A solo 50 kilómetros de Caracas se encuentran las segundas mayores reservas de gas natural del hemisferio occidental. Y aunque Venezuela nunca ha exportado una molécula de ese combustible, ve un salvavidas económico bajo esa posibilidad, así lo reseñó BLOOMBERG EN LÍNEA.
Con la industria petrolera de la nación en ruinas, Nicolás Maduro está poniendo en marcha una apuesta de largo alcance para aprovechar esos vastos depósitos para reactivar una economía devastada por la deuda incumplida, la inflación desenfrenada y las sanciones de Estados Unidos.
El chavismo llegó a un acuerdo con la española Repsol SA y la italiana Eni SpA para aumentar la producción de gas de sus operaciones en Venezuela y exportar el excedente a Europa, según personas familiarizadas con el asunto.
El mes pasado, una delegación viajó a Londres para reunirse con una empresa y discutir la posibilidad de certificar los yacimientos de gas del país de acuerdo con las normas internacionales. Además, las autoridades están presionando para construir gasoductos hasta una terminal de exportación en Trinidad y Tobago y encontrar formas de capturar gran parte del gas que Venezuela arroja a la atmósfera a través de la quema y las fugas.
Eni y Repsol declinaron hacer comentarios.
El Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
Las ambiciones tienen sentido económico: hay una fuerte demanda de las naciones europeas que buscan reemplazar los suministros rusos, y Venezuela desperdicia más gas a través de la quema y las fugas de lo que produce el Reino Unido en un año promedio, el equivalente a alrededor de US$1.000 millones del combustible al año.
Las exportaciones podrían proporcionar valiosos dólares a una economía que se ha reducido en dos tercios desde 2013 en medio del colapso de su moneda. También sería una iniciativa increíblemente difícil en un país donde las principales empresas energéticas han sufrido la expropiación de miles de millones de dólares en inversiones sin indemnización, donde las posturas antidemocráticas del Gobierno han dado lugar a estrictas sanciones y donde la infraestructura necesita amplias mejoras para empezar a funcionar de nuevo.
Solo para poner en marcha las exportaciones de gas se necesitarían unos US$500 millones en inversión, según el grupo de investigación energética IPD Latin America. “Dado el riesgo y la complejidad política involucrados, las negociaciones serán un desafío único”, dijo David Voght, director general de IPD Latin America.
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