La trama de corrupción descubierta a raíz del proceso judicial abierto por la justicia estadounidense contra los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera, parece haber desatado una cadena de denuncias —o venganzas— en el seno de la estatal petrolera PDVSA que amenaza —todo en apariencia así lo indica— con no tener fin, por lo que un etcétera de casos, funcionarios, exfuncionarios, empresas y relacionados, pudiera seguir saliendo a la luz, revelando el carácter corrupto que se ha instituido en la que, aún, se erige como la principal industria del país.
El caso de la empresa Tradequip se constituyó en un escándalo que puso de manifiesto la corrupción que se ha instalado en Petróleos de Venezuela y todas sus filiales casi como una filosofía, como un mecanismo de funcionamiento que se ha impuesto en los casi veinte años que el chavismo ha ocupado el poder en Venezuela, toda vez que en la estatal petrolera —como en todos los organismos y dependencias gubernamentales— rige el secretismo que ha operado como política de estado y que impide que los controles naturales de toda sociedad democrática operen para impedir este tipo de conductas delictivas.
Hubo de actuar la justicia estadounidense para castigar las operaciones de legitimación de capitales mal habidos que Roberto Rincón, propietario de Tradequip y su socio, Abraham Shiera, implementaron en suelo norteamericano, para que en Venezuela surgieran las voces de alerta acerca de la situación irregular que melló el patrimonio de PDVSA en más de mil millones de dólares. Sin embargo, quedan las dudas acerca de las verdaderas razones que mueven estas acciones de aparente justicia que se ha desatado en el seno de la estatal petrolera.
Tradequip es una empresa surgida como un negocio de carácter familiar y registrada el 21 de septiembre de 1988, se creó con el objetivo de comprar, vender y distribuir equipos para la industria petrolera, marina, entre otras.
Para el año 1992 abre operaciones en Maturín y Barinas y se encarga de la dotación e inspección de equipos para trabajos marítimos.
Esta empresa igualmente posee una sede en Houston, desde donde presta servicios y equipos a Pdvsa Services International y a Bariven.
En el historial empresarial de esta firma, se han sucedido varios eventos que los han llevado a los tribunales. Por ejemplo, para mayo de 2015, Tradequip conjuntamente con Incenter —dirigida por el empresario Antonio Canaves— demandaron al Novo Banco de Portugal por 81 millones de euros por presuntas deudas de la entidad financiera luego de que ambas compañías decidieran reinvertir 30 por ciento (Incenter) y 50 por ciento (Tradequip) en cartas de crédito. El Novo Banco de Portugal sucede al antiguo Banco Espírito Santo que cerró sus puertas en 2014.
La demanda en cuestión establece que a Tradequip le corresponden 71,4 millones de euros, mientras que a la Consultora y Constructora Incenter, la cantidad de 9, 3 millones de euros.
Pues bien, ya en el caso que nos ocupa, las dudas surgen cuando se advierte que pese a que en junio de 2016, el propietario de esta empresa, Roberto Rincón se declaró culpable en la corte federal de Houston en la que ha sido procesado por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al admitir su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos de PDVSA como lo reseñó RunRun.es el 16 de junio de 2016[1], la compañía, al parecer, continuó manteniendo relaciones con la petrolera estatal.
Esto se desprende de una información suministrada por el fiscal general de la república designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, quien anunció en agosto de 2017 que retomaría las investigaciones de los casos corrupción en PDVSA, especialmente en lo referido a las contrataciones para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el listado de las empresas citadas por el funcionario, aparece Tradequip, C.A.[2]
La nota detalla las investigaciones periodísticas que señalan que Roberto Enrique Rincón Fernández, continuaba figurando, a la fecha de la publicación, como el presidente y fundador de la compañía “inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 75, Tomo 62-A, del 21 de septiembre de 1988. A pesar de su detención y de las pérdidas económicas que generó el esquema de corrupción a PDVSA, la empresa sigue activa y logró conseguir contratos en Pequiven, en la Faja Petrolífera del Orinoco, Petroboscan y Petróleo independiente. Sin embargo, en el Registro Nacional de Contratistas aparece como inhabilitada para trabajar con el Estado”.
