Transparencia Venezuela: Un «lineup» bajo la sombra de una camarilla aferrada al mando

Solemos acudir a los deportes como una escapatoria de realidades mucho más complicadas y amargas. En Venezuela, sin embargo, las estructuras del deporte de alta competencia nos recuerdan que el poder político en nuestro país se ajusta a la definición de cleptocracia: sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos, según la Real Academia de nuestro idioma.

Por Transparencia Venezuela

Al menos en las disciplinas de conjunto más populares para los venezolanos (beisbol, fútbol y baloncesto), el control de los principales clubes, ligas y organismos directivos se encuentra casi siempre vinculado —a través de terceros— a una decena de hombres y mujeres fuertes que también ejercen de facto la administración de instituciones políticas, militares y represivas, y se aferran a ellas porque hay demasiado en juego. Un partido en el que arriesgan cargos, bienes, privilegios y la posibilidad de enfrentar a la justicia.

«El deporte contribuye a la paz, permite el desarrollo sostenible, crea fuentes de empleo y desempeña un papel fundamental en la promoción de estilos de vida saludables. Inspira, enseña y une a las personas, jóvenes y adultas. No obstante, en nuestro mundo cada vez más globalizado, el deporte está expuesto a los complejos riesgos que representan los actores corruptos que tratan de explotarlo para obtener beneficios ilícitos. La corrupción despoja al deporte de su poder positivo y transformador», señala la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito en su informe sobre corrupción deportiva difundido en 2021.

A partir de una investigación de Trasparencia Venezuela que hemos ido desarrollando en meses recientes, repasamos quiénes son aquellos que copan —directa o indirectamente— el sector más amplio de la cancha e inclinan la pelota hacia su beneficio en la institucionalidad deportiva del país.

Delfines y un tiburón alrededor de Miraflores

Los hermanos Walter Jacob, Yoswal Alexander y Yosser Daniel, todos con los apellidos Gavidia Flores, son hijos de un matrimonio previo de Cilia Flores, pareja de Nicolás Maduro a la que este se refiere como la «primera combatiente». El trío de hijastros de Maduro fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 bajo la presunción de haber recibido sobornos por parte de Álex Saab, a la postre ministro del gabinete gubernamental. El primero de ellos (a través del directivo Alison García) está vinculado a un equipo de la llamada Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), primer nivel del deporte de los tabloncillos en el país: Delfines de La Guaira.

Además, los Flores están presuntamente vinculados (a través de terceros como Yorwing Anthony Rodríguez, Francesco Antonio Vona, Jean Carlos Rodríguez o Germán Enrique Foucault) a un conglomerado que incluye cadenas de artículos deportivos, bebidas energéticas, motocicletas, paquetes turísticos y deportes extremos, generalmente bajo el paraguas de la palabra Furia: abarca marcas como Furia Store, Furia Energy o Furia Club.

El césped de la vicepresidenta

Delcy Rodríguez, al menos sobre el papel, es la número dos del régimen de Maduro: ejerce como vicepresidenta ejecutiva desde 2018 y actualmente también como todopoderosa figura del petróleo. Además, es la hermana del presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, Jorge Rodríguez. El balompié parece ser su verde terreno: se le considera allegada tanto a Jorge Andrés Giménez, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), como a Nicolás Ricardo Fernandez de Caleya, director principal de la Liga Futve (denominación comercial de la primera división del fútbol profesional venezolano).

Giménez, de solo 38 años de edad cumplidos en 2025, sucede desde 2021 a un presidente de la FVF que hoy está encarcelado en Estados Unidos (Rafael Esquivel) y a otro hoy inhabilitado por FIFA (Laureano González). El grupo empresarial que maneja cuenta con empresas registradas en Venezuela, España, Panamá, Uganda y Dubai, entre ellas intermediarias para la venta de petróleo de Pdvsa. En 2023 extendió un contrato como seleccionador nacional masculino de la llamada «Vinotinto» al entrenador argentino Fernando Batista.

En 2025, Batista apareció entre los 10 seleccionadores mejor pagados del mundo, con un contrato que presuntamente le reporta 2,6 millones de dólares anuales, según una lista difundida por el portal internacional Transfermarkt. Es decir, recibe un sueldo superior al del técnico de la propia selección campeona del mundo (Argentina). Batista fracasó en septiembre de 2025 al no poder obtener al frente de la Vinotinto uno de los siete cupos disponibles entre diez equipos de Suramérica para la clasificación directa o indirecta al Mundial de fútbol de 2026.

Las manos largas del clan de Monagas

No están ausentes de esta lista el militar retirado Diosdado Cabello, que en la práctica encabeza el aparato represivo del régimen de Nicolás Maduro como ministro de Interior, Justicia y Paz —cargo que asumió justo después de las elecciones presidenciales fraudulentas de 2024— y su hermano José David Cabello Rondón, al frente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la estructura impositiva del oficialismo.

A Diosdado Cabello se le vincula al menos con dos equipos deportivos profesionales: el Deportivo Táchira (fútbol), segundo club con más títulos absolutos en el balompié venezolano, a través del directivo Jorge Alfredo Silva Cardona. También a un equipo de baloncesto de su entidad natal: los ya desaparecidos Cangrejeros de Monagas, por intermedio del gerente Omar Jesús Farias Luces, a quien se asocia con la empresa Seguros Constitución y al menos seis firmas en Panamá. Además, el nombre de Farías Luces ha figurado en casos de lavado en Andorra, República Dominicana y España.

