CompartirAdvertise here El polémico caso del grupo financiero venezolano Bangente-1000Pagos-Tranred sigue dando de qué hablar. Los últimos hechos de corrupción revelados en el sistema de justicia venezolano vienen a confirmar lo que previamente se había denunciado en torno a la operación que despojó a los legítimos dueños de este conglomerado. Se trata de un esquema mafioso de extorsión judicial que, a través de la fabricación de delitos y el otorgamiento irregular de medidas cautelares, despojó a familias venezolanas del control de sus empresas. Los hallazgos muestran que este caso representa uno de los episodios más graves de robo judicial con extorsión en la historia reciente de Venezuela, con la participación de jueces, fiscales y bufetes de abogados que operaron con total impunidad como una estructura criminal con conexiones en las más altas esferas del Poder Judicial. Jueces y fiscales al servicio de la extorsión Documentos y testimonios a los que ha tenido acceso el equipo de investigación de Alberto News confirman que jueces como Gustavo Hidalgo Bracho –alias “El Chapo”– y Yolimar Duque, ambos ya destituidos, junto con la fiscal Inés Carrillo Villarreal, participaron en decisiones que incluyeron embargos inflados y órdenes de privación de libertad sin sustento legal alguno. Las actuaciones llegaron incluso a promover órdenes de captura en Venezuela y alertas rojas de Interpol contra empleados y altos ejecutivos de estas empresas, incluido entre estos un diputado de la República, en un patrón que, lejos de responder a la justicia, evidencia un plan de presión y chantaje. El esquema Alazán–Escudero–Reyes El análisis de expedientes revela que el Grupo Alazán, representado por los abogados Jesús Escudero y Raúl Reyes, logró obtener medidas cautelares por 16,8 millones de dólares, cifra desproporcionada que luego fue reducida para manipular un arbitraje a 1,3 millones. La diferencia entre ambos montos muestra una manipulación dolosa del sistema judicial, donde las medidas preventivas fabricadas fueron utilizadas como herramienta de extorsión y negocio paralelo para sembrar el terror judicial. Delito fabricado y persecución descarada En noviembre de 2024, la Fiscalía abrió un proceso por una denuncia por supuesto “boicot tecnológico” en Tranred-1000Pagos, hecho que nunca ocurrió y fue descartado posteriormente por la propia Sudeban. Pese a ello, y sin investigar se dictaron órdenes de captura contra al menos siete personas, entre ellas un diputado de la Asamblea Nacional, sus familiares, altos ejecutivos de las empresas, lo que evidencia una cayapa judicial fabricada para extorsionar y librar una persecución judicial y empresarial. TSJ: La ruta del sobreseimientoAdvertise here Esta investigación también ha identificado negociaciones turbias en sentencias de sobreseimientos para lograr sus extorsiones bajo las órdenes de Jesús Escudero, vinculando a Bárbara Rojas, ex asistente de la presidenta de la Sala Penal del TSJ, detenida recientemente por hechos de corrupción. #URGENTE Sigue la razzia judicial, fuentes del @TSJ_Venezuela me señalan que hace pocos minutos fue detenida por funcionarios del #SEBIN Bárbara Rojas una de las cabecillas de la mafia judicial, asistente de Elsa Gómez Presidenta de la Sala Penal, se dirigía hacia Maiquetía.… pic.twitter.com/VcuPnzSW13 — Zair Mundaray (@MundarayZair) September 9, 2025 Este nexo confirma que la red de extorsión no solo operaba en tribunales de instancia, sino que contaba con puentes hacia máximo juzgado del país y el Ministerio Público (MP), lo que les garantizaba protección y operatividad para sus maniobras delictivas. Extorsión judicial transnacional El patrón de actuación no se limitó a Venezuela. Las pesquisas indican que la red de Escudero, Reyes y aliados extendió la persecución más allá de las fronteras del país caribeño, mediante la manipulación de alertas rojas de Interpol y presión contra familiares y ex presidentes de las empresas hoy en obligados a permanecer en otras latitudes para lograr hacerse del conglomerado de empresas, configurando un esquema circular de extorsión judicial transnacional. Toda esta serie de hechos irregulares evidencian que el sistema de justicia fue convertido en un brazo operativo del crimen organizado y extorsivo. Un llamado a la acción El titular del MP, en intensas jornadas de calle, ha alertado que la purga del sistema de justicia evidencia la grave crisis institucional que da pie a que este tipo de hechos delictivos estén a la orden del día. Ha reiterado su compromiso con acabar con estas irregularidades. El caso Bangente-1000Pagos debe ser objeto de una auditoría judicial y de acciones inmediatas por parte de la Fiscalía General de la República, para evitar que continúen la fabricación de delitos en estos montajes empresariales forzados para luego vender las sentencias con sobreseimientos a cambio de las compañías como mecanismo de extorsión y terrorismo judicial. De no actuar con firmeza, se seguirá consolidando un modelo donde la justicia venezolana funcione como un mercado criminal al servicio de mafias con poder político y judicial. Navegación de entradas Qué poder militar tiene Venezuela y cómo sería la reacción ante un eventual conflicto armado con EEUU Federación Venezolana de Maestros alertó baja asistencia en inicio del año escolar 2025-2026