Roberto Rincón, nacido el 14 de agosto de 1960, es un empresario del sector petrolero, natural del occidente venezolano (Zulia), quien hasta agosto de 2014 estuvo residenciado en Houston, fecha en que mudó a Madrid.
De la capital española, decidió viajar el 19 de diciembre de 2015 nuevamente a Houston y fue cuando a sólo una jornada de estadía en la ciudad texana, fue detenido por las autoridades estadounidenses que lo acusaron del delito de lavado de dinero, causa por la cual fue presentado en la Corte del Distrito Sur de Texas, el 21 de diciembre, reseña el portal Poderopedia[3].
Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, las cuales adquirieron gran importancia en el mercado petrolero venezolano durante el paro petrolero que tuvo lugar de diciembre 2002 a febrero de 2003, pues se convirtieron proveedores confiables de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.
Se le vincula a Hugo Carvajal, debido a que en 2014 este se trasladó a Aruba en un avión propiedad de Global Air Services Corp, empresa en la que José Roberto Rincón, su hijo, funge como gerente. Durante ese viaje, Carvajal fue detenido en la isla caribeña, en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. El Reino de los Países Bajos terminó reconociendo tres días después, la inmunidad diplomática que previamente había desconocido un tribunal de Aruba.
La sentencia de Rincón se espera conocer en febrero de 2018, según se ha informado en los predios tribunalicios.
Cabe destacar que junto a Rincón también fue acusado el Abraham Shiera, con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien en sociedad con el primero, conspiraron para cometer fraude y lavado de capitales en territorio de los EE. UU., mediante sobornos a, por lo menos, cinco personas ligadas a PDVSA.
Poderopedia reseña que Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix, de la cual es propietario del 51 por ciento de las acciones y la cual se dedica a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, que mantiene contratos con PDVSA. El Registro Nacional de Contratistas la refleja como que «No presenta una situación financiera razonable» y como inhabilitada para contratar con el Estado.
Shiera fue capturado el 19 de diciembre de 2015 en Miami, acusado por cargos de presunto lavado de dinero. Su defensa solicitó en enero su libertad, pero un juez de la corte de Miami ordenó su traslado a Texas. El 22 de marzo se declaró culpable de dos de los 18 cargos en su contra y, además, recibió libertad condicional mientras espera del juicio. En el libelo se desestimaron casi todas las acusaciones en su contra, salvo las de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas respectivamente[4], reseña Poderopedia.
El empresario habría negociado con la fiscalía entregar gran parte de la fortuna que logró amasar, al tiempo que se comprometió a contribuir con la investigación, por lo que, para nada, debe entenderse que fuera inocente de los cargos desestimados.
Miami Diario informó el 11 de octubre de 2017 que Fernando Ardila Rueda, copropietario de varias compañías de energía con sede en Florida, igualmente admitió su culpa por cargos de soborno dentro del plan para obtener contratos corruptos de PDVSA.
Se espera que para febrero de 2018 el juez federal, Gray H. Miller, del Distrito Sur de Texas, dé a conocer su sentencia.
Ardila conspiró, junto a Shiera Bastidas y Rincón Fernández, para sobornar a los analistas de compras de PDVSA y obtener jugosos contratos con la petrolera estatal venezolana.
“De 2008 a 2014, mientras era director de ventas, gerente y copropietario de varias de las compañías de Shiera, Ardila proporcionó entretenimiento y ofreció sobornos a funcionarios de PDVSA, basándose en un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las compañías de Shiera”[5], se lee en la nota de Miami Diario.
