La dictadura comunista enfrenta un importante deterioro de su poder político tras el estallido de la crisis económica más fuerte en 30 años. La economía planificada entró nuevamente en crisis.
El régimen de Miguel Díaz-Canel no encuentra soluciones concretas al segundo colapso de la economía planificada en Cuba, luego del ya producido en la década de 1990 bajo el llamado “período especial”.
La dictadura debió abandonar la convertibilidad del peso cubano para ciertas actividades orientadas al comercio exterior, y adoptar una agresiva política de expansión monetaria para financiar los desequilibrios siderales incurridos. Este proceso provocó un violento rebrote inflacionario que repercutió a lo largo y ancho de la isla.
Las estadísticas oficiales de la dictadura reconocen que la inflación minorista superó el 40% interanual al término de noviembre del año pasado, un relevamiento sobre una canasta cuidadosamente seleccionada y controlada por las autoridades.
Asimismo, los precios oficiales ya habían alcanzado un aumento interanual del 77,3% en diciembre de 2021, y los aumentos mensuales correspondientes a los últimos dos registros disponibles fueron superiores al 4%.
Pero así como ocurrió en otras economías centralizadas, la medición de la inflación por precios oficiales no representa la realidad porque los faltantes en las góndolas impiden el acceso normal a los bienes. Las mediciones alternativas sugieren que el proceso inflacionario es, de hecho, mucho más brutal de lo que admite el régimen.
El economista Steve Hanke estima que la inflación de Cuba escaló al 130% interanual al término del año 2022, una medición que toma en cuenta el valor del tipo de cambio paralelo en la isla. En la práctica, el acceso a los bienes y servicios básicos para la subsistencia se determina en mercados paralelos y con precios libres (holgadamente superiores a los que establece la dictadura).
Los relevamientos de Hanke sugieren que Cuba se encuentra entre los países con la mayor tasa de inflación minorista a nivel mundial, por detrás de Venezuela (con otro régimen socialista) y Zimbabwe (que enfrenta severos conflictos internos armados).
El establecimiento de un sistema generalizado de controles de precios y salarios provocó dos importantes consecuencias: el desabastecimiento general de bienes, y la escasez de oferta laboral calificada en áreas indispensables para la actividad productiva.
La economía cubana sufre importantes episodios de escasez en productos básicos como el pollo, carne de res, huevos, leche, harina y papel higiénico sobre todas los establecimientos autorizados y controlados por el Estado. Todos estos bienes se comercializan en los mercados paralelos y con precios atados a paridades cambiarias alternativas a la oficial.
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