Francisco Javier Aguilera Castro, expresidente de Carbozulia, es investigado por el Ministerio Público por trama de corrupción con empresas contratistas «fantasmas» y la expansión extractivista en la Guajira venezolana que pone en riesgo subsistencia de pueblos originarios.
El abogado Juan Pablo Montiel Almeida consignó nuevos elementos el pasado 26 de Junio ante el Ministerio Público solicitando la investigación por presuntos hechos de corrupción del ex presidente de la empresa estatal Carbones del ZULIA, según indagatorias iniciadas en 2021.
Recientemente el Ministerio Público acumuló en un solo expediente la investigación que cursaba en la Fiscalía Quincuagésima, con competencia en 1qq1delitos de Corrupción, según lo indicado en el oficio N° 24-FS-1817.
La investigación está basada en los elementos aportados por el también empresario Montiel Almeida, quien solicita especificar el papel jugado por el expresidente de Carbozulia, S.A., removido del cargo el pasado 15 de marzo, en el marco de la Operación Anticorrupción.
El documento señala que también se ejecutaron operaciones extractivistas “a espalda de los pueblos indígenas” que afectaron el medio ambiente. En la zona se desarrollaron “fraudulentas actividades” pniendo en riesgo y perjudicando, el medio de subsistencia de la población wayú.
Es pertinente precisar que las denuncias refieren que Aguilera Castro, como máxima autoridad de Carbozulia presuntamente suscribió contratos “para la explotación de la actividad carbonífera en el Zulia, con empresas inexistentes jurídicamente” (definidas como «fantasmas»).
Tal es el caso de Operaciones Mineras y Servicios Lacustres, que facturó desde 2018, más de 1 millón de dólares por mes. Aguilera Castro suscribió contratos con esta empresa violando la Ley de Contrataciones Públicas, y dejó en evidencia condiciones desventajosas para el Estado.
La denuncia refiere que las maquinarias empleadas por Operaciones Mineras no son de su propiedad, pero simuló tal cualidad. Además cobró mensualmente 45.000 dólares por equipos que no prestaban servicio, para lo cual culpaban a la minera de fallas logísticas en la operación.
Los elementos exponen que el expresidente de Carbozulia estaría incurso en delitos de apropiación del patrimonio público, concierto con contratista, corrupción propia agravada y enriquecimiento ilícito, hechos que habrían causado a la Nación daños por más de 100 millones de dólares.
Devastación de equipos de Carbozulia
El informe evidencia con fotografías los daños en los equipos certificados por técnicos del Ministerio de Desarrollo Minero.
