Lissette González, coordinadora de Investigación y Difusión de la ONG Provea, indicó que a pesar de la obligación del régimen de Nicolás Maduro para proteger a los ciudadanos, no han anunciado medidas que garanticen el ingreso económico de los trabajadores del país.
“Otra obligación es que los alimentos importados, tanto los de los clap como los de los bodegones, no pasan por los controles sanitarios del Estado venezolano, por lo que no nos están protegiendo”, dijo González durante el encuentro con la prensa.
La representante de Provea responsabilizó al chavismo por la crisis en los servicios públicos como la escasez de agua, apagones y la escasez de gas para cocinar, lo que tiene un impacto directo sobre la capacidad de la población para alimentarse.
Por otra parte, la activista denunció que los Clap no se distribuyen con la misma periodicidad, y tampoco contienen alimentos nutritivos y necesarios.
Mientras que acerca de los llamados bonos otorgados por el régimen de Maduro son insuficientes y no cuentan con criterios claros de asignación.
“Sobre la obligación de permitir la ayuda humanitaria, se siguen registrando restricciones para cumplir con los programas en el campo, y se ha criminalizado a organizaciones humanitarias de distintas maneras”, concluyó.
Con información del CCN
