Esta degradación en la calificación de la compañía fue un duro golpe para la compañía, tomando en cuenta su alto endeudamiento para ejecutar el proyecto de modernización. Para construir esta nueva infraestructura Petroperú tuvo que emitir bonos por US$ 3.000 millones y en paralelo adquirir un préstamo de US$ 1.300 millones de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE).
Hoy, tanto Fitch como S&P consideran que invertir en Petroperú implica un alto riesgo ya que podría no cumplir con sus obligaciones de pago. Esto, debido a que a fines de febrero la firma internacional de contabilidad y auditoría PwC rechazó realizar la auditoría de la empresa petrolera. ¿La razón? Un desacuerdo en la cláusula de confidencialidad. Por un lado, Petroperú insistía en que la evaluación se realice con una cláusula de este tipo sin límite de tiempo, mientras que la compañía auditora propuso que el secreto se mantenga solo por dos años, tal y como lo habían hecho en los años anteriores.
“Las revisiones y RWN (observación negativa) reflejan la falta de transparencia financiera de la empresa y la gobernanza debilitada, como lo demuestra el retraso significativo en la auditoría financiera de fin de año de 2021 de la empresa”, dijo Fitch en un comunicado.
El futuro financiero de la petrolera estatal no se ve prometedor ya que los contratos de bonos y créditos señalan que la compañía debe presentar su auditoría antes de mayo. No obstante, Petroperú informó que esto recién lo haría en la última semana de junio por lo que entraría en un incumplimiento técnico.
Sin embargo, a pesar de los recientes episodios que involucran a clasificadoras, auditoras y los directivos de Petroperú, lo cierto es que la compañía arrastra desde años una serie lastres que han afectado la rentabilidad y el buen manejo de la empresa, a diferencia de otras petroleras estatales con presencia en mercados regionales y con inversiones que apuntan no solo a proyectos de petróleo, sino también de energía renovable, como es el caso de Ecopetrol de Colombia, que en marzo pasado inició un proyecto de hidrógeno verde en la ciudad de Cartagena.
Para Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, una de las razones del esquivo éxito de Petroperú es que, a diferencia de Colombia, Ecuador o Brasil, Perú no es un país petrolero.
“La producción diaria es de 20.000 o 30.000 barriles diarios, muy por debajo de Ecuador o de Colombia. La petrolera estatal básicamente tiene un negocio de refinación y no está en el negocio de upstream (exploración y explotación) porque en la década de los 90, en el primer gobierno de (Alberto) Fujimori se le quitó mucho peso a la gestión empresarial del Estado en Perú. Se privatizaron muchas empresas y entre las pocas que quedaron siendo estatales está Petroperú, aunque sí le desmembraron unidades de negocio, dejándole solo la refinación y distribución”, dice.
Francisco Torres, profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de Esan, señala que Petroperú, a diferencia de otras petroleras del mundo, tiene una visión cuyo objetivo principal es el abastecimiento del mercado nacional. “Esto le resta una participación importante que cualquier petrolera podría tener. No me refiero a entrar al mercado mundial, pero sí a nivel regional en Sudamérica, donde existe una demanda tan importante y cautiva como la del mercado chileno, ya que Chile no es productor de petróleo y podría ser uno de los destinos ideales”, dice. “A nivel logístico, Perú cuenta con innumerables ventajas en comparación con Ecuador. El solo hecho de que no pueda abastecer un mercado como el chileno, nos da una referencia de la falta de capacidad que existe para hacer lo que una petrolera estatal a nivel mundial hace: tener una proyección internacional”, precisa.
En ese sentido, Torres da cuenta de las falencias del Oleoducto Norperuano -que transporta el crudo desde desde el nororiente de Perú hasta la refinería de Talara- que está diseñado para trasladar crudo de menor densidad del que se extrae en el país sudamericano. “Esta es una estructura subutilizada. Decir que funciona al 30% de su capacidad sería un gran logro. En Perú se extrae crudo pesado y muchos productores inyectan un diluyente para poder transportarlo. Esto hace que empresas usuarias del oleoducto, que no son pocas, vean con buenos ojos la posibilidad de usar el Oleoducto de Crudo Pesados (OCP) de Ecuador, que sí está diseñado para crudo pesado”, dice.
Problemas inhouse
Además de problemas de proyección internacional y de infraestructura, para muchos la gran tara de Petroperú está dentro de la misma compañía. El punto clave que muchos expresidentes de la compañía, que participaron en el evento Perú Energía Norte, organizado por Prensa Grupo y Perú Energía, fue el de buen gobierno corporativo.
