Durante el confinamiento, en el 56,4% de los hogares al menos una persona dejó de trabajar
Por Yalilé Loaiza
Después de un año y medio de crisis sanitaria mundial, el gobierno ecuatoriano ha realizado un análisis de las pérdidas provocadas por la COVID-19. El detalle se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo que Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, entregó al Congreso del país andino, junto con el proyecto de amplísimas reformas en materia laboral, tributaria, societaria y comercial.
Las cifras oficiales muestran un panorama alarmante. Luego de los meses más intensos de la pandemia, Ecuador tiene 431.000 nuevos pobres y ha perdido 532.359 empleos. Durante el confinamiento, en el 56,4% de los hogares al menos una persona dejó de trabajar.
Lasso gobierna un país que tiene las cifras de desempleo más preocupantes de la última década. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado, donde se gana al menos el salario básico y se trabaja 40 horas a la semana. Los números del subempleo indican que alrededor de 2 millones de personas trabajan en el sector informal.
La economía ecuatoriana, como la mundial, decreció durante la pandemia. El Banco Central del Ecuador ha indicado que el decrecimiento fue del 6,44%. El producto interno bruto (PIB) de Ecuador se contrajo en un 7,5% en 2020. Lo mismo sucedió en otros países de la región como Argentina, que habría experimentado una disminución del PIB de casi un 10% el año pasado.
Según se detalla en el documento oficial, el valor total de la pérdida económica por la crisis sanitaria ascendió a USD 16.381 millones. El sector privado tuvo más pérdidas en comparación con el público. Los empresarios, en 2020, perdieron con un total de USD 12.790 millones, mientras que el sector público sumó pérdidas por USD 3.591 millones. Con este antecedente, el gobierno del Ecuador plantea una reforma que desregula el mercado laboral y permita la contratación temporal de nuevo personal, lo que ha suscitado un intenso debate entre los sectores sindicalistas del país que aseguran que las reformas impulsadas por el régimen ecuatoriano precarizarían el trabajo por horas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el impacto de la pandemia de COVID-19 le costó al mundo el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo en 2020. “La pérdida de empleo entre los jóvenes (de 15 a 24 años) fue del 8,7%, en comparación con el 3,7% de los adultos. Esto pone de relieve el riesgo demasiado real de una generación perdida”, según la OIT. Entre los grupos etarios en donde se fortalece la estructura del trabajo productivo se sienten las afectaciones más importantes porque supondría el debilitamiento del trabajo en aquellos que están más dispuestos a contraer créditos, invertir y consumir.
En términos de la ONU se trataría de un “impacto masivo” provocado, que se estima en casi cuatro veces superior en la pérdida de empleos durante la crisis financiera mundial de 2009, según cifras de la OIT. Las pérdidas dieron como resultado una disminución del 8,3% en los ingresos mundiales, antes de incluir medidas de apoyo, equivalentes a USD 3,7 billones, lo que equivale al 4,4 % del producto interno bruto mundial.
En Ecuador las cifras de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica se incrementaron de 4,3 a 5,7 millones, lo que representa el 69% de la Población Económicamente Activa, que bordea los 8,2 millones de personas, o el 53% de los electores de los últimos comicios presidenciales, que bordean los 10,8 millones de ecuatorianos. Estas cifras, entre personas en capacidad de emplearse y de ejercer el voto, podrían representar la prioridad para el Gobierno Nacional.
Además, de acuerdo con el análisis gubernamental, 1,1 millones de personas pasaron a pertenecer al grupo de pobreza extrema por ingresos, llegando a un total de 2,6 millones. La pandemia dejó más de 431 mil nuevos pobres y más de 196 mil nuevos pobres extremos.
La última semana, el presidente Guillermo Lasso dijo, en cadena nacional, que su gobierno busca reconstruir la economía del país, para ello presentó un proyecto de ley con varias reformas arancelarias y laborales. El cumplimiento exitoso del plan de vacunación ha sido también uno de los puntales para la reactivación económica. Actualmente, el país tiene 9.8 millones de ciudadanos vacunados con el esquema completo anticovid.