Los cómplices necesarios
Según denuncias llegadas a nuestras manos, Roberto Rincón logró adjudicarse decenas de contratos luego del paro petrolero, pese a que sus condiciones y precios superaban otras ofertas que, de anteojo, resultaban más convenientes para PDVSA.
Con el favor de personal interno de PDVSA en oficinas de Houston, Holanda, China y Argentina, Tradequip logró adjudicarse contratos de compras internacionales que pasaban por los ojos del ingeniero Gustavo Oses, gerente de servicios técnicos, cuyo visto bueno era imprescindible para aprobar las adquisiciones.
El nombre de Oses, refiere El Pitazo en nota aparecida el 7 de enero de 2017, ha surgido en varias investigaciones que dan cuenta de la informalidad con que era manejada la referida Gerencia de Servicios Técnicos. “‘Había empresas que eran aplazadas en el análisis financiero, tenían poca trayectoria, eran inscritas y a pesar de eso se les asignaban órdenes voluminosas, aun cuando estaban catalogadas como OTV (One Time Vendor, empresas sin una curva de experiencia). El volumen de registro era inmenso; cada vez habían más solicitudes de registro de empresas internacionales’, decía la fuente consultada a propósito de que se había revelado la existencia de una oficina paralela en Bariven que operaba para favorecer este tipo de delitos”, se lee en la publicación de El Pitazo[6].
Explica la información que corrobora los datos suministrados por nuestras fuentes, que tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera, contaron con la complicidad de otros socios y de personal de PDVSA y cita a Moisés Millán como su asociado y a José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas y Alfonzo Eliezer Graviña Muñoz, como los empleados de la petrolera que los ayudaron a tejer el entramado de corrupción por el cual se hicieron de más de mil millones de dólares en contratos obtenidos a través de sobornos y manejos fraudulentos.
Pero aún con la ayuda de estos funcionarios, se requería de la colaboración de directivos por cuyas manos debían pasar los contratos para ser aprobados. Es decir, el papel de Ramos Castillo, Maldonado Barillas y Graviña Muñoz era necesario, pero no suficiente. Para que la “operación” pudiera concretarse, era imprescindible el concurso de directivos de las “gerencias claves, como la de Finanzas o Servicios Técnicos [que] tuvieron un peso importante en este y otros casos. Para la fecha en la que se cometieron estos actos de corrupción, alrededor de año 2012, Javier Alvarado fungía como presidente de Bariven, la filial encargada de procura de bienes y servicios a la estatal Pdvsa. Alvarado antes fue el presidente de Corpoelec y viceministro de Electricidad. Se le menciona como el responsable de entregar contratos para la construcción de plantas eléctricas a una empresa sin experiencia, Derwick Associates, cuyos socios son amigos de su único hijo varón”, reza la nota de El Pitazo.
Tanto Ramos, como Maldonado y Graviña se declararon culpables de haber aceptado sobornos —mientras trabajaron en PDVSA o sus subsidiarias o filiales— de parte de Shiera y Rincón en la obtención de contratos energéticos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Ramos, Maldonado y Graviña admitieron también que conspiraron con Shiera y Rincón para lavar las ganancias de esa trama de sobornos”[7], refiere el portal Efecto Cocuyo en nota aparecida el 23 de marzo de 2016. Pero Graviña también admitió su culpa por declarar falsamente en su declaración de impuestos de 2010 al no dar a conocer sus ingresos por esta vía fraudulenta.
No es la única
Pero señalar a Tradequip como la única beneficiaria de este tipo de operaciones fraudulentas sería no solamente injusto, sino también insuficiente al estarse dejando de lado a decenas de empresas que, según investigaciones de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, habrían estafado a la estatal petrolera nacional.
El ente legislativo elaboró una lista de 37 empresas que habrían participado del mismo esquema de corrupción que el empleado en el caso de Tradequip y a través del cual más de 3 mil millones de dólares habrían sido esquilmados al erario de Petróleos de Venezuela.
