Biden quería echar a miles de millones de empleados de empresas privadas que otorgaban servicios al Estado por no estar vacunados. La Corte del Quinto Circuito lo frenó.
El gobierno de Biden recibió una durísima derrota judicial este lunes luego de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló en contra del mandato de vacunación para contratistas federales, por lo que la Casa Blanca no podrá echar a aquellos empleados del sector privado cuyas empresas tengan algún contrato con el Estado y no quieran darse la vacuna contra el COVID.
“El uso por parte del presidente de las regulaciones de adquisiciones para llegar a través de un contratista de empleo para obligar a los empleados individuales a cumplir obligaciones realmente no tiene precedentes”, concluyó el fallo. “Como tal, la Orden Ejecutiva 14042 es ilegal y, en consecuencia, los Estados Demandantes han demostrado una gran probabilidad de éxito en cuanto al fondo”.
La denuncia había sido presentada por un grupo de estados que declararon que no acatarían el mandato de vacunación de Biden para sus empleados federales. El gobierno demócrata intentó defenderse en la justicia pero su apelación falló, tras una decisión de 2 votos contra 1.
El fallo también señaló la preocupación de la Corte por la extralimitación del gobierno en el ámbito privado de las ciudadanos, citando que en el peor de los casos, es una facultad del Congreso y no del Ejecutivo una medida de este alcance.
“El Congreso no se ha pronunciado claramente para autorizar un cambio tan dramático en el ejercicio del poder del Presidente bajo la Ley de Adquisiciones”, concluyó el fallo, que se convirtió en la primera vez que una Corte de Apelaciones anula una orden ejecutiva en virtud de la Ley de Adquisiciones.
Los estados de Indiana, Louisiana y Mississippi presentaron el caso ni bien el mandato fue firmado a mediados del año pasado. En diciembre de 2021, un tribunal de distrito bloqueó la ejecución del mandato contra los contratistas federales y el gobierno de Biden decidió apelar el fallo, y fue derrotado nuevamente en segunda instancia.
La Casa Blanca puede decidir volver a apelar, y la medida se elevaría a la Corte Suprema, que actualmente tiene 6 jueces conservadores contra 3 progresistas, por lo que no hay esperanzas de que la medida inconstitucional de Biden prospere.
El gobierno federal tiene contratos con decenas de miles de empresas privadas que le otorgan servicios de todo tipo, desde logísticos hasta de telecomunicaciones y defensa. El mandato de vacunación contra el coronavirus afectaría a más del 20% de la fuerza laboral privada de Estados Unidos, según Reuters.
“Hoy es una victoria para la libertad”, dijo el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, en un comunicado donde celebró la decisión de la corte federal. “Seguiremos oponiéndonos a los abusos de poder de la Administración Biden que nos amenazan ahora y en el futuro”.
El caso es uno de los múltiples ejemplos recientes de la justicia estadounidense haciendo cumplir la Constitución contra los ilegales mandatos de vacunas no solo a nivel federal si no que en todo el país.
El lunes anterior, un juez federal aprobó un acuerdo de demanda colectiva de más de US$ 10 millones de dólares contra el Estado de Illinois, controlado por los demócratas, que había rechazado un pedido de exención religiosa para miles de empleados del sistema de salud del estado que no querían darse la vacuna.
“Después de muchos meses y muchas horas, nos complace finalmente obtener la aprobación final de la corte de este acuerdo colectivo para estos trabajadores de la salud que fueron discriminados ilegalmente y se les negaron las exenciones religiosas del mandato de vacunas COVID”, aseguró el vicepresidente de Asuntos Legales y el abogado principal de litigios de la fundación Liberty Counsel, Harry Mihet, cuya organización representó a los trabajadores de la salud, en un comunicado.
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