Los Cangrejeros fueron sustituidos a la postre por Pioneros del Ávila (2024), un equipo de directiva no conocida públicamente y que juega sus partidos como local en un tabloncillo de baloncesto con capacidad para unos 1.000 espectadores, ubicado nada menos que el temido Helicoide de Caracas, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), centro de reclusión de presos políticos y de ejecución de torturas.

En cuanto al superintendente del Seniat, José David Cabello Rondón, se le considera allegado al empresario José Enrique Guerrero Rojas, mandamás de la Superliga de Baloncesto hasta 2023. Guerrero Rojas estuvo vinculado en el pasado con los Cocodrilos de Caracas, equipo de básket con seis títulos nacionales que hasta 2020 perteneció a un consorcio privado y luego quedó bajo la órbita de los Cabello, según fuentes entrevistadas para este especial.

Una alineación llena de poder

Múltiples y polifacéticos actores del poder en Venezuela, al parecer, están interesados en asociar su imagen al deporte. Rafael Lacava parece inamovible como gobernador de Carabobo, al menos desde 2018. Allí ha edificado un polo de control regional con ramificaciones en lo deportivo: presuntamente está vinculado a Daniel Antonio Bonetti Pizzolante, directivo del club de fútbol de primera división Academia Puerto Cabello.

De Carabobo también es el empresario Giuseppe Palmisano, hombre fuerte que preside la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y la Superliga de Baloncesto, así como directivo de los equipos Navegantes del Magallanes (beisbol), Trotamundos de Carabobo (básket) y Carabobo Fútbol Club (fútbol).

Alexander Enrique Granko Arteaga es una pieza clave del aparato represivo estatal, específicamente a través de la Dgcim, la agencia de inteligencia militar. Sus vínculos con instituciones deportivas son públicos y notorios: el equipo de balompié que controla, UCV Fútbol Club (sin relación con las autoridades académicas formales de la universidad, a pesar de su nombre), disputó este año la Copa Libertadores, el principal torneo de clubes de Suramérica. Está al frente de un conglomerado cuyo temido símbolo es un casco de guerrero grecorromano clásico: Team Espartanos. Otro equipo bajo este sello es Gladiadores de Anzoátegui (baloncesto).

No debe confundirse con otro equipo de básket: Spartans de Distrito Capital. Este se vincula, a través de su familiar Qweany Vanessa Torres, con Leonel Alberto García Rivas, director adjunto de la DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas) adscrita a la Policía Nacional Bolivariana, otro órgano represivo. Presunto perpetrador de crímenes de lesa humanidad según la Misión Independiente de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, García Rivas también está asociado a Level Sport Equipment, consorcio de gimnasios y equipación deportiva. Fue sancionado por Canadá en marzo de 2025 por “violaciones de los derechos humanos en Venezuela y/o actividades que socavan la democracia de Venezuela”.

Maikel Jósé Moreno fue presidente entre 2017 y 2022 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el brazo judicial que ha legitimado la perpetuación en el poder de la coalición oficialista. Todavía calienta una silla de magistrado en el ampliado directorio de la institución a la cabeza del Poder Judicial, como miembro de la Sala de Casación Penal. Moreno está vinculado al equipo de baloncesto: Centauros de Portuguesa y a la Superliga Profesional de Baloncesto. También tiene su «avatar» con pantaloncillo corto deportivo: Juan Carlos Cuenca Vivas, magistrado suplente de la Sala de Casación Civil del TSJ e investigado por posible lavado de dinero en España. Cuenca Vivas es accionista de la Superliga de Baloncesto y es apoderado del quinteto Centauros de Portuguesa.

Pedro Miguel Carreño es una de las figuras inseparables del aparato de poder político del chavismo: fue ministro del interior de Chávez y es uno de los diputados más notables del oficialismo desde 2011. Su sobrino Raúl Carreño controla uno de los equipos históricos del fútbol venezolano: Estudiantes de Mérida.

Incluso caído en desagracia dentro del aparato de poder y presuntamente encarcelado por corrupción desde 2024, no puede dejar de mencionarse en este lineup de estrellas a Tareck El Aissami, alguna vez nominal número dos detrás de Maduro como vicepresidente ejecutivo entre 2017 y 2018. Al exgobernador de Aragua y exministro de Petróleo se le asocia con Tigres de Aragua (equipo profesional de beisbol) por intermedio de un allegado: el exgrandeliga Carlos Guillén.

Debe recordarse que El Aissami protagonizó además uno de los episodios más insólitos de la historia del balompié profesional venezolano: con 40 años y ya canoso, se puso los shorts de futbolista en 2015 para militar oficialmente como jugador suplente del equipo Aragua FC.

Incluso Tarek William Saab, fiscal general y pieza clave en la legitimación de la represión en Venezuela, tiene no solo un lado poético sino también deportivo. El también exgobernador de Anzoátegui es allegado de Gustavo Ernesto Mendiri Borges, vinculado al equipo de baloncesto Marinos de Oriente. También es compadre de Magglio Ordóñez, otra exgloria de Grandes Ligas y propietario del club de beisbol Caribes de Anzoátegui.

Empresas relacionadas con la cleptocracia y el deporte en Venezuela

El ecosistema deportivo en Venezuela bajo la influencia de poderosos está compuesto, de acuerdo a datos propios, por 54 empresas con 156 personas relacionadas a esas compañías, entre directores, socios apoderados y accionistas.

Hay 14 nombres de Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de la estructura de las disciplinas deportivas más populares en Venezuela:

En el álbum de barajitas del deporte venezolano, al parecer es casi imposible no hacer vida bajo la sombra de managers todopoderosos. ¿Podrán nuestras disciplinas del músculo prosperar bajo la ausencia de independencia de la cadena de mando?