El aporte de 30 millones de euros de la Unión Europea (UE) para contribuir con la seguridad alimentaria en Venezuela, es bien recibida por especialistas quienes reiteran que nuevamente se trata del reconocimiento internacional de las fallas de políticas para proteger a la población venezolana y especialmente a los grupos más golpeados como niños y adultos mayores.
El plan del organismo estima 210 millones de euros para ayudar a cubrir las crecientes necesidades de 15 países en riesgos de hambruna, encabezado por Afganistán, Etiopía y Nigeria. La realidad en Venezuela no es distinta según lo reflejan los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Aunque hubo un leve descenso en los índices de pobreza, hay mayor desigualdad social y crisis educativa en el país. Ocho de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos para adquirir la canasta básica.
María Ponce, investigadora de Encovi, considera que ese programa de ayuda de la UE es muy pertinente, porque la mayoría de la población sigue sin cumplir sus requerimientos en alimentación. Apoyo valioso a los más vulnerables que están a los extremos de la pirámide de la población, tales como niños con desnutrición y efectos en su desarrollo biológico y motor, que no son protegidos por el Plan de Alimentación Escolar (PAE) porque apenas se está reactivando. Además de adultos mayores, quienes solo cuentan con la pensión como ingreso y ni siquiera les alcanza para cubrir sus necesidades en salud.
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