil por el resurgimiento del pesimismo inversor, destacó el caso de la firma Petrobras (la privatización más ambiciosa programada por Bosonaro), cuyas acciones se desplomaron un 6% en la primera rueda financiera del año.
La privatización no solo habría permitido atraer un gran flujo de inversiones, sino que habría reorganizado el target de ventas de la empresa para enfocarse en la exportación valiéndose del alza de los precios internacionales (Brasil podría haber aumentado su participación en el comercio internacional), pero bajo la administración estatal tendrá una orientación más bien cerrada hacia el mercado interno.
No conforme con esto, el Gobierno socialista formuló un proyecto (esta vez sí recurriendo al Congreso) para boicotear la desregulación y la apertura a la inversión de la actividad minera en el país, restringiendo la conformación de tierras legalmente habilitadas para el desarrollo de esta importante actividad. La medida supone una menor generación de divisas, menos exportaciones competitivas y menos puestos de trabajo formales en las regiones afectadas.
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