“En tres de estas compañías aparecen los nombres de los empresarios Pietro Micale y Ernesto Luis Guevara, ambos con operaciones en la zona petrolera del oriente del país. Se les vincula a Incenter Corp., Energy Logistix Inc., y G&B Global Group Inc., las dos últimas conectadas con Charles Beech e investigadas ahora por la Fiscalía de EE. UU.
Refiere la información que Beech es propietario de Snubbing Venezuela, C.A., en la que es socio a partes iguales con Pietro Micale.
“Lo propio ocurre con Hydraulic Pressure Control, LLC. La empresa estadounidense fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, trámite necesario para poder contratar con el Estado venezolano. Allí Beech divide a partes iguales el paquete accionario de la empresa con su socio Ernesto Luis Guevara. Al ser una empresa extranjera que opera en Venezuela, cobraría sus obras en dólares”, agrega El Pitazo.
No es la primera vez
Ya el mismo portal, El Pitazo, había denunciado en ocasión anterior la existencia una oficina satélite de Bariven que operaba en el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding, la cual se encargaba de la non sancta tarea de otorgar, de manera fraudulenta, millonarios contratos a empresas. Más de mil sociedades habrían resultado favorecidas con este esquema corrupto, entre ellas, oh sorpresa, las pertenecientes a Roberto Rincón, Abraham Shiera y Joseph Benoudiz. Este último, usurpó la identidad del gigante chino Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD para hacerse de los millonarios contratos de PDVSA.
El resultado de la investigación de El Pitazo apareció el 7 de agosto de 2016 como producto del análisis de una serie de documentos y testimonios que se filtraron al medio, referidos a las gestiones de George Kabboul, de 2008 a 2009, y la de Javier Alvarado, entre 2009 y 2013.
“Analistas de compras, operadores y gerentes de Bariven crearon un sofisticado sistema que les permitió favorecer a las empresas por ellos escogidas para otorgar a discreción jugosas órdenes de compra y contratos. Este esquema revela la base en la cual se sustentan los sonados casos de corrupción de los que ha sido víctima la principal industria petrolera del país”, refiere el reporte que advierte de que para que tal esquema pudiera ser posible se requirió del concurso del núcleo informático de la empresa encargada de procura de Bariven, así como de la complicidad de las gerencias encargadas de las finanzas, servicios técnicos, compras y control interno.
Esto benefició fraudulentamente a más de un millar de empresas sin experiencia y de maletín, creadas sólo con el objetivo de obtener los contratos de compras millonarias infladas con enormes sobreprecios.
“Tres etapas conforman esta nueva irregularidad: la creación de una oficina satélite de Bariven a través de la intervención del sistema administrativo SAP para realizar compras internacionales, cuando originalmente estas órdenes se generaron desde Venezuela. La inclusión de una lista con más de 1.200 empresas amañadas para asignarles las órdenes de compras con el sello de Pdvsa Services Bv (Bariven-Holanda) desde el piso 10 del complejo empresarial Eurobuilding —donde operaban las oficinas administrativas de Bariven Venezuela— y, finalmente la venta de productos con sobreprecios por parte de estas empresas, algunas facturadas con incrementos por más del 300%”[8], explica el reportaje de El Pitazo.
Bariven es un despacho de PDVSA que se encarga de realizar las compras nacionales e internacionales para la estatal petrolera. Las compras nacionales se llevan a cabo a través de las oficinas regionales en Venezuela, mientras que las que tienen lugar extra fronteras, se realizan por intermedio de sus oficinas en Houston y Holanda. La adjudicación de compras internacionales desde Venezuela en el esquema diseñado aquí denunciado, violó las normas que regulan las operaciones de adquisición de bienes y servicios en la industria petrolera.
