CompartirAdvertise here El proceso de subasta de CITGO es pródigo en situaciones de todo tipo, una de ellas es la moción judicial que solicita una investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Junta Ad Hoc de PDVSA. La acción fue presentada por las víctimas del «Holocausto Petrolero Venezolano», representadas por Leroy A. Garrett. En el contexto de la causa Crystallex International Corp. y la República Bolivariana de Venezuela que se libra en el Tribunal de Delaware, Garrett argumenta que existen preocupaciones sobre la transparencia y las alegaciones de corrupción que podrían afectar el proceso de venta de activos. La moción busca una mayor transparencia en la subasta de CITGO y una suspensión temporal de los procedimientos de venta hasta que se investiguen y aclaren las preocupaciones. El objetivo principal es garantizar la equidad y la justicia para las víctimas cuyas reclamaciones no han sido atendidas, con el fin de proteger la integridad del proceso de venta de la refinería petrolera venezolana. El 21 de julio de 2025, Leroy A. Garrett, en representación de Petroamigos de Venezuela, organización que agrupa a 23 000 víctimas del «Holocausto Petrolero Venezolano», presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware una moción para investigar las presuntas irregularidades en la Junta Ad Hoc de PDVSA, así como mayor transparencia para los licitantes y la suspensión temporal de la subasta de CITGO en espera de los resultados de la averiguación. Los argumentos centrales del pedido giran en torno a la reputación de presunta corrupción del «gobierno en la sombra» de Juan Guaidó y la inacción de la Junta Ad Hoc de PDVSA, particularmente de su presidente, Horacio Medina, en lo que respecta a las reclamaciones de las víctimas. La moción alega que la reputación del también denominado gobierno interino de Guaidó está «marcada por acusaciones de irregularidades e investigaciones en curso por parte de las fuerzas del orden». Entre los fundamentos de la solicitud, los peticionarios citan, por ejemplo, una reseña periodística del diario El Mundo de junio de 2025, donde se informa sobre «presuntos sobornos a funcionarios españoles» y un «escrutinio histórico de la mala gestión de fondos humanitarios en 2019». La acción se extiende a la Junta Ad Hoc de PDVSA en razón de la «inacción de su presidente, Horacio Medina, a pesar de su papel en la supervisión de CITGO con licencia de la OFAC y sus antecedentes sindicales». Del mismo modo, se hace referencia a las «sanciones del Tesoro de EE. UU. a funcionarios alineados en 2019 e investigaciones sobre esquemas de corrupción, como destacan los informes de COHA y PBS Frontline, lo que plantea presuntas preocupaciones de mala fe en la Junta Ad Hoc». Inacción respecto a los reclamos de las víctimas La moción enfatiza en la falta de atención a los reclamos de las 23 000 víctimas del “Holocausto Petrolero Venezolano» —a saber, los trabajadores despedidos de Petróleos de Venezuela S.A. sin indemnización alguna— por parte de Horacio Medina, a pesar de las expectativas ligadas a su cargo. Tal hecho, de acuerdo al criterio de los peticionarios, justifica una investigación discreta para afirmar la transparencia del proceso de subasta de CITGO.Advertise here El moviente busca «garantizar la justicia para las víctimas cuyas reclamaciones han sufrido una negación prolongada». Mayor transparencia en la subasta de CITGO Igualmente, la moción aboga por una «mayor transparencia en el proceso de licitación consistente con las objeciones actuales». Se hace referencia a objeciones existentes, entre ellas, la citación de Red Tree Investments LLC que investiga los riesgos de financiación de ofertas por parte de los tenedores de bonos de PDVSA 2020. Ante tal panorama, los accionantes procuran que el tribunal «ordene una investigación, obligue a la transparencia» y que se divulguen las «comunicaciones Ad Hoc sobre las reclamaciones». Suspensión temporal de la subasta de CITGO Asimismo, Petroamigos de Venezuela a través de Leroy A. Garrett, pidió al Tribunal de Delaware que supervisa el proceso, ordenar una suspensión temporal de la subasta de CITGO hasta que concluya la investigación y se celebre una audiencia. Argumentan que esta medida es “prudente” y evitaría un “daño irreparable a las víctimas”, al tiempo que armonizaría con las objeciones actuales y mantendría el statu quo del proceso sin perjuicio. Los accionantes apelan a la jurisprudencia y citan el caso Nken contra Holder, además de destacar la probabilidad de éxito que la transparencia, el equilibrio de equidades tendrían para favorecer la justicia y el interés público en procesos inmaculados. Leer Más Navegación de entradas El gobierno autoritario de Maduro ahora va contra los economistas Cinco datos claves de la economía venezolana en 2025 que Maduro prefiere ignorar