“Uno de los temas claves es la elección del directorio que actualmente tiene muy pocos requisitos para que las personas puedan ser nombradas ahí. También el presidente de la República tiene la potestad de designar al presidente, aunque no formalmente porque son tres representantes del Ministerio de Energía y Minas y dos del Ministerio de Economía y Finanzas quienes deberían hacerlo. Aquí no hay meritocracia ni transparencia posible”, dice Humberto Campodónico, recién elegido presidente por la junta de accionistas de la compañía el pasado 2 de abril, repitiendo el cargo después de su paso durante el gobierno de Ollanta Humala entre julio de 2011 y diciembre de 2012.
Además de este nombramiento, se anunció el de Cristina Fung Quiñones como nueva gerente general, después de que su antecesor, Hugo Chávez Arévalo, renunciara al cargo tras denuncias de irregularidades durante su gestión que implicaba futuras licitaciones en la entidad. También el directorio de la compañía renovó gran parte de la plana gerencial en áreas como la de Finanzas, Comercial, Cadena de Suministros, entre otros.
“Acá la clave es que la Junta General de Accionistas revise la situación, lo que le están diciendo las calificadoras de riesgo y tome las acciones que permitan recuperar el buen gobierno corporativo, el buen manejo de la compañía, la transparencia y credibilidad que Petroperú necesita hoy para todos los retos que tiene por delante”, dice Eduardo Guevara, expresidente de Petroperú entre los años 2020 y 2021.
Sobre este punto, tanto el actual presidente de Petroperú, como los anteriores, toman como referencia el caso de Ecopetrol. “En Colombia la cosa es radicalmente distinta. El presidente de Ecopetrol es elegido por los nueve miembros de la su junta directiva en tres etapas: identificación de los candidatos por una reputada firma internacional, una entrevista y la elección, que debe contar con el voto mayoritario de la junta integrada por los ministros de Hacienda y Energía, el director del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y seis miembros independientes. El presidente de la República, en el caso de Ecopetrol -que produce 800.000 barriles diarios- no interfiere. Tenemos una meritocracia y transparencia y la lista puede seguir con otras estatales como Enap y Coldelco”, dice Humberto Campodónico.
El actual presidente de la petrolera estatal refiere la importancia de que el directorio cuente con un “blindaje”, en el sentido de que tenga protección legal e institucional, no solo política y permita autonomía en la realización de sus actividades. “Petroperú no es una cofradía ni empresa sin dueño”, dice.
Y es que para nadie es secreto que la elección de este puesto tiene un fuerte componente político. Y esto no solo sucede en Perú. En Brasil, por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro, decidió sustituir al presidente ejecutivo de la petrolera estatal Petrobras, Joaquim Silva e Luna, debido a desacuerdos sobre la política de precios de los combustibles.
Para el también expresidente de la empresa estatal, César Gutiérrez, este blindaje al directorio también da seguridad a los accionistas privados de que los directores que designen será de acuerdo ciertos estándares y a su porcentaje de participación. “Estamos hablando de una empresa que no es sencilla, es muy compleja y se ha metido en muchos sectores. Tiene presencia a nivel nacional, se está orientando a que sea verticalmente integrada, pero necesita mucha especialización. Necesita también el input de la gente que conozca el negocio y que conozca sobre el manejo corporativo y empresarial”, dice.
Para Francisco Torres, otro punto a favor de otras empresas estatales como Ecopetrol o Grupo Energía Bogotá (GEB) ha sido la adopción de criterio ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). “Esto no es una mera declaración de buenas intenciones, sino que implica un conjunto de actividades conocimiento y compromisos del cuerpo gerencial y directorio y esto hace que muchos deseos y anhelos políticos se vean soslayados por criterios que son objetivos y que, sobre todo no dependen del gobierno de turno”, dice.
En diciembre pasado, Petroperú asumió la operación del Lote I ubicado en Talara, marcando así su retorno a la producción | Andina
El sueño de la integración vertical
Regresar al negocio de la exploración y explotación es un anhelo de larga data de Petroperú. Después de que esta unidad de negocio fuese privatizada, el 27 de diciembre de 2021 la compañía dio un paso adelante al asumir las operación del Lote I ubicado en Talara, marcando así su retorno a la producción, como parte del fortalecimiento de la empresa que impulsa el gobierno de Pedro Castillo. El Lote I era operado por la empresa UNNA (ex GMP), cuya concesión expiró tras cumplirse 30 años de vigencia del plazo establecido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), para los contratos de exploración y producción de petróleo.
Así como el Lote I, hay muchos lotes cuyas concesiones están cerca de vencer. Por ello, según César Gutiérrez, no se puede discrepar con la idea de la integración vertical de la petrolera estatal. También recordó que los contratos que están por vencerse son el lote 5, el lote 6, el lote 7, y el lote Z-2B en 2023 y el lote 10 en 2024.
“Todos esos lotes aportan cerca de 30.000 barriles diarios a la refinería Talara, de los 95.000 que se necesitan. La pregunta importante que surge es ¿cuánto se necesita invertir? De esa manera veremos, es lo más probable, que necesitamos socios”, dice.