Este esquema de corrupción hizo posible que 4 mil millones de dólares terminaran en las arcas de tan sólo 23 empresas del total las 1.272 empresas con código OTV, que aplica en el caso de coyunturas o emergencias, de tal manera que las empresas puedan hacer un solo suministro de material. Entre las referidas 23, figuran Liaoning Northen SteelPipes, Co LTD, inscrita por Joseph Benoudiz (la que sirvió para el caso de usurpación de identidad citado líneas arriba) y por el cual recibió más de 50 millones de dólares en órdenes de compra.
Derwick Associates, S.A, también logró adjudicarse por esta vía más de 200 millones de dólares en venta de equipos con sobreprecio a Bariven durante la crisis eléctrica de 2010.
Reacciones tardías
Tuvieron que transcurrir varios años para que el entonces (agosto de 2017) presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, girara instrucciones al vicepresidente de la estatal, Simón Zerpa, y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez, para que bloquearan preventivamente a diez empresas en todo tipo de operaciones que incluían pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco, refiere el portal Venezuela Política[9] el 31 de agosto de 2017.
Entre estas empresas figura Tradequip, que como las otras, habría pagados sobornos a funcionarios de PDVSA para hacerse de contratos de proveeduría con gran sobreprecio.
La citada página, además, hace referencia a otras empresas de la lista Del Pino, comenzando por Metro Emergencias Equipo Petroleros, propiedad de Franco Tortolani, señalado por supuestamente haber pagado sobornos para lograr contratos millonarios en varios entes del Estado venezolano.
Luego está Derwick Associates, acusada de instaurar un esquema de corrupción por el cual pudo obtener doce contratos durante la administración del finado expresidente, Hugo Chávez, para construir plantas de energía. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York desestimó las demandas por contratos que sumarían entre 2009 y 2010, un billón de dólares.
Del mismo modo, en la lista aparece la Constructora Urbano Fermín, Cuferca, igualmente acusada de obtener contratos con sobreprecio por parte de le estatal petrolera.
El dueño de esta firma es Carlos Enrique Urbano Fermín, en sociedad con Nelson Bustamante, Carlos Enrique Hernández Zamora y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín. Pero no solamente PDVSA habría otorgado contratos de manera fraudulentas a esta compañía, sino también del alcalde de Guanta, Jhonathan Marín.
Eulogio del Pino también ordenó el bloqueo de Nalco Venezuela SCA; Cooperativa Servicios de Oriente; Sumservi 2021 C.A., Servicios, Constructores y Mantenimiento Romana; SDV Energía Infraestructura.
Represalias internas
El pasado 26 de octubre de 2017 se conoció del arresto del presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), exvicepresidente de Exploración y Producción, junto a otros diez gerentes de PDVSA, por parte de una unidad especial de contrainteligencia.
La acción se produjo por instrucción del Ministerio Público que venía investigando algunos casos de corrupción, específicamente, por haber recibido sobornos.
Se trata de Orlando Chacín, encargado de dirigir la filial para empresas conjuntas con socios extranjeros, mano derecha del expresidente de Eulogio Del Pino, expresidente de la estatal y actual ministro de petróleo. Los otros ejecutivos detenidos formaban parte de Petropiar y Petrozamora que operan junto a Chevron Corp y la rusa Gazprombank. A estos funcionarios se les acusa de incurrir en sobreprecios y por la no ejecución de proyectos planeados, refiere el portal Noticias Candela.
Sin embargo, fuentes cercanas a Petróleos de Venezuela advierten que tales acciones distan mucho de estar dirigidas al saneamiento de la principal empresa venezolana, sino más bien que obedecen a retaliaciones y a guerras internas por el control de la compañía que ahora se encuentra bajo la tutela de Nelson Martínez, un veterano ejecutivo que reemplazó a Eugenio Del Pino.
“Otros ejecutivos prominentes de PDVSA bajo [la gestión de] Del Pino han sido detenidos desde entonces, incluidos Pedro León, un poderoso ejecutivo que dirigió el desarrollo de la empresa en el cinturón del Orinoco, y Gustavo Malavé, jefe de la compañía para la región occidental”[10], se lee en la nota.
