Juan Carlos Chourio es sobrino de Jesús Rafael Suárez Chourio ex comandante general del Chavismo período (2007-2019).
Es enorme el volumen de casos de crímenes financieros (lavado de dinero, fraude, pago de sobornos y cualquier otro tipo de operaciones ilícitas) que implican a venezolanos conectados con el régimen de Nicolás Maduro.
En un informe realizado por la organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington DC, se destaca la conexión que existe entre la corrupción y el negocio de importación de alimentos en Venezuela, y cómo este tocó el sistema financiero norteamericano desde 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez inició su primer programa para distribuir combos alimentarios con productos de la cesta básica.
Casi de inmediato, las operaciones en Estados Unidos de compra de alimentos coordinada a través de Bariven, una subsidiaria de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de la corporación, comenzaron a mostrar más posturas de malos manejos.
En una demanda judicial a mediados del 2008, los dueños de una firma de Miami denunciaron que el gobierno venezolano les canceló un contrato multimillonario, después de que se negaron a pagar un supuesto soborno de $2 millones.
Los propietarios de la firma exportadora de alimentos Dexton Validsa Inc, que habían firmado un contrato de $195 millones con Bariven para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada para el programa alimentario de Chávez, recibieron una propuesta de un enviado de la petrolera: si no pagaban $2 millones en efectivo como comisión, los contratos serían cancelados. El portavoz de la propuesta ilegal resultó ser Juan Carlos Chourio, sobrino del general Jesús Suárez Chourio, en ese momento jefe de la Casa Militar del presidente Chávez y en la actualidad Comandante General del Ejército en Venezuela.
La investigación se inició debido a las actividades financieras de varias empresas en Estados Unidos que actuaron como proveedores para programas alimenticios financiados por el gobierno venezolano. También debido a reportes sobre las irregularidades masivas que se produjeron en estos programas desde el año 2008.
