El fiscal Andrew Warren, electo en el condado de Hillsborough, se negaba a imputar médicos que brindan abortos o cirugía transgénero, además de liberar arbitrariamente criminales afroamericanos.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la suspensión del fiscal electo de Tampa, Andrew Warren, por defraudación a su cargo público y por severas denuncias de financiación ilegal.
Recientemente, Warren había hecho pública su intención de no perseguir legalmente a los médicos acusados de brindar abortos clandestinos o de brindar cirugías de cambio de género, dos prácticas que fueron prohibidas recientemente por la Legislatura en Florida.
DeSantis también presentó pruebas de que Warren liberaba delincuentes o daba sentencias laxas a criminales afroamericanos, lo cual justificaba con teorías legales vinculadas a la “justicia social y racial“, un precepto que no existe en las leyes estadounidenses.
Warren, un fiscal demócrata re-electo recientemente por el condado de Hillsborough, también fue acusado de recibir donaciones de organizaciones respaldadas por el magnate europeo George Soros, que en algunos casos “habrían superado los limites permitidos por ley“.
Este dinero fue utilizado en la campaña de 2020, cuando venció a su contrincante republicano con una masiva campaña publicitaria que despertó las alarmas en los investigadores estatales.
En su campaña, mostró como logros de su previa gestión haber reducido el número de encarcelaciones (como si eso estuviera relacionado a una menor criminalidad), haber liberado más de 100 criminales convictos que según él estaban “erróneamente sentenciados” y haber prohibido la cárcel efectiva para delincuentes menores e infractores no-violentos, que incluye narcotraficantes.
En una conferencia de prensa rodeado por policías de Tampa Bay, Ron DeSantis dijo que Warren “se ha puesto públicamente por encima de la ley” y que convirtió la oficina del Fiscal Estatal de Hillsborough en un cargo político en vez de judicial.
Mientras hablaba el gobernador, policías desalojaron por la fuerza al fiscal de sus oficinas, e incautaron varias cajas de documentos para la investigación de sus vínculos potencialmente ilegales con Soros.
DeSantis se basó en una cláusula de la constitución estatal de Florida, que señala que el gobernador puede remover de su cargo a cualquier fiscal, incluso aquellos que hayan sido electos por voto popular, si encuentra pruebas de malversación, mala conducta, negligencia en el cumplimiento del deber, embriaguez, incompetencia, incapacidad permanente para realizar funciones oficiales o comisión de un delito grave.
En el mismo anuncio, el gobernador trumpista nombró a Susan López para que se desempeñara como fiscal estatal interina para completar el mandato de Warren, quien tendrá una posibilidad de apelar la decisión de DeSantis ante el Senado estatal, el cual podría votar para reinstiuirlo. Algo muy difícil que ocurra, ya que los republicanos mantienen mayoría en la Cámara Alta de la Legislatura estatal.
Warren fue elegido por primera vez para fiscal estatal en 2016, derrotando por tan solo 4.700 votos (menos del 0,5%) al republicano Mark Ober, quien había estado en el cargo por varias décadas, en una elección reñida que predijo el giro a la izquierda del segundo condado más importante de Florida.
Fue reelegido en 2020, bajo varias denuncias de fraude electoral. En aquél momento, ganó un mayor porcentaje de votos en el condado de Hillsborough que el propio presidente Joe Biden, un hecho sin precedentes no solo en Florida si no que en el resto del país.
En el cargo, Warren lanzó una unidad de revisión de condenas para investigar a los convictos que todavía aclamaban su inocencia. En unos pocos años, la unidad liberó a cientos de personas, por ejemplo a Robert Duboise, quien había pasado 37 años en prisión por una violación y un asesinato que según el flamante fiscal no cometió.
Warren también se asoció con investigadores académicos para crear un tablero de datos en el sitio web de su oficina que mostraba las “disparidades raciales” y las “tendencias sociales” en los casos. También impulsó reformas en los pagos de fianza, habilitando que personas queden libres sin la necesidad de pagar el monto establecido para la excarcelación, diciendo que las personas no deberían languidecer en la cárcel solo porque no pueden pagar la fianza.
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