La versión oficial referida en una información de la página oficialista Misión Verdad dice que a Chacín se le imputan los delitos de asociación para delinquir, obstrucción de la libertad del comercio, concierto de funcionario con contratista, peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción y el Código Penal.
El resto de los detenidos están acusados de sabotaje, a saber, Luis Gerardo Martínez Cardozo, superintendente de tratamiento de crudo; Adolfo Ramón Artigas, técnico de laboratorio; Hirto Manuel Hurtado, técnico de movimiento de crudo; Raibeth Atencio, líder de contabilidad de crudo; Jalar Antonio Granado Rodríguez, superintendente de operaciones de tanque; y Noria Alberto Perozo Villanueva, representante del Ministerio Energía y Minas.
Asimismo, Carlos Pereira, supervisor de compras de paradas de planta; Carlos Bello Romero, supervisor de analistas de compras de paradas de planta; Luis Alberto Olivier, superintendente de prevención y control de pérdidas (PCP); y Abraham Valentino Lezama, supervisor de materiales de paradas de planta; todos pertenecientes a Petropiar, fueron aprehendidos por el caso de los contratos con sobreprecio otorgados a través de empresas mixtas que operan en la Faja del Orinoco[11].
Acciones en Bariven
El 2 de noviembre de 2017, la fiscalía general de la república informó de la detención del presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez, acusado por corrupción. Igualmente se detuvo al gerente de servicio técnico de la empresa, Joaquín Torres, y al analista de compras, Javier Sosa, informó El Nacional.
Los cargos imputados son asociación para delinquir, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios.
La fiscalía precisó que de enero a septiembre de este año “se registraron en contratos de Bariven 1.300 alertas de sobreprecio en bolívares y 76 en dólares (…) Estos sobreprecios oscilan entre 100% y 98.000%»[12].
El Ministerio Público indicó que los montos objetados superan los 10 mil millones de bolívares y los 119 millones de dólares, sobreprecios en los que aparecen recurrentemente las mismas empresas, incluso, aun cuando no calificaban o no tenían registro.
Y nuevamente el caso de Roberto Rincón apareció en escena pues, de acuerdo a la fiscalía, las irregularidades en este caso se vinculan al empresario zuliano propietario de Tradequip.
También perteneciente a la nómina de Bariven, el exgerente de adquisiciones de dicha empresa, Ramiro Farit Rodríguez, fue detenido —según informó el Ministerio Público— el 11 de abril de 2017, acusado por el delito de peculado doloso.
La fiscalía informó en nota que replicó Finanzas Digital el 11 de abril de 2017, que Rodríguez “aprobó la solicitud de compra de materiales relacionada con la adquisición de dos monoboyas por un monto de 51 millones de dólares americanos”[13], equipos que fueron instalados por una empresa diferente a la contratada, por 26 millones de dólares.
Ya por el mismo caso, la fiscalía imputó a los presidentes de las subcontratistas Guevara Training C.A. y Castillo Max Oil and Gas, quienes habrían cobrado facturas con sobreprecio en la adquisición e instalación de los equipos.
La lista de empresas y funcionarios, exfuncionarios y relacionados con hechos de corrupción de diversa índole parece interminable. Muchos son sólo una cadeneta en la cual, uno y otro, terminan vinculados, tal es el caso de Tradequip, Roberto Rincón y Abraham Shiera, que pareciera haber penetrado en todas las instancias de PDVSA dado el largo etcétera que se mantiene desde que fue descubierto. La pregunta que siempre quedará sin respuesta —al parecer— es si tales acciones responden a un auténtico interés de aplicar justicia o, como ya se dijo anteriormente en estas páginas, solamente se trata de retaliaciones y pases de factura entre facciones internas que pugnan por mantener el poder en la que, por ahora, continúa siendo la principal empresa del país.
