El líder del PT ha estado durante más de cuatro años tratando de anular la demanda de cobro de deudas y tasas judiciales en los tribunales.
La Procuraduría General del Tesoro Nacional (PGFN) intenta cobrar en los tribunales una deuda de R$ 18 millones atribuida al exconvicto Lula da Silva y sus empresas por el caso de corrupción que lo mantuvo preso por 580 días.
Según el órgano, aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló las condenas impuestas al líder del PT por el entonces juez Sergio Moro, aquella decisión no lo declaró inocente y por lo tanto no está exento de ser imputado por impago de impuestos y tasas.
El fiscal del Tesoro Nacional, Daniel Wagner Gamboa, afirma en una demanda presentada ante el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF3) que “el STF no absolvió al imputado Luiz Inácio Lula da Silva” y que se debe proceder con el pago de justicia.
“El STF no absolvió al acusado Luiz Inácio Lula da Silva. No se refirió al fondo de la condena. No se afirmó, en ningún momento, que el imputado sea inocente“, dice Gamboa, y aclara que “solo se consideró que no correspondía al Tribunal Federal de Paraná juzgarlo en esos casos específicos” y por eso quedó en libertad aguardando una futura sentencia.
Según la revista VEJA, la estrategia jurídica de la defensa de Lula sería apelar al STF alegando que debe anularse cualquier desarrollo de Lava-Jato que involucre al exconvicto, y así evitar tener que pagar los impuestos y tasas judiciales del caso.
El abogado Cristiano Zanin alegó al TRF-3 que la recaudación realizada por la Receita Federal tuvo como punto central la Operación Alethea, una de las fases del grupo de trabajo de Curitiba.
“La liquidación tributaria resultante de la supuesta confusión patrimonial y operativa entre el Instituto Lula y los recurrentes está, por tanto, totalmente viciada por el irremediable vicio material que la cobija”, argumentó.
Al mismo tiempo, afirma que el Instituto Lula se declaró sin fines de lucro, pero no cumplió con los requisitos de exención de impuestos y, por lo tanto, el Tesoro Nacional debe cobrar los impuestos atrasados.
El exconvicto lleva más de cuatro años intentando anular la demanda de cobro de deudas en los tribunales. En un primer intento, perdió el caso en primera instancia de la Justicia Federal y luego, intentó apelar ante el TRF3, donde también fue derrotado.
Si bien la plata no es un problema para el multi-millonario líder del Partido de los Trabajadores, el ex presidente quiere evitar a toda costa realizar los pagos requeridos por la justicia ya que sería una admisión de culpabilidad, al menos ante el público, que cometió actos de corrupción.
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