CIDH otorga medidas cautelares a Enrique Márquez y otros detenidos

El organismo advirtió que la detención del excandidato presidencial, sumada a la falta de comunicación con sus familiares y la ausencia de información sobre su “estado de salud actual”, aumenta su vulnerabilidad y pone en riesgo sus derechos fundamentales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este miércoles medidas cautelares a favor del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez y otros tres ciudadanos, tras considerar que enfrentan una situación “de gravedad y urgencia”.

“Sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”, afirmó la CIDH en un comunicado.

Márquez, de 62 años de edad, permanece detenido desde el 7 de enero. Según la resolución, “fue interceptado por cuatro hombres armados y vestidos de civil”. Además, la comisión señaló que «la parte solicitante resaltó que tuvo conocimiento de que fue aprehendido por agentes estatales a través de una declaración pública del Ministerio del Interior», reseñó Efe.

La CIDH advirtió que la detención de Márquez, sumada a la falta de comunicación con sus familiares y la ausencia de información sobre su “estado de salud actual”, aumenta su vulnerabilidad y pone en riesgo sus derechos fundamentales.

Las medidas cautelares también protegen a Macario Bonifacio González Arias, junto a su hija y nieta, así como a Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres.

González Arias, de 73 años de edad, fue diputado a la Asamblea Nacional, alcalde en el estado Lara y dirigente del partido opositor Voluntad Popular. La CIDH señaló que «se desconoce su paradero» desde septiembre, cuando fue detenido.

https://twitter.com/CIDH/status/1991220365352182016

Exigen garantizar seguridad e información sobre los presos políticos

El organismo subrayó que familiares y representantes enfrentan dificultades para “activar acciones internas efectivas” que protejan los derechos de los detenidos. Por ello, exigió al Estado venezolano que “adopte las medidas necesarias” para garantizar su seguridad, que informe si los beneficiarios están bajo custodia y, de ser así, detalle el lugar, motivo y circunstancias de su detención.

A su vez, solicitó que se “facilite la comunicación” con familiares y abogados “de confianza”, que se informe si “les han imputado delitos y si han sido presentados ante un tribunal”, y que se realice “de inmediato” una revisión médica con atención especializada, cuyos resultados se comuniquen a sus familiares y representantes.

A la fecha, Justicia, Encuentro y Perdón ha contabilizado hasta este miércoles 1.080 detenidos, de los cuales 224 pertenecen a organizaciones políticas y 564 a la sociedad civil. Mientras que Foro Penal reporta 882 casos hasta el 10 de noviembre y señala que “se desconoce el paradero” de 59 personas.