Por su lado, Humberto Campodónico hace énfasis en el Lote 192, el activo petrolero más importante del país ubicado en la Amazonía y donde Petroperú tiene un contrato vigente, suscrito en agosto de 2021, con Altamesa Energy para la inversión conjunta. No obstante, esta asociación quedó en duda cuando el gerente general encargado de Petroperú, Fernando de la Torre, dijo en marzo pasado que ir con un socio en esta operación resultaba “innecesario”. Campodónico discrepa: “En el Lote 192 yo sí pienso que Petroperú debe entrar con un socio”.
Y es que la idea de una petrolera estatal fuera del negocio upstream es inconcebible para algunos, tomando en cuenta que muchas compañías de América Latina se dedican a esta parte de la cadena con o sin la participación de socios privados. Es el caso de Petroecuador, que busca duplicar la producción petrolera en los próximos años. Para lograrlo, el presidente Guillermo Lasso firmó en 2021 el Decreto 95, que establece una nueva política hidrocarburífera que establece delegar a firmas privadas los campos de Petroecuador que actualmente están en producción.
Ya en enero se anunció que Petroecuadorperforará 33 pozos este año, a través de contratos especiales con financiamiento que serán suscritos con los consorcios WayraEnergy, Shaya Ecuador y Shushufindi.
No obstante, no todos coinciden en que el regreso de Petroperú a la explotación y exploración sea una buena idea, incluso si esta incursión incluya un socio. “El hacer upstream con un privado me parece que es pura demagogia. El negocio de exploración lo hacen las empresas extranjeras que negocian contratos con Perupetro, que da las concesiones, pero qué suma que esté Petroperú ahí. ¿Qué va a aportar? ¿Dinero? Hay plata en el mundo. ¿Know how? Cero. Lo único que da son problemas, no va a traer nada a la mesa. Dudo que empresas como BP, Shell o el mismo Ecopetrol quieran asociarse”, dice Enrique Castellanos.
Para Francisco Torres, Petroperú tampoco debería explorar y explotar lotes petroleros. “La empresa está altamente endeudada y hasta que no termine de cumplir con sus obligaciones vinculadas al PMRT, el negocio del upstream le debe ser negado por una simple y sencilla razón: pocas inversiones en el mundo son tan arriesgadas como la exploración y explotación. Incluso el propio Estado peruano, desde los años 90, ha establecido regímenes precisamente para aliviar esa situación de riesgo, como la devolución definitiva del IGV. Que Petroperú se anime a desarrollar una actividad de semejante riesgo sería contraproducente por la contingencia financiera y también por la falta de expertise”, dice.
Y es que la refinería de Talara es una carga pesada y muy costosa para Petroperú, considerando que la inversión ejecutada para el proyecto bordea los US$ 5.000 millones. “Hay una pregunta que alguien me hizo: ‘¿en qué momento se jodió Petroperú?’ (en referencia a una célebre frase del libro Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa). Pues, en varios momentos: cuando se privatizó una parte importante, pero también cuando se decidió cambiar de la modernización de la refinería de Talara y pasar a la construcción de una nueva”, dice Alejandro Narváez, expresidente de la petrolera estatal entre 2003 y 2005.
Narváez refiere que cuando se inauguró la unidad de destilación primaria en 2004, el objetivo era refinar 95.000 barriles diarios, que es la misma capacidad de procesamientos de la nueva refinería. “Pero eso no sirvió para nada porque se hizo este nuevo proyecto que se llama PRMT, porque precisamente se trata de modernizar la refinería de Talara, no construir una nueva. Alguien rendirá cuentas en el tiempo, la historia se encargará de juzgar esta decisión”, dice.
Enrique Castellanos es más radical. “La refinería de Talara es un punto de no retorno. Ojalá se pudiera retroceder 10 o 15 años en el tiempo y parar ese proyecto. En realidad, creo que sería mejor vender la empresa, no maneja nada crítico ni estratégico, lo único que hace es refinar y distribuir petróleo y todo eso lo puede hacer un privado sin quitar soberanía”, dice.
El camino que le queda por recorrer a Petroperú es duro y difícil. Pensar en una compañía con presencia internacional suena más a una utopía empresarial lejos de concretarse. Por lo pronto, el nuevo presidente y el directorio tienen la urgente misión de devolver la confianza a los tenedores de bonos.
Para ello, a inicios de semana los miembros del directorio sostuvieron una reunión con el contralor de la República, Nelson Shack, para tomar medidas que ayuden a recuperar la credibilidad del gobierno corporativo de la empresa petrolera, mientras encuentran a alguna firma que audite sus estados financieros y llegue a los plazos establecidos por las clasificadoras de riesgo. El tiempo apremia y la compañía no se puede dar el lujo de perder un día más.
