Los controles de precios y la represión financiera están provocando una situación crítica en materia de abastecimiento. La dictadura se niega a levantar los controles, y aplica un estricto racionamiento de alimentos que sume a la población en la miseria.
La crisis económica en Cuba alcanza las proporciones más violentas desde el “período especial” de la década de 1990, donde lo único “especial” fue que murieron miles de personas de hambre. Ahora, la dictadura comunista respondió al estallido inflacionario recrudeciendo todos los controles de precios y salarios vigentes, generando la crisis de desabastecimiento generalizado más grande en 30 años.
La escasez impactó principalmente en alimentos, y ahora Cuba atraviesa también una verdadera crisis alimentaria, que esparce el hambre a lo largo y ancho de la isla. La inflación “oficial” sobre los precios celosamente regulados por el régimen sigue subiendo sin pausa y ya alcanzó el 44,5% interanual en febrero, con un ritmo de aumento mensual de entre el 2% y el 3%.
El régimen impuso fuertes controles de precios, a punta de pistola, lo que llevó a la proliferación de mercados negros, donde sin cepo ya tienen subas anual a razón del 100%, de acuerdo a investigaciones de consultoras privadas.
La dictadura reaccionó al desabastecimiento por medio de un grotesco programa de racionamiento: quedó terminantemente prohibida la distribución de pollo para las personas mayores de 13 años, debiendo los padres que vayan a comprar el plato de carne más común de Cuba demostrar que tienen hijos de ese rango etario.
Esto tampoco quiere decir que las familias con niños que se encuentren por debajo de este umbral podrán comprar todo el pollo que quieran: solo pueden acceder a una ración de un cuarto de kilo de pollo al mes como máximo.
Mientras otros países sufren las crisis con una moderada inflación y una pequeña retracción del PBI y una ligera suba del desempleo, la economía comunista de Cuba lleva a la isla directamente a la Edad Media para poder sobrevivir. ¿Para qué tener industrias estatales, propiedad colectiva y un gobierno “nacional y popular” si la gente literalmente no tiene para comer?
De esta manera, familias con hijos menores a 13 años, y personas con discapacidades o que deban cumplir con dietas particulares por cuestiones de salud (que puedan demostrarlo y recibir la aprobación del Partido Comunista) recibirán un cuarto de kilo de pollo al mes. Una verdadera revolución.
Para el resto de la población, solo se habilitará la distribución (también acotada y racionada) de diversos productos cárnicos de menor calidad como el picadillo y la mortadela, entre otros. Pero la garantía estatal no significa nada, ya que existen numerosas denuncias por faltantes de productos esenciales como la leche y bienes de higiene personal.
La propia dictadura ya reconoció oficialmente los faltantes de leche en polvo incluso para mujeres embarazadas, por lo que la población debe acudir desesperada al intercambio en el mercado negro pagando precios extorbitantes que no se ven en ninguna parte del “mundo capitalista”, que aumentan a un ritmo mucho más violento de lo que sugieren los indicadores oficiales.
Ya antes de que estallara la crisis alimentaria, Cuba sufre desabastecimiento de combustibles en todo el país. El transporte público y privado se ve completamente paralizado por las largas colas alrededor de las estaciones oficiales de combustible, que en ocasiones pueden demorar días para cargar un litro de nafta.
La situación es tan extrema, que incluso el régimen debió suspender el tradicional desfile por el 1ro de mayo, una fecha extremadamente importante para el calendario comunista establecido como feriado por el castrismo. No hubo manera de movilizar a la población hambrienta en esta “fecha patriota”, además de que el sistema de transporte se encuentra completamente paralizado por la falta de combustible.
Como si esto fuera poco, Cuba ahora sufre también masivos e incesantes apagones eléctricos en todo el país, solo comparables a los que se vivieron cuando cayó la Unión Soviética a fines de los 80s. La interrupción de los servicios de electricidad arrojó un promedio de 5 horas por día, y afectó a todas las provincias de la isla.
Todo esto se produce a pesar de que la empresa estatal que centraliza y monopoliza la operación eléctrica, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), ya dispuso de un aumento tarifario del 133%. Se producen constantes interrupciones de los servicios, pero las facturas que llegan del Estado son cada vez más altas y no pagarlas implican ir a prisión.
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