La Fiscalía del Distrito de Nueva York y la sección de Fraude y División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han descubierto nuevos hechos de corrupción que se originaron en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador.
El juicio, ya radicado en una Corte Federal el Estado de Nueva York, ha puesto en evidencia el pago de sobornos en un contrato que Petroecuador firmó con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI) para la compra de asfalto por un valor de $23,5 millones.
Según la acusación de Estados Unidos entre 2010 y 2021, Nilsen Arias Sandoval – que fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y que además ya se declaró culpable de recibir sobornos en los contratos de deuda externa con Petrochina- participó en un esquema internacional de sobornos con la empresa Sargeant Marine Inc. (SMI). Añade la acusación que Arias, a cambio de utilizar su cargo oficial e influencia, con el fin de ayudar a dicha empresas a obtener ventajas indebidas, fue beneficiado junto a otros con una comisión de dos dólares por barril, según Periodismo de Investigación.
La denunciada Sargeant Marine tiene acuerdos con la también investigada Vitol, acusada de haber entregado sobornos a funcionarios de Petroecuador.
Petroecuador registra en agosto de 2014 una adjudicación internacional a la compañía Global Asphalt Logistics and Trading Sagl, para el suministro de asfalto AC-20, con un volumen de 225.000 barriles a ser entregados en un solo cargamento.
Global Asphalt Logistics and Trading Sagl es el brazo comercial de Sargeant Marine Inc. En Petroecuador los encargados de presentar la oferta a nombre de Global Asphalt fueron el británico Paul John Blundell, el estadounidense Daniel Sargean y el venezolano José Tomás Meneses Petrocelli, este último coincide con las características mencionadas en la acusación de Estados Unidos, sobre un “empleado de SMI”, que junto con otros, participó en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucraba el pago de sobornos a Arias”.
Para justificar el pago de sobornos el 1 de julio de 2014, una filial de SMI celebró un acuerdo de consultoría simulado con una empresa ficticia, controlada por el Intermediario #1 y el Intermediario #2. De conformidad con el acuerdo simulado, el Intermediario #1 posteriormente presentó facturas simuladas a la afiliada de SMI para el pago de aproximadamente $471,881. Después de que el Intermediario #1 recibió el pago de las facturas falsas de la afiliada de SMI, transfirió una parte del dinero a una o más cuentas bancarias controladas por Nilsen Arias Sandoval.
La notificación sobre la adjudicación del suministro de asfalto a Roberto Finocchi y José Meneses de Global Asphalt fue firmada por Marco Calvopiña, entonces gerente general de Petroecuador. En la negociación también intervinieron Santiago Palacios de la Gerencia de Comercio Internacional (Comercialización de Productos Derivados), Nilsen Arias, Celsa Rojas, Zonnia Martínez, Paola Coba y Andrés Racines, todos de Comercio Internacional.
La Gerencia de Comercio Internacional adujo que era necesario importar asfalto debido al paro obligado de la refinería Esmeraldas en 2014, que entonces se encontraba en los millonarios procesos de corrupción debido a la supuesta repotenciación. De las empresas invitadas por Petroecuador, 13 presentaron excusas y solo Global Asphalt Logistics and Trading Sagl presentó su oferta.
Por la importación de asfalto Petroecuador pagó $ 23.555.250,00 a Global Asphalt Logistics.
La acusación de Estados Unidos en contra de SMI señala que “en 2014, SMI, a través de algunos de sus empleados y agentes, para asegurar una ventaja indebida para obtener y mantener negocios con Petroecuador y a sabiendas y deliberadamente conspiró y acordó con otros para ofrecer y pagar sobornos de manera corrupta a, y en beneficio de funcionarios de Petroecuador para obtener ventajas indebidas en la obtención de lucrativos contratos con la estatal ecuatoriana”.
Para facilitar el esquema de soborno y ocultar la verdadera naturaleza de los pagos de sobornos, SMI y sus cómplices simularon contratos de consultorías, crearon facturas falsas e hicieron pagos a cuentas bancarias en los Estados Unidos.
SMI acordó pagar una “comisión” de $2 a funcionarios de Petroecuador si ganaba el contrato.
