Un gran jurado federal en Miami emitió el miércoles 24 de agosto una acusación contra el ciudadano venezolano Rixon Rafael Moreno Oropeza, por lavar el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, una empresa controlada por el Estado de Venezuela, conformada por PDVSA y la compañía petrolera estadounidense Chevron.
Se escucha que tanto Moreno Oropeza, como sus socios, tienen a su familia residiendo en Estados Unidos, gracias al lavado de ganancias mal habidas, además también de presuntas estafas y extorsiones.
Uno de los principales socios de Rixon Moreno Oropeza es el también venezolano Andrés Palladino Sisto, quien tendría su propia “lavadora”, a la sazón del saqueo a PDVSA.
Según la acusación formal, desde al menos 2015, hasta al menos mayo de 2019, Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, presuntamente participó en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de la empresa. Moreno supuestamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para instalar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar. Además, Moreno supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos pagos de soborno, Moreno supuestamente recibió beneficios que incluyeron más de $30 millones en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que Moreno controlaba en el sur de la Florida. Moreno recibió aproximadamente $2.7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. Moreno supuestamente usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluida la compra de bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de la Florida.
Moreno es acusado de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento de lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional; y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. Si es declarado culpable, Moreno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Fiscal Federal Juan Antonio González, del Distrito Sur de Florida, el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y el agente especial a cargo Matthew D. Line de la oficina de campo de Miami de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) hicieron el anuncio.
La oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami investigaron este caso.
Están a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia. La fiscal federal adjunta Sara Klco del Distrito Sur de Florida está manejando la confiscación de activos.
