CompartirAdvertise here Dos meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmara la autoridad de la administración Trump para poner fin a las protecciones de deportación para los venezolanos, las empresas en el sur de Florida, hogar de la mayor población venezolana en el país, están sintiendo la presión. Por El Nuevo Herald “¿Cómo le dices a un empleado que tiene que regresar a Venezuela? Aquellos que se fueron no lo hicieron porque quisieron, se fueron por necesidad”, dijo Mario J. Benedetti, un venezolano-estadounidense propietario de varios concesionarios de automóviles en el sur de Florida, que emplea a más de 100 compatriotas venezolanos. “Si nuestro país no hubiera pasado por una crisis política y económica tan grande, todavía estaríamos allí”. Benedetti, de 61 años y ciudadano estadounidense naturalizado, es la tercera generación de una familia venezolana con más de un siglo de tradición en la industria automotriz en la región oriental de Venezuela. Él dejó el país en 2009 para comenzar de cero en el sur de Florida. Desde entonces, ha construido y expandido una red de concesionarios de automóviles que representan a Toyota y Kia, junto con un taller de pintura certificado que da servicio a esas marcas automotrices.Advertise here Mario J. Benedetti, de 61 años, empresario venezolano-estadounidense, opera varios concesionarios de automóviles en el sur de Florida, incluido South Dade Kia. En medio de la creciente incertidumbre para los migrantes bajo la administración Trump, Benedetti está trabajando para apoyar a sus empleados venezolanos con TPS y solicitudes de asilo pendientes. Mario J Benedetti Un tercio de los 325 empleados de Benedetti son venezolanos, incluidos cinco con Estatus de Protección Temporal (TPS), 63 solicitantes de asilo y 32 residentes permanentes. Benedetti dijo que la única opción para él es ayudarlos a obtener un estatus migratorio. Ahora está explorando certificaciones laborales basadas en el empleo, no solo para los titulares del TPS, sino también para los solicitantes de asilo, que representan aproximadamente el 20% de su fuerza laboral. “Esa es una carga económica que tengo que asumir”, dijo, y agregó que la anulación del TPS por parte de la administración ha perturbado todos los aspectos de su negocio, generando una profunda incertidumbre, especialmente en torno al vencimiento de los permisos de trabajo. Lea más en El Nuevo Herald Navegación de entradas Sociedad de Agrónomos proponen creación de seguros agrícolas inteligentes en Venezuela Expertos exigen modernizar y diversificar la industria petrolera para impulsar el futuro económico de Venezuela
