La agenda del Presidente socialista desbarató la disciplina fiscal, avanza contra la independencia de la política monetaria, y por decreto canceló todas las privatizaciones programadas por la administración anterior. Brasil entierra el sendero liberal y vuelve a abrazar el socialismo.
El presidente Lula da Silva cumplió sus primeros 100 días en el poder este lunes, como parte de su tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo del país. Bajo su liderazgo, Brasil avanza en la dirección diametralmente opuesta a la que dio su predecesor Jair Bolsonaro, entierra el sendero reformista que pretendía converger hacia una economía liberal, y vuelve a abrazar las ideas intervencionistasy socialistas.
Lula patrocinó el slogan “Brasil volvió” como una manera para definir la obra de sus 100 primeros días de Gobierno, pero lo que realmente hace Brasil es aislarse cada vez más de los mercados internacionales, la inversión y los organismos de crédito multilaterales. El Presidente criticó el rol del FMI y los mercados financieros, demostrando más bien que “Brasil se va” del organigrama de la economía mundial.
La reforma fiscal y los nuevos impuestos
Tras la estrecha victoria electoral en los comicios de 2022, Lula logró el respaldo legislativo para aprobar el levantamiento del techo de gasto público previsto por Bolsonaro para el año fiscal 2023. El Gobierno fue facultado para expandir el gasto en más de 145.000 millones (28.000 millones de dólares) de reales adicionales a los programados por las asignaciones presupuestarias anteriores.
De hecho, el proyecto original del socialismo pretendía elevar el límite hasta los 198.000 millones de reales y postergar las reglas fiscales de Brasil hasta 2026, pero el proyecto efectivamente aprobado por el Congreso solo permite hacerlo como medida de excepción para este año. La férrea oposición de los diputados y senadores bolsonaristas fue fundamental para detener la ofensiva despilfarradora.
Entre otros programas, el aumento de los gastos suponen la reintroducción del programa “Bolsa Familia” (nuevamente renombrado con ese mote). El presidente Lula hizo permanentes los subsidios que ya estaban presentes, y agregó un pago adicional por R$ 150 por cada hijo de hasta 6 años de edad además del pago de los R$ 600 existentes.
Pero los nuevos gastos programados no encontraron su debida contraparte en más ingresos genuinos, por lo que Brasil perderá el superávit primario heredado por Bolsonaro, un hecho que fue confirmado por el propio ministro de Economía Fernando Haddad.
El déficit financiero del Gobierno nacional (sin Estados locales ni municipalidades) aumentó al 4,55% del PBI en febrero de 2023 y fue el más alto de los últimos 7 meses. El resultado sin intereses aún sigue siendo superavitario, pero representó el 0,56% del PBI en febrero y recayó al nivel más bajo observado desde junio del año pasado.
El ministro Haddad se comprometió con un límite de déficit primario del 0,5% del PBI, admitiendo así que las medidas erradicarán el superávit heredado, pero las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que en realidad el rojo primario federal podría superar el 0,8% del PBI para fin de año (un 60% más de lo que promete el ministro de Economía).
La más reciente apuesta impositiva del oficialismo fue la introducción de retenciones “temporales” a la exportación de petróleo con una tasa del 9,2%. La medida es extremadamente distorsiva, atenta contra la producción nacional y la generación de divisas, y como respuesta las principales petroleras en el país anunciaron el cese de la inversión.
Las críticas a la independencia del Banco Central y las medidas de intervención
Lula criticó públicamente la ley de autonomía del Banco Central sancionada e impulsada por el expresidente Jair Bolsoanro, un elemento que fue fundamental para explicar la baja de la inflación que hoy disfruta el país. Garantiza que la autoridad monetaria puede decidir libremente sus objetivos de tasa de interés u otros instrumentos de intervención, exclusivamente atendiendo a sus propios objetivos y sin injerencia del poder político de turno.
Si bien no tiene el consenso parlamentario para erradicar la ley, el Presidente ya designó a dos nuevos integrantes para la Junta Directiva de la institución, y ambos representarán la postura del oficialismo: el Gobierno descree de la lucha contra la inflación y puja por una rebaja de la tasa SELIC de política monetaria (actualmente fijada en el 13,75% anual).
Asimismo, y aún sin poder intervenir directamente en la ley, la falta de disciplina fiscal condiciona el efecto real de la política monetaria a través del canal de las expectativas. Sin ordenamiento fiscal y en presencia de déficits crónicos, la credibilidad del Banco Central se deteriora porque se especula con posibles rescates monetarios en el futuro.
Anulación de todas las privatizaciones programadas para 2023
Ya habiendo anunciado en su primer discurso de apertura, el Presidente efectivizó su amenaza por terminar con todas las privatizaciones programadas por la gestión anterior. Esto incluye la venta de la Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC), la Compañía Brasileña de Administración de Petróleo y Gas Natural SA (CBAPGN) y Telecomunicaciones Brasileiras SA (Telebras) entre las más importantes.
Pero sin lugar a dudas, la cancelación más importante de todas es Petrobras. La privatización de esta empresa prometía ser la más grande de la historia de Brasil, un hecho que ni siquiera pudo darse en la primera oleada privatizadora durante la década de 1990.
El superávit operativo del conjunto de las empresas estatales federales representó el 0,02% del PBI en febrero de 2023, un 75% menos en comparación al 0,08% registrado en el último mes de la gestión de Jair Bolsonaro.
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