Carmona-Borjas: la CPI debe mirar el patrón, reciclan verdugos, pero la arquitectura de impunidad permanece indemne

En atención a las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab —quien este 10 de septiembre oficializó una nueva “purga chavista” tras el “terremoto” en tribunales y fiscalías—, La Patilla consultó al profesor Robert Carmona Borjas, abogado, escritor, experto en lucha contra la corrupción, defensor de los DDHH, para ofrecer un análisis del alcance y sentido de ese anuncio.

Lo que ayer presentó el pseudo Fiscal General Tarek William Saab como una operación anticorrupción implacable para fortalecer la integridad del Sistema de Justicia venezolano, no pasa de ser un simple escenografía penal para consumo exterior. Cambian los figurantes, permanece intacta la obra: detenciones de ocasión, expedientes súbitos y sacrificios selectivos para exhibir una supuesta “mano dura” mientras la cadena de mando real sigue donde siempre ha estado. Llaman “depuración” a lo que es, en esencia, reciclaje punitivo.

Ninguna “purga” que no desmonte estructuras puede llamarse justicia. El régimen ha perfeccionado una técnica: elevar, usar y descartar operadores que ayer fueron útiles y hoy resultan prescindibles; mañana habrá sustitutos, hasta que convenga volver a limpiar la escena. Eso no es rendición de cuentas; es mímica de legalidad. Cuando el sistema penal se administra como coreografía —con detenciones arbitrarias, incomunicación, desapariciones forzadas de corta y larga duración, y procesamientos hechos a la medida del cálculo político— no hay Estado de derecho: hay utilería.

Quien pretenda vender este episodio, y peor el que se lo compre, como prueba de “complementariedad” confunde ruido procesal con genuinidad. Y esto lo digo en referencia directa al Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, el abogado senegalés Mame Mandiaye Niang, que aún cree en la complementariedad: a él le digo que el derecho internacional penal no premia vitrinas; exige voluntad y capacidad reales para investigar y sancionar de arriba hacia abajo, incluida la cúpula decisoria. Si la estructura permanece incólume y los casos se seleccionan para “dar señales” —no para rendir cuentas—, lo que hay es simulación. A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le corresponde mirar el patrón, no el titular del día: quién ordena, quién tolera, quién se beneficia, y si el “cambio” altera esas respuestas o sólo rota peones para proteger reyes.

Desde el ángulo de las víctimas, la pregunta es todavía más simple y más dura: ¿dónde están la verdad, la reparación y las garantías de no repetición? Nada de esto se alcanza con arrestos ruidosos que no tocan a quienes deciden ni reforman lo que produce la represión. Y mientras persistan detenciones no reconocidas, negación de paradero y cauces judiciales instrumentales, hablar de “renovación institucional” es insultar la experiencia de quienes llevan años padeciendo el engranaje.

A los funcionarios —fiscales, jueces, policías, custodios— les digo sin rodeos: mírense en este espejo. El poder que hoy los usa, mañana los descarta. Si desean salir del engranaje antes de que los triture, preserven evidencias, documenten órdenes ilícitas y rompan el ciclo. Hay una salida que no pasa por el silencio: remítannos pruebas de manera segura, de forma anónima si es necesario, a través del correo electrónico: venezuela@arcadiafoundation.org.

Quien decida denunciar contará con orientación legal para canalizar esa información ante instancias competentes y solicitar medidas de protección. No prometo indulgencia; prometo hacer valer la ley.

A la opinión pública, una distinción imprescindible: la justicia desarticula estructuras; la propaganda cambia figurantes. La primera traza responsabilidad hacia arriba y produce reformas con nombre y mecanismo; la segunda ofrece cabezas de ocasión y proclamas de cartón. Hasta que lo primero ocurra, cada “purga” será más de lo mismo: un ritual de humo que no mueve un solo milímetro el eje de la impunidad.

El país y el mundo no necesitan más estruendo; necesitan instituciones y organismos internacionales que funcionen de verdad. En el caso de Venezuela no queremos ver escarmientos “ejemplarizantes” al pie de la pirámide; exigimos contabilidad penal en la cúspide. Y la comunidad internacional —especialmente la Fiscalía de la CPI— es hora de no dejarse distraer por el decorado. La prueba de la justicia no está en la puesta en escena, sino en la demolición del andamiaje que hace posible el